La parálisis absoluta en los muelles, Intercamaras, con nota enviada ayer a última hora, expone una crisis sin precedentes en la industria pesquera argentina. Las utilidades del sector empresarial se las lleva el Estado a través de mayores erogaciones y el costo laboral.
A pesar de que la temporada de pesca de langostino en aguas nacionales quedó oficialmente inaugurada en la jornada de ayer, ninguna embarcación ha abandonado el puerto. El sector, vital para la economía de las provincias costeras y un engranaje clave en la generación de divisas, se encuentra detenido por un entramado de factores que tornan inviable su operatividad: una carga impositiva asfixiante y un marco laboral anacrónico han llevado la actividad al borde del colapso.
La pesca, históricamente un pilar del desarrollo económico nacional, emplea de manera directa a más de 46.000 trabajadores y, en 2024, alcanzó exportaciones por un valor superior a los 1.981 millones de dólares. No obstante, el agravamiento de las condiciones tributarias, sumado a la negativa de modernizar un convenio colectivo de trabajo que no refleja las exigencias actuales de la actividad, ha colocado al sector en una situación insostenible.
En este contexto, la flota tangonera congeladora, principal generadora de divisas dentro de la industria pesquera con exportaciones que superan los 600 millones de dólares anuales, se ve completamente detenida. De los 2.000 millones de dólares que anualmente ingresa la actividad, más del 30% proviene de esta flota, cuya operación se ha tornado económicamente inviable.
El desfase del convenio colectivo de trabajo impide ajustar las condiciones laborales a los desafíos actuales, resultando en costos desproporcionados. Mientras que en mercados internacionales el gasto en tripulación representa un 33% de la producción de un barco por marea, en Argentina esta cifra asciende a un alarmante 60%. A esto se suma el impacto de un esquema tributario cada vez más gravoso, con retenciones elevadas y un reciente incremento en los Derechos Únicos de Extracción (DUE), erosionando aún más la competitividad de las empresas pesqueras nacionales en el mercado global.
«Se ha configurado la tormenta perfecta para el sector pesquero«, advierten empresarios de la industria. «No se trata de un solo problema, sino de la confluencia de factores: precios internacionales en descenso, costos en alza, retenciones, derechos de extracción excesivos y un marco laboral anclado en condiciones del pasado, completamente ajenas a la realidad actual«.
Ante este panorama, las empresas han tomado una decisión drástica: no iniciar la temporada. Operar bajo las condiciones vigentes implicaría hacerlo a pérdida. Las consecuencias de esta determinación afectan a miles de trabajadores, no solo en altamar, sino también en plantas de procesamiento, logística y en toda la cadena de valor pesquera. Según cálculos del sector, por cada dólar pescado, el costo asciende a 1,21 dólares, haciendo inviable cualquier actividad.
Frente a esta emergencia, el sector pesquero reclama una intervención urgente por parte de las autoridades nacionales. «Es imperativo avanzar en la modernización del marco laboral y aliviar la presión fiscal que asfixia a la industria«, sostienen desde la cámara empresarial. «Instamos a un diálogo inmediato con el Gobierno, los representantes sindicales y todos los actores involucrados para destrabar esta crisis. De no hallar una solución, el colapso del sector tendrá consecuencias económicas y sociales irreparables«.