En Mar del Plata se ha desatado una escalada en la crisis pesquera de notable gravedad institucional y de profundo alcance en los planos laboral y social. El conflicto tiene como eje las crecientes tensiones entre los sindicatos que representan a la marinería, SOMU y SIMAPE, y un conjunto de empresas pesqueras locales que, actuando presuntamente en sintonía con las orientaciones de las cámaras empresariales CAPIP y CAPECA seguida por CEPA, habrían impulsado una iniciativa que los gremios no han dudado en calificar como “inaceptable y reñida con los principios elementales del derecho laboral y las buenas prácticas de convivencia”. La situación ha encendido las alarmas en un sector históricamente atravesado por frágiles equilibrios, donde cada gesto institucional adquiere dimensiones de profundo significado.
La controversia se originó en el proceder empresarial de convocar en forma privada e individualizada a tripulantes, con el fin de inducirlos a la firma de acuerdos de carácter extragremial, es decir, por fuera del convenio colectivo de trabajo vigente, en un marco que los sindicatos denunciaron como contrario no solo a la legalidad vigente sino también a la ética más elemental que debe regir las relaciones laborales.
“Nos encontramos con que las empresas convocaron a la gente para persuadirlos de firmar contratos entre partes individuales. Los trabajadores tienen que saber que no hay nada legal que firmar. Lo único legal es lo que firmaron las entidades sindicales”, advirtió Oscar Bravo, dirigente del SOMU, con el rostro ensombrecido por la indignación y el gesto adusto de quien defiende, con fervor la dignidad del trabajador.
En igual tono, aunque con matices propios y vehemencia, el secretario general del SIMAPE, Pablo Trueba, manifestó que “el acuerdo salarial ya fue firmado la semana pasada y ratificado el lunes en la sede de la Secretaria de Trabajo, con aumentos sobre los básicos y la garantía de no menoscabar el nivel salarial de los trabajadores. La paritaria fue cerrada, se levantaron las medidas de fuerza y los barcos de la flota congeladora deberían estar trabajando. No hay motivo para dilatar las zarpadas ni para intentar imponer condiciones unilaterales y mucho menos por fuera de los gremios”, sentenció, dejando tras sus palabras la estela de su férrea convicción.
La confluencia de estas posturas sindicales —habitualmente divergentes en sus métodos— ha dado lugar a una inédita unidad de acción, catalizada por el malestar ante lo que perciben como una ofensiva empresarial de carácter regresivo. Así, los ánimos se han caldeado hasta alcanzar una temperatura política y gremial que no se recordaba en la ciudad desde hace ya varios años.
Este estado de efervescencia, que pone de manifiesto la fragilidad del equilibrio institucional entre capital y trabajo, plantea interrogantes de fondo sobre el rumbo que tomará la relación entre las partes involucradas, y presagia un escenario de conflictividad creciente si no se encauza, con prontitud y sensatez, un diálogo auténticamente paritario y respetuoso de las conquistas laborales que la historia y la lucha obrera han logrado consolidar.
Respecto a versiones que circulan en Puerto Madryn sobre un supuesto acuerdo a la baja firmado por Mar del Plata, Trueba aclaró: “Se dijo en Puerto Madryn que Mar del Plata había firmado a la baja y eso no es así. Que dejen de decir cosas que no corresponden. Los marineros estamos firmes, necesitamos salir a trabajar pero no es lógico que nos bajen el salario. Se están hablando de números para confundir”.
Trueba responsabilizó a las empresas Solimeno, Moscuzza, Valastro e Iberconsa por el intento de romper la paz social. “Si algo sucede en el puerto de Mar del Plata, los culpables son ellos. Que salgan de la madriguera y vengan a poner la cara. Estamos cansados de esta situación”, expresó sin reparo.
“Nos vamos a convocar nuevamente . Vamos a seguir con este reclamo, nos amparamos en nuestro CCT, en nuestras leyes. Están queriendo violar esto, violando la paz social haciendo acuerdos que no corresponden. Si los barcos no salen, los responsables son ellos”, advirtió Damián Basail, que formó un tridente junto a Bravo y Trueba en defensa de los intereses de sus afiliados en una improvisada manifestación frente a sus afiliados y la prensa local en inmediaciones de la TC2 del puerto local.
Los sindicatos aseguran que las empresas entregaron documentos sin membrete ni firma formal, buscando, según denuncian, “confundir a los marineros con cifras y contratos apócrifos”.
En una denuncia conjunta, SOMU y SIMAPE repudiaron “enfáticamente” la conducta adoptada por las empresas, a las que acusaron de “pretender, de modo inmoral, abusar del estado de necesidad del trabajador, situación causada por decisión de ustedes, las empresas, de forma ilegítima e ilícita, de negarse sistemáticamente a cumplir con las normas convencionales vigentes”.
Ambos gremios intimaron a las empresas a cumplir íntegramente con el CCT y otorgar tareas efectivas a los trabajadores “sin menoscabo alguno de sus derechos”, disponiendo la operatividad de la flota congeladora dentro de un plazo de 48 horas.
Además de la tensión gremial, trascendió que en Puerto Madryn se presentaron exposiciones policiales por amenazas recibidas por marineros. En al menos un caso se denunció que un trabajador recibió un mensaje con una fotografía de un arma de fuego y una advertencia: “Más vale que no firmes mañana, porque no pisás más Madryn, acordate. Te conviene, porque no vas a poder bajar del barco, hay una bala para vos”.
Naturalmente, la totalidad del espectro político, empresarial, sindical y mediático de la provincia no ha tardado en manifestar su más enérgico repudio a expresiones de violencia explícita, revestidas en muchos casos de una retórica beligerante y carente de mesura, que han contribuido a tensar aún más el clima ya de por sí inflamado, en el que la racionalidad cede paso a la estridencia, y el disenso legítimo amenaza con devenir en antagonismos irreconciliables entre trabajadores.
Desde los sindicatos y entre los propios marineros comenzó a circular un mensaje convocando a registrar y grabar cualquier instancia de presión o amenaza para firmar acuerdos por fuera del convenio: “Nos quieren hacer creer que lo ilegal es legal. La dignidad del trabajador no se entrega”, sostienen.
El conflicto que enfrenta a las organizaciones sindicales y al sector empresarial persiste en un estado de irresolución, alimentado por la inflexibilidad de ambas partes, cuyas posiciones encuentran sustento en argumentos jurídicos de entidad y en razones de honda legitimidad sectorial. No obstante, desde una perspectiva estrictamente normativa, resulta imperioso señalar que ni en la jurisprudencia consolidada del derecho laboral argentino, ni en el plexo de convenios internacionales ratificados por la República Argentina ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se contempla la posibilidad de homologación, por parte del Ministerio de Trabajo, de acuerdos celebrados en forma individual o particular que impliquen una merma en los derechos consagrados en los Convenios Colectivos de Trabajo vigentes. Tal práctica contravendría de manera palmaria el principio de progresividad de los derechos laborales, de jerarquía constitucional, así como el orden público laboral que impide pactar condiciones inferiores a las establecidas en la negociación colectiva debidamente homologada.
Mientras los gremios advierten sobre prácticas ilegales y presiones indebidas, las empresas insisten en avanzar con propuestas que consideran viables. La incertidumbre sobre el futuro de la temporada pesquera persiste, y la expectativa está puesta en una pronta resolución que garantice tanto el respeto a los derechos laborales como la reactivación de la actividad en un marco de rentabilidad para el sector empresario.
En un contexto marcado por un frágil equilibrio y una escalada de tensiones sin precedentes en los últimos años, se han convocado para hoy manifestaciones en las empresas implicadas. Entretanto, en medio de este clima de desorden e incertidumbre, ciertos actores parecen estar obteniendo rédito de esta indeseable situación.
