El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn recibió una denuncia el jueves por la mañana de parte de un ejecutivo de una empresa pesquera. El denunciante afirmó que fue objeto de un ataque mientras se dirigía al parque industrial pesquero de la ciudad chubutense. Durante el incidente, también recibió amenazas de muerte explícitas.
El suceso tuvo lugar durante el paro nacional convocado por la CGT, que incluyó bloqueos parciales cerca de las plantas de procesamiento de pescado en Madryn. Sebastián de Haro, gerente de La Escalerona S.A., describió ante la Fiscalía cómo un grupo de unas 80 personas, con chalecos identificatorios del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia STIA, bloquearon su paso y lo incriminaron verbalmente. Además, dañaron su vehículo y lo amenazaron.
Esta no es la primera vez que ocurren incidentes violentos en la industria pesquera. En el pasado, se han registrado agresiones durante protestas sindicales, como en febrero pasado, cuando manifestantes ingresaron a una pesquera amenazando a empleados. La Justicia ha tomado medidas al respecto, procesando a los responsables y dictando órdenes de restricción.
Es importante destacar que la violencia en las protestas no debe ser tolerada ni considerada como parte del ejercicio legítimo del derecho a manifestarse. Las acciones violentas, la intimidación y los daños materiales son delitos tipificados en la ley.
Organizaciones empresariales han condenado estos actos y han pedido una intervención firme de las autoridades para detener este comportamiento extorsivo y violento. También han señalado que estos incidentes se han vuelto demasiado frecuentes en la ciudad, y urgen a tomar medidas para proteger tanto a los trabajadores como a las empresas afectadas.
CAPIP, expresó el sentir de un sector que aprecia las discusiones salariales como mecanismo para encontrar el punto de equilibrio entre las partes representadas en la discusión respetuosa de los CCT, pero esto va por fuera de todo raciocinio. Ante lo sucedido, desde la Cámara emitieron un comunicado repudiando los conflictivos y oscuros hechos, solicitando la intervención de las autoridades provinciales para terminar con este “accionar extorsivo, amenazante y violento «, cerrando la misiva diciendo «a todo esto decimos basta «.
En conclusión, es crucial poner fin a estas prácticas ilegales y violentas, que perjudican tanto a la industria como a la sociedad en su conjunto. Las negociaciones laborales deben resolverse de manera pacífica y dentro del marco legal, sin recurrir a la violencia ni a la intimidación.
