El Gobierno continúa con su plan de reformas y reorganización del Estado, avanzando con la disolución de un nuevo ente estatal: la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
Tiene como objetivo simplificar la estructura administrativa del país, mejorar la eficiencia y reducir costos innecesarios, según manifestaron desde el oficialismo.
El Proyecto de Decreto, emitido a través del Poder Ejecutivo Nacional, pondrá fin a la existencia de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y dará paso a la creación de un nuevo organismo: la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). La disolución de la Subsecretaría, que actúa como autoridad de aplicación de la ley 24.093, busca resolver la duplicación de funciones y recursos entre los entes involucrados, tales como la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal y la misma Subsecretaría.
Según los fundamentos del proyecto de decreto, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la Administración General de Puertos operan de manera paralela, con funciones que en muchos casos se solapan. Esto genera una ineficiencia en la gestión y un uso redundante de recursos públicos. Además, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables recurre a los servicios técnicos de la AGP para cumplir con sus objetivos, lo que acentúa la necesidad de una reorganización estructural.
El informe técnico de la Subsecretaría concluyó que sería más eficiente crear una sola autoridad portuaria nacional con capacidades amplias y centralizadas, fusionando las funciones de ambos entes y eliminando la burocracia innecesaria. Esta nueva agencia tendría como objetivo mejorar la competitividad del país, reducir los costos logísticos vinculados al comercio exterior y coordinar la infraestructura de transporte con el sector privado.
La disolución de la Subsecretaría también tiene implicancias para la operación de la Vía Navegable Troncal, un sistema estratégico que conecta el río Paraná con el Río de la Plata, por donde transita el 70% del comercio exterior del país. En este contexto, el Gobierno ha lanzado licitaciones para que un operador privado se encargue del mantenimiento de la misma, una medida que refleja la decisión de deshacerse de la administración estatal directa sobre la vía navegable.
La creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) será el principal cambio estructural tras la disolución de la Subsecretaría. El nuevo ente se convertirá en la única autoridad portuaria nacional encargada de regular y desarrollar las políticas y acciones relacionadas con los puertos y las vías navegables del país.
Este nuevo organismo tendrá una estructura más ágil y con mayor capacidad para coordinar proyectos de infraestructura, trabajar en la integración con el sector privado y garantizar la eficiencia operativa del sistema portuario nacional. De esta manera, se espera que la ANPyN logre una administración más eficiente de los recursos, eliminando las duplicidades y asegurando que la gestión de puertos y vías navegables se lleve a cabo de manera centralizada.
La disolución de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables formara parte de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei con el fin de mejorar la eficiencia del Estado. Desde el comienzo de su mandato, el presidente ha buscado reestructurar el aparato estatal, eliminando organismos que considera innecesarios y buscando que los recursos públicos se dirijan a los sectores que más lo necesitan.
El Proyecto de Decreto, fechado el 23 de diciembre de 2024 y difundido el sábado pasado, también se enmarca en el contexto de la emergencia pública administrativa declarada en el país, que habilita al Ejecutivo a reorganizar y disolver organismos que resulten ineficaces. En este sentido, el proyecto establece que los activos, recursos y funciones de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y de la AGP SAU serán transferidos a la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que actuará como autoridad única en materia de puertos y vías navegables.
El anuncio ha generado diversas reacciones en el sector político y empresarial. Desde la oposición, algunos sectores han expresado su preocupación por la centralización de la gestión portuaria y la posible falta de control en la operación de los puertos. Sin embargo, desde el Gobierno se destaca que esta reforma busca optimizar el uso de los recursos y garantizar un sistema más eficiente y competitivo en el ámbito portuario y fluvial.
Se espera que la implementación del nuevo sistema traiga consigo una mayor transparencia en la gestión pública y un entorno favorable para la inversión privada, elementos clave para el desarrollo y modernización del sector.
