La pesquería de langostino en Chubut podría ser —sin exagerar— uno de los pilares más firmes del desarrollo provincial y nacional. Es un recurso de excelencia mundial, altamente demandado, con una cadena de valor capaz de generar empleo genuino, divisas, innovación y arraigo territorial. Bien administrado y con reglas claras entre empresas y gremios, con el aval creador de un entorno favorable, dinámico y ejecutivo en vistas al negocio privado entre privados, sin intromisión por parte del Estado, podría convertirse en un modelo de previsibilidad, crecimiento y estabilidad social.
Sin embargo, los forcejeos permanentes y tensiones de toda índole terminan por enrarecer un escenario que debería ser simple y confiable. Todo funciona con fórceps, cuando lo lógico sería exactamente lo contrario, una industria naturalmente previsible y solo dependiendo del estado del recurso.
En este sentido, apenas decretado el paro, desde la secretaría de pesca provincial, en una arremetida veloz del Dr. Andrés Arbeletche; la secretaria de trabajo dictó conciliación obligatoria y las partes retomaron su labor.
Sin embargo, lejos de consolidarse como un caso testigo de madurez institucional, la actividad se encuentra atrapada en un entramado de intereses cruzados y otras veces casi de perfil infantil—empresariales, sindicales y gubernamentales— que terminan por correr el foco de lo verdaderamente importante que es construir un modelo productivo sustentable, competitivo, confiable y sostenible en el tiempo.
Cuando un sector tiene todo para ser líder global, las reglas del juego deberían ser simples, previsibilidad, diálogo permanente y un marco de acuerdos que trascienda disputas coyunturales. Pero en Chubut, – y en todo el sector pesquero argentino-, ocurre lo contrario se impone lo particular por los intereses comunes. Lamentable.
Aun cuando se diseñan bases de trabajo consensuadas, la actividad queda sometida a tirones permanentes, medidas de fuerza intempestivas, reclamos legítimos mal canalizados y una tendencia crónica a que cada actor defiende su trinchera con más intensidad que el proyecto común. Así es más difícil que lograr una carambola a siete bandas para un neófito billarista.
El resultado es siempre el mismo, incertidumbre. Y la incertidumbre es el peor enemigo de cualquier negociación internacional. Los compradores del exterior —cada vez más exigentes en calidad, logística y cumplimiento— necesitan garantías, no excusas. Requieren la certeza de que un contrato firmado hoy podrá cumplirse mañana, sin quedar a merced de un conflicto interno, un paro inesperado o una puja política de turno que en definitiva, son parte del mismo problema.
En Argentina, a diario se informa el riesgo país —ese diferencial entre la tasa internacional y la implícita de los bonos argentinos—, pero en sectores como la pesca el verdadero riesgo país se cocina en tierra; en la incapacidad de sostener acuerdos, en la fragilidad institucional y en la sensación de que nadie puede asegurar que mañana las condiciones serán las mismas que hoy. Un escenario así exige evolucionar velozmente.
La inestabilidad gremial —que responde a demandas que muchas veces son justificadas— se vuelve problemática cuando se desliga del contexto productivo y se utiliza como herramienta de presión en momentos críticos para la operación. Las empresas, por su parte, tampoco son ajenas a la problemática cuando priorizan disputas internas y presiones sectoriales por encima de una visión estratégica más amplia. El Estado provincial completa la ecuación cuando actúa más como árbitro improvisado que como garante de un modelo productivo a largo plazo.
La consecuencia es un ecosistema donde la previsibilidad se erosiona, y con ella, la confianza interna y externa.
En discursos, la seguridad jurídica es un estandarte. Todos la mencionan como un requisito indispensable para atraer inversiones, profesionalizar la actividad y consolidar empleo. Pero a la hora de sostenerla, pocos actores están dispuestos a hacer el ejercicio que implica ceder poder, evitar maximalismos incongruentes y respetar marcos previamente acordados.
Sin seguridad jurídica —real, no declamada— cualquier intento de planificación a mediano plazo queda reducido a una simple expresión de deseo.
La pesquería de langostino es demasiado valiosa como para quedar rehén de intereses sectoriales. Podría ser una industria modelo, una actividad que marque un antes y un después en la forma en que Argentina administra sus recursos. Podría ser una plataforma de empleo estable, de exportaciones sostenibles, de innovación y competitividad global.
Pero para eso es necesario que el Estado gobierne, que los empresarios asuman su rol productivo y que los sindicatos defiendan derechos sin comprometer el funcionamiento esencial del sector y mucho menos la necesidad de sus trabajadores, pero los propios actores con su esencia, atentan contra su negocio, en definitiva, son todos lo mismo, parte del problema y parte de la eventual solución.
El desafío no es menor, se trata de pasar de una lógica de confrontación permanente a una cultura de acuerdos estratégicos, donde el objetivo final no sea ganar una pulseada, sino construir un futuro compartido, «agrandar la torta«, para que la porción sea mayor y necesariamente con equitatividad y proporcion, en todos comensales.
Porque hay que pregonar y dejar en claro que, la riqueza de un recurso no garantiza por sí sola el desarrollo. El desarrollo surge cuando las instituciones, los trabajadores y las empresas deciden, de manera sostenida, trabajar hacia un horizonte común.
Y, como siempre, es una opinión que puede o no coincidir, por eso se expone al criterio del lector, anticipando que no son cuatro los puntos cardinales como tampoco siete los colores del arco iris, dejando las consideraciones de esta temeraria dinámica a su juicio, y sugiriendo que no la desconozca ni pierda su tiempo…
Buen domingo para todos..!
Por DMC
