El secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, Jorge A. Frías, ha solicitado una audiencia con carácter de urgencia al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, para abordar la crisis que atraviesa la industria pesquera nacional. La situación, -según Frías, pone en riesgo la estabilidad laboral de aproximadamente 100 mil familias que dependen directamente de la actividad.
En su misiva, el dirigente sindical advierte sobre la falta de respuestas oficiales a los reclamos del sector. A pesar de los reiterados intentos de las cámaras empresariales por dialogar con altos funcionarios del Gobierno, hasta el momento solo han sido recibidos por representantes de segundo y tercer nivel, sin obtener soluciones concretas.
El documento enviado a la Jefatura de Gabinete destaca varios factores que contribuyen a la crisis actual:
Desbalance económico: Las empresas enfrentan una severa crisis financiera debido a la inflación acumulada en 2024 y el atraso cambiario. Mientras sus costos en pesos aumentan, los ingresos en dólares se mantienen al valor oficial, generando un desequilibrio insostenible.
Presión impositiva: El sector denuncia una elevada carga tributaria, que incluye derechos de exportación y retenciones que afectan la rentabilidad de las empresas.
Reducción salarial propuesta: Ante este panorama, las cámaras empresariales han planteado a los gremios una reducción del 30% en los salarios de convenio, trasladando la crisis a los trabajadores.
Impacto del impuesto a las ganancias: Los tripulantes pescadores denuncian una fuerte reducción de sus ingresos netos debido a la carga impositiva sobre sus salarios.
El documento de Frías advierte sobre el riesgo de nuevos conflictos laborales que podrían derivar en paros prolongados. La historia reciente muestra antecedentes de huelgas de entre 15 y 120 días en puertos como Mar del Plata, Puerto Deseado, Puerto Madryn y Rawson, con buques amarrados y una cadena de impactos negativos que afectan a procesadores, transportistas, estibadores y economías regionales.
Además, se mencionan incidentes previos con daños materiales en plantas de procesamiento, lo que refuerza la necesidad de medidas preventivas para evitar una escalada del conflicto.
Tanto los trabajadores como los empresarios coinciden en la necesidad de medidas urgentes para evitar el colapso del sector. Entre las propuestas mencionadas se incluyen:
- Considerar la pesca como una actividad regional con tratamiento fiscal diferenciado.
- Reducir temporalmente los derechos de exportación mientras persista la crisis cambiaria.
- Implementar mecanismos compensatorios para equilibrar la inflación con el tipo de cambio en las exportaciones.
- Restablecer exenciones impositivas para los trabajadores de la actividad pesquera, previamente acordadas en convenios tripartitos entre el Estado, las empresas y los sindicatos.
En este contexto, Frías solicita que se conforme una mesa de diálogo permanente con la participación del Gobierno, empresarios y trabajadores para encontrar soluciones consensuadas. La falta de respuestas podría derivar en un conflicto social de gran magnitud y de largo plazo, afectando no solo al sector pesquero sino también a la economía de las ciudades portuarias del país.
