Mientras el nuevo tratado internacional para proteger la biodiversidad en alta mar comienza a implementarse, un dato pone en dimensión el desafío: en las áreas del océano que están fuera de las jurisdicciones nacionales se capturan alrededor de 11 millones de toneladas de recursos pesqueros por año, principalmente especies altamente migratorias como atunes, peces pelágicos y tiburones.
La cifra surge de una guía publicada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que analiza el impacto del Acuerdo sobre la Biodiversidad en Áreas más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), conocido como tratado de altamar. El documento advierte que, si bien el acuerdo no regula directamente la pesca, sí busca ordenar actividades que hoy se desarrollan en un espacio con controles fragmentados y, en algunos casos, insuficientes.
Según el informe, cerca del 5 % de las capturas realizadas en alta mar no están cubiertas por ningún organismo regional de ordenamiento pesquero, lo que deja zonas con vacíos regulatorios y escasa coordinación internacional. Este escenario explica por qué el tratado apunta a fortalecer la planificación del uso del océano, los controles ambientales y los mecanismos de cooperación entre países.
El nuevo marco incorpora herramientas como evaluaciones de impacto ambiental para actividades que se expandan en aguas internacionales y esquemas de ordenamiento espacial que podrían definir zonas con distintos niveles de protección. Aunque estas medidas no están pensadas específicamente para la pesca, podrían incidir indirectamente sobre las operaciones, sobre todo en regiones donde hoy no existe una autoridad pesquera consolidada.
En este contexto, la FAO plantea que el sector pesquero no puede quedar al margen del proceso. Los organismos de pesca cuentan con experiencia concreta en monitoreo de flotas, control satelital, investigación científica y administración de recursos, capacidades que resultan clave para que las nuevas reglas no queden en declaraciones formales y puedan aplicarse en la práctica.
El documento también advierte sobre un riesgo latente: la superposición de normas y competencias entre el nuevo tratado y los sistemas existentes. Sin una coordinación clara, podrían generarse conflictos regulatorios, demoras administrativas y decisiones desconectadas de la realidad operativa de las flotas.
Detrás del lenguaje técnico, el debate de fondo es político y estratégico. En un océano donde convergen intereses productivos, ambientales, comerciales y geopolíticos, el tratado de altamar empieza a reconfigurar el equilibrio de poder sobre uno de los últimos espacios globales sin soberanía directa.
