El Consejo Federal Pesquero (CFP) ha sido requerido judicialmente para remitir toda documentación relevante sobre el procedimiento de asignación de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de merluza hubbsi y merluza negra, tal lo informado en la propia Acta CFP Nro.21/2024 punto 6.1 que hace referencia a la medida, enmarcada en la causa CFP Nro. 4416/2024, donde a instancias de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), órgano que ha solicitado formalmente acceso a los antecedentes administrativos vinculados al proceso de cuotificación, en el contexto de una investigación de amplio alcance.
La requisitoria judicial, recibida por el CFP el pasado 24 de octubre, guarda estrecha relación con extraoficiales denuncias de presuntas solicitudes de soborno que, desde septiembre, han sacudido al sector pesquero, según lo informado oportunamente por el medio LPO. De acuerdo con estas denuncias, emisarios del Gobierno habrían exigido a empresarios pesqueros una millonaria suma de dólares para asegurar la continuidad del régimen de CITC de merluza hubbsi sin alteraciones por los próximos quince años. Esta situación, que involucra a empresas de alto perfil y de relevancia internacional, habría sido comunicada incluso a la Embajada de Estados Unidos en Argentina; hecho que no nos consta pero hace referencia el mismo medio.
Por su parte, el actual diputado bonaerense y ex intendente del Partido de Gral.Pueyrredón CPN Gustavo Pulti, quien encabeza la Comisión de Intereses Marítimos en la legislatura provincial, ha elevado una denuncia penal ante la Justicia Federal en Mar del Plata. En su presentación, solicita que se investigue la posible existencia de un esquema de cohecho en torno a la renovación de las cuotas de captura de merluza y demanda, además, que el CFP aclare si, a raíz de estas acusaciones, se ha decidido suspender el proceso de renovación de las CITC. Pulti ha manifestado, no obstante, que hasta el momento no ha recibido respuesta oficial del organismo pesquero.
Por su parte, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, liderada por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, ha solicitado al CFP información detallada sobre el procedimiento de asignación de CITC y ha recibido una respuesta de la Asesoría Letrada del consejo, (Dr.Alejo Toranzo), según consta en el Acta Nro. 21 del pasado jueves. Al mismo tiempo, la Fiscalía Federal Nro. 2 de Mar del Plata, bajo la conducción del fiscal Santiago Eyherabide, continúa una investigación independiente, derivada de la denuncia inicial presentada por el legislador Pulti.
Como entidad integrada en la Procuración General de la Nación, la PIA es responsable de investigar actos de corrupción y conductas irregulares en la Administración Nacional. Su intervención en el presente caso subraya la seriedad de las denuncias y pone de relieve la importancia de clarificar cualquier irregularidad en la asignación de las CITC de merluza común, para proteger tanto la transparencia en el sector como la integridad del régimen de pesca en aguas nacionales.
Origen de Eventos
El diputado provincial Gustavo Pulti formalizó el 12 de septiembre pasado ante la Fiscalía Federal Nro. 2 de Mar del Plata una denuncia penal, acusando a funcionarios vinculados con el gobierno de Javier Milei de presuntas coimas en el reciente proceso de renovación de cuotas pesqueras. En su rol como presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Diputados de Buenos Aires, Pulti justificó la acción aludiendo a la responsabilidad legal de denunciar cualquier indicio de delito y a su compromiso de proteger los intereses del puerto de Mar del Plata y su industria a instancias de la información publicada el día 4 de septiembre de este mismo año por el medio periodístico La Política Online (LPO) bajo el título, » La versión de un pedido de coima de 15 millones de dólares a las pesqueras llega a la Embajada de Estados Unidos «, que detalla la presunción de hechos irregulares en el marco de la cuotificación de merluza hubbsi.
Pulti subraya que, pese a la gravedad de la situación y su amplia difusión en medios, el gobierno de Milei no ha dado respuesta, llevando el hecho de una zona legal al ámbito político.
En su denuncia, Pulti considera que este presunto esquema de sobornos no solo implica una extorsión hacia los empresarios del sector pesquero, quienes se habrían visto obligados a pagar para mantener sus cuotas, sino que podría constituir un delito según el artículo 265 del Código Penal. También advierte que esta práctica podría impactar gravemente en el sector pesquero local y nacional, clave para la economía de Mar del Plata y fuente de decenas de miles de empleos.
Finalmente, Pulti insta a la Justicia a esclarecer el caso y advierte que la inacción gubernamental mina la credibilidad en las instituciones, afectando la confianza de quienes buscan invertir en el desarrollo del país. Estos eventos, habría gatillado el pedido de la justicia al propio seno del Consejo Federal Pesquero, como lo expresa -reiteramos- el punto 6.1. en el Acta de la reunión del pasado miércoles y jueves.
