El conflicto laboral que afecta al buque pesquero Tai-an, propiedad de la empresa Prodesur SA, pone en evidencia una situación crítica: meses de salarios impagos y la falta de aportes a la obra social, al sindicato y a la AFIP han dejado a los marineros en un estado de profunda vulnerabilidad. La inacción de la empresa forzó a los trabajadores a cesar sus actividades como medida de protesta legítima.
Lejos de intervenir en defensa de los derechos laborales, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, obligando a los tripulantes a retomar tareas sin que se haya resuelto el fondo del conflicto. La decisión fue acatada por el Secretario de Pesca, Juan Navarro, pese a que Prodesur acumula más de un año y medio de incumplimientos sostenidos.
La medida genera fuerte malestar entre los trabajadores, quienes denuncian que la conciliación beneficia a la empresa y posterga indefinidamente la resolución de sus reclamos. Desde el sector advierten que esta situación sienta un precedente peligroso, al otorgar impunidad a firmas que violan derechos laborales con total impunidad.
La falta de acción concreta por parte de las autoridades es interpretada por algunos gremios como una traición a los trabajadores marítimos, que ven desdibujado el rol del Estado como garante del cumplimiento del marco laborales.
