El archivo de la causa por el hundimiento del pesquero traslada la disputa al plano internacional y vuelve a exponer una falla más profunda; la dificultad del Estado para investigar con eficacia, preservar prueba crítica y esclarecer una tragedia en el mar argentino.
La Justicia ha solicitado al Consejo Federal Pesquero (CFP) documentación sobre la asignación de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de merluza, en el marco de una investigación impulsada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Este pedido está vinculado a denuncias de presuntas solicitudes de sobornos a empresarios pesqueros por parte de supuestos emisarios del gobierno.
