La medida adoptada por Federación Sindical Marítima y Fluvial (FE.SI.MA.F.) abre una interrupción operativa de 48 horas que impacta de manera directa sobre la actividad pesquera, al suspender zarpes en una ventana temporal precisa y obligar a reordenar la planificación de mareas, el abastecimiento de plantas y la programación industrial asociada a materia prima perecedera.
Días antes, en el marco del debate que se desarrollaba en el Senado de la Nación, el SICONARA ya había formalizado su postura mediante un comunicado en el que declaró el estado de alerta y movilización, expresando su profundo malestar ante el avance de la nueva Ley de Modernización Laboral.
El alcance para el sector queda definido sin ambigüedades: “Cesará sus actividades aquellos buques pesqueros que tengan su zarpada entre las 00:00 hs del día miércoles 18/02/26 (hoy) hasta las 24:00 hs del jueves 19/02/26”. El mismo comunicado fija el reinicio: “Pudiendo retomar sus tareas a partir de las 00:00 hs del día viernes 20/02/26”. En términos prácticos, esto implica reprogramación forzosa de mareas, descargas y turnos de planta, con costos directos en tiempos y coordinación logística.
Un punto central de la resolución sindical es la exigencia de permanencia de tripulaciones durante la vigencia del paro. La instrucción es categórica: “En todos los casos deberán permanecer con presencia a bordo”. Esta cláusula fija una inmovilidad controlada, preserva seguridad y custodia del buque, y sostiene capacidad de respuesta ante contingencias, aun con la operatoria interrumpida.
La federación gremial dispuso, además, un mecanismo de guardias para atender situaciones excepcionales requeridas por la autoridad marítima, evitando un vacío total de cobertura en áreas críticas. En ese marco, se consigna: “Las empresas designarán la guardia de seguridad que quedará en cada puerto, para asistir alguna eventualidad que la Autoridad marítima requiera”. El diseño ratifica un criterio: se detiene la operatoria habitual, pero se mantiene un umbral mínimo de seguridad.
Asimismo, en una clara prioridad de continuidad a la operativa que los buques venían desarrollando, la entidad menciona: “Aquellos que a las 00:00 hs del miércoles 18/02/26 se encuentren en maniobra de carga o descarga finalizarán la misma por cuestiones de seguridad y luego permanecerán en puerto o fondearán según corresponda”.
Según una fuente local consultada al respecto, en Mar del Plata, los buques que operan con mercadería perecedera —en particular los fresqueros— contarán con un esfuerzo especial del personal de descarga para sostener la operatoria, aunque con demoras e interrupciones cada 5 horas. La intención, precisó, es no interrumpir por completo el aporte al circuito pesquero, manteniendo el trabajo dentro de un marco explícito de respeto hacia la actividad y sus condicionantes de tiempo y conservación.
En paralelo al componente operativo, el paro se presenta como una reacción sindical frente al debate de reformas en materia laboral. En un segundo comunicado, los gremios enrolados en la federación afirmaron que la medida busca “defender nuestros derechos laborales, la estabilidad de nuestros puestos de trabajo y la dignidad de la familia marítima frente a iniciativas que buscan precarizar nuestra actividad”. En ese mismo marco, señalaron que “está en discusión una reforma laboral que pretende excluir al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo”, y sostuvieron: “Quieren dejarnos afuera de la protección laboral básica”, algo que los gremios federados no están dispuestos a claudicar.
La federación advierte, además, que la discusión no sería meramente técnica, sino que afectaría principios jurídicos protectores y condiciones básicas del trabajo embarcado. “Esto no es modernización. No es adecuación de la actividad marítima. Es un recorte de derechos”, expresa el documento, y agrega que se pondrían en riesgo garantías vinculadas a licencias, maternidad y protección frente a abusos. En este eje, la idea fuerza es nítida: la protesta se enmarca en una disputa por el estatuto jurídico del trabajo embarcado.
La estructura que respalda la medida incluye organizaciones centrales del trabajo marítimo: Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Centro de Patrones, Centro de Capitanes de Ultramar, Asociación de Capitanes y Baqueanos, Maquinistas Navales, Electricistas Navales, Radiocomunicaciones y Comisarios Navales, y Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA). La composición explica la capacidad de impacto sobre segmentos críticos de la actividad y, en particular, sobre la pesca en su etapa de salida a marea.
Para el sector pesquero, el impacto se concentra en la restricción de zarpes dentro del tramo horario establecido y en el reordenamiento de la secuencia productiva asociada: disponibilidad de materia prima, planificación de turnos, logística de frío, tiempos de descarga y cumplimiento de compromisos comerciales. Aun con el reinicio previsto para el viernes 20, el costo de la interrupción se mide en tiempo operativo perdido y en la incertidumbre sobre la recomposición del ritmo normal.
La federación cerró su posicionamiento con una exigencia explícita dirigida al ámbito legislativo: “No aceptamos que se retroceda en derechos conquistados. Exigimos que el Congreso dé marcha atrás y mantenga al personal embarcado bajo la protección de la Ley de Contrato de Trabajo”. Con ese marco, la actividad pesquera ingresa en una ventana de 48 horas de restricción programada, con zarpes suspendidos, presencia obligatoria de tripulaciones a bordo y guardias mínimas orientadas a seguridad.
