El sector pesquero español cree que la Unión Europea debe decidir si quiere seguir pescando con una flota propia o dejar que sean abastecidos por terceros.
La Confederación Española de Pesca (CEDEPESCA), cree que la Unión Europea deberá decidir en su nuevo ciclo político –tras las elecciones próximos del 9 de junio- si quiere disponer de una flota pesquera propia o bien dejar en manos de otros el abastecimiento de pescados y mariscos para los ciudadanos europeos, lo que implicaría renunciar a su soberanía alimentaria sobre los productos del mar.
El sector español de la pesca se declaró “acorralado” por las determinaciones que adoptaron los políticos europeos a lo largo de los últimos cinco años, por lo que realizarán una ronda de contactos con los diferentes sectores políticos que compulsarán en las elecciones europeas dentro de un mes, a quienes se le es trasladará la inquietud y se les presentarán propuestas y demandas para ofrecer colaboración en lo que será una nueva conformación de la Legislatura europea.
A decir del sector pesquero ibérico, los futuros representantes en el Parlamente Europeo tendrán que asumir una importante responsabilidad dada la necesidad de que la Unión Europea tiene que definir su posición y su futro como proyecto en un entorno geopolítico como el actual, marcado por la inestabilidad y las incógnitas, adoptando medidas decisivas en ámbitos estratégicos como la energía, defensa y alimentación.
Hoy en día la flota española genera el 20% de la producción pesquera total de la Unión Europea y es líder en volumen (765.237,5 toneladas de pescados y mariscos capturados en 2023) y en facturación global, la que alcanzó 1.790,29 millones de euros el año pasado, con un valor agregado de 10.000 millones de euros, más importaciones por 1,56 millones de toneladas y 1,08 millones de toneladas de exportaciones.
“Los alimentos acuáticos ofrecen un increíble potencial para mejorar la nutrición por su alto valor nutricional y abordar dificultades en materia de seguridad alimentaria. Respaldan estas expectativas su inmensa diversidad biológica, la mayor eficiencia de sus sistemas de producción, su huella ecológica más baja y menores emisiones de gases de efecto invernadero en cooperación con los sistemas de producción animal en tierra”, es lo que le trasladarán al sector político, destacando que se sienten presionados y “arrinconados” por la “obsesión verde” europea sobre la Transformación Azul, una visión de la FAO.
Los españoles consideran que la Política Pesquera Común necesita una revisión minuciosa y con una mirada profesional que sea capaza de reequilibrar sus objetivos y reforzar las dimensiones socioeconómicas y de seguridad alimentaria, garantizando a su vez que los pescadores europeos sigan siendo competitivos a nivel internacional, revisando las políticas pesqueras y eliminando la burocracia.
Para ello pretenden tener un Comisario de Pesca que esté desvinculado de las competencias de medioambiente y la estructura de la Comisión Europea, con un vicepresidente ejecutivo con soberanía alimentaria.
“A este respecto, el sector llamará la atención de los políticos sobre la necesidad de aplicar cláusulas espejo a las importaciones para evitar lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el ‘lento e imparable retroceso’ de la flota atunera europea (Francia y España) frente a flotas terceras, como las asiáticas, en zonas geográficas como el Océano Índico. Además, apunta el sector, se da la circunstancia de que estas flotas exportan posteriormente sus productos al mercado europeo aun sin cumplir los estándares medioambientales, sanitarios y sociales exigidos a la flota europea. Por ello, los pescadores solicitan crear una euro-etiqueta para los productos pesqueros. Cabe recordar que sólo el año pasado la UE importó 35.000 toneladas de lomos de atún acogidos a los contingentes arancelarios autónomos, de los cuales, 23.752 toneladas entraron en España exentas de aranceles procedentes, en un 98,96%, de países asiáticos”, sostienen desde CEDEPESCA.
La pretensión es volver a confiar en los datos científicos frente a lo que consideran la “brujería medioambiental extrema que parece haber hechizado a buena parte de los parlamentarios europeos y a la Comisión Europea, dadas las auto imposiciones de cierres de zonas a la actividad pesquera sin ningún basamento científico para hacer y sin una análisis minucioso sobre el impacto socioeconómico para sus pescadores.
