En el encuentro, realizado este lunes en el recinto de sesiones, se abordaron las dificultades que afectan tanto a la captura como al reproceso del pescado fresco, actividades esenciales para la economía regional.
La presidente del Concejo, Marina Sánchez Herrero, destacó la necesidad de un diagnóstico preciso para generar propuestas concretas que puedan elevarse a las autoridades competentes. «El objetivo es aportar ideas que permitan mitigar las consecuencias que enfrenta el sector», subrayó.
El evento reunió a referentes del sector armatorial, entre ellos miembros de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, quienes exhibieron una bandera de luto en símbolo del difícil contexto. También estuvieron presentes Ayelén Fortunato, de CAPEAR ALFA; Mariano González, en representación de UDIPA y CAFREXPORT, junto con el empresario Fernando Mellino, referente del sector; y Diego García Luchetti, presidente de la Cámara de Armadores.
Asimismo, participaron figuras de la industria naval como Domingo Contessi y representantes de organismos clave como SENASA, INIDEP, Prefectura Naval Argentina y el Consorcio Portuario Regional. La convocatoria también incluyó dirigentes sindicales de SAON, SIMAPE, SOMU, SUPA y el Centro de Patrones, además de representantes de empresas de servicios de estiba.
Falta de representación clave y un futuro incierto
Pese a la amplia participación, la reunión se vio marcada por la ausencia significativa de Cristina Ledesma, una de las principales voces del sector industrial de la ciudad en materia gremial.
Durante las exposiciones, se evidenció la preocupante situación de la flota fresquera, que » enfrenta una pérdida entre el 20% y el 30% en cada marea «, según lo expuesto, impactando directamente en los salarios de los tripulantes. González destacó que las exportaciones de pescado entero superan el 80% de las ventas totales, lo que reduce el valor agregado. Propuso la eliminación del aporte al Fondo de Promoción Turística y denunció que «con cada tonelada de filet de merluza exportada se pierden 150 dólares».
Por su parte, Fortunato señaló la necesidad de agilizar los trámites administrativos ante Prefectura y SENASA, ya que las demoras generan pérdidas significativas y obstaculizan la dinámica pesquera. Además, propuso una reducción del 70% en el DUE (Derecho Único de Extracción) para la flota fresquera y solicitó la revisión de los planes de manejo de langostino y condrictios, debido a las sanciones confiscatorias impuestas por Nación y Provincia.
Desde la Cámara de la Industria Naval, su presidenta, Florencia Garrido, respaldó los reclamos del sector y advirtió sobre la paralización del proceso de renovación de la flota. Destacó la necesidad de contar con empresas rentables para sostener la actividad.
La postura sindical y el impacto laboral
A pesar de su presencia, los representantes gremiales no integraron la mesa central de discusión. Representante gremiales nucleados afirmaron, aunque la situación es crítica, «ninguna cámara empresarial ha solicitado formalmente una reducción salarial», aunque manifestaron que «la variable de ajuste siempre son los trabajadores».
Carlos Mezzamico, del SUPA, alertó sobre la inactividad de la flota, con una veintena de barcos paralizados y sus consecuentes implicancias laborales. «El problema es político. La pesca está abandonada», advirtió con preocupación.
Por su parte, los dirigentes del SAON lamentaron la retracción de la actividad y su impacto en el mantenimiento de los buques. «A futuro, lo primero que se corta es el mantenimiento de los buques, algo que ya se nota en los muelles», señalaron.
Oportunamente, ante la gravedad de la crisis, el senador nacional Maximiliano Abad -único orador que llevó adelante la reunión de ayer- recibió a representantes del sector pesquero en el Senado de la Nación. Durante la reunión, el legislador enfatizó la necesidad de declarar la emergencia del sector fresquero. «Está en riesgo su subsistencia y esto nos afecta a todos», alertó.
En el encuentro participaron referentes de UDIPA, la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera y Cafrexport. Se discutieron cuestiones clave como la crisis de la flota fresquera, la carga impositiva sobre el gasoil, los derechos de exportación y el sistema de control sobre especies como la raya y el abadejo.
Abad subrayó la importancia de impulsar políticas de estímulo y reducción de impuestos para garantizar la competitividad del sector. «Es esencial tratar a los puertos de Mar del Plata y otras localidades como economías regionales para potenciar su desarrollo», destacó. En un año electoral, la pesca emerge como un factor clave en las estrategias políticas.
El senador se comprometió a trasladar estos reclamos al Gobierno Nacional con el objetivo de proteger el empleo, fortalecer la industria y garantizar la sustentabilidad de la actividad pesquera.
La industria pesquera en Mar del Plata atraviesa un proceso de reconfiguración estructural tras años de volatilidad extrema en las variables económicas que impactaron en sus costos y rentabilidad. Actualmente, con un contexto de mayor estabilidad, los ciclos económicos han adoptado una dinámica contractiva, lo que supone desafíos significativos para la sostenibilidad operativa del sector. La necesidad de ajustar costos en un entorno de precios de exportación en declive ha intensificado la búsqueda de un equilibrio que garantice la competitividad.
En períodos anteriores, las fluctuaciones del modelo económico permitían compensar los desajustes financieros mediante el efecto devaluatorio, que otorgaba un respiro temporal a la rentabilidad del sector. Sin embargo, en el escenario actual, caracterizado por una inflación en marcada desaceleración y un tipo de cambio relativamente estable, se han desvanecido las ganancias extraordinarias generadas por la acumulación de stock y los rendimientos financieros, elementos que históricamente atenuaban el impacto de la caída en la rentabilidad operativa.
En este contexto, las reuniones sectoriales cobran especial relevancia al constituir un espacio de exposición y análisis de la problemática que atraviesa la actividad pesquera. No obstante, la estrategia gubernamental se orienta hacia la promoción de una mayor eficiencia en el sector, mientras se evalúan medidas tendientes a atenuar la carga impositiva derivada de los Derechos de Exportación (DEX). Dichas modificaciones, de implementación parcial, segmentada y diferenciada por especie, buscan aliviar en el corto plazo las presiones económicas sobre la industria.
Paralelamente, se trabajó, -como quedó determinado en la Resolución CFP Nro.3/2025 de la semana pasada-, en la reconfiguración del esquema de Derecho Único de Exportación (DUE), con el propósito de establecer un mecanismo más predecible y alineado con la evolución de la moneda de curso legal, eliminando distorsiones generadas por factores ajenos a la actividad pesquera, como el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio y el costo del combustible, un disparate generado por la anterior administración. Este nuevo enfoque procura brindar mayor estabilidad y previsibilidad al sector, facilitando su adaptación a un entorno económico en transformación con sesgo a la estabilidad.
Mientras tanto, los distintos actores del sector buscan soluciones en un contexto económico adverso, la incertidumbre persiste. La intervención del Senado y del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon podría representar un primer paso hacia medidas concretas que permitan revertir esta difícil situación y asegurar el futuro de una de las principales actividades productivas de la ciudad en un marco preelectoral que termina jugando con la necesidad de los actores.
