Durante el Seminario de Intereses Marítimos Argentinos, Jorge Frías reclamó reformar el artículo 8 de la Ley 24.922 y sostuvo que el Consejo Federal Pesquero “toma decisiones sin escuchar a quienes después deben responder en el mar”.
La segunda jornada del Seminario de Intereses Marítimos Argentinos 2025, ciclo “Almirante Storni”, sirvió de escenario para reactivar un debate que vuelve una y otra vez al sector: la necesidad de reformar el artículo 8 de la Ley Federal de Pesca. La propuesta fue presentada por el secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca, Capitán de Pesca, Jorge Frías, quien entregó el proyecto al senador nacional por Chubut, Carlos Linares.
Actualmente, la normativa define que el Consejo Federal Pesquero está integrado únicamente por representantes del Poder Ejecutivo y por las provincias con litoral marítimo. El esquema, vigente desde 1998, no contempla participación de capitanes, trabajadores ni industria naval, pese a su rol operativo directo.
Frías cuestionó con dureza ese diseño institucional y aseguró que “las decisiones se toman sin consultar a quienes conocen el caladero y después tienen que hacerse responsables de lo que se firma en tierra”. El dirigente planteó que la pesca de hoy, profundamente tecnificada y más exigente que en los años en que se creó la ley, requiere una mirada distinta: “El cambio que necesita la industria no es tecnológico ni económico; es intelectual. Y ese cambio empieza por incluir a quienes tienen idoneidad”, remarcó el dirigente.
En su intervención, Frías realizó un recorrido por la evolución de la actividad pesquera, desde los primeros fresqueros importados en las décadas de 1960 y 1970 hasta la expansión de los buques tangoneros y poteros durante los años noventa. También recordó el impacto del cierre del caladero de 1999 y los conflictos más recientes, de este año, con la flota congeladora, que paralizaron la operatoria durante tres meses.
El dirigente remarcó que la Ley Federal de Pesca, sancionada en 1998, “se convirtió en un manual para hacer negocios”, pero no evolucionó a la par de la industria. Por eso insistió en que es momento de reformarla: “Si los que tienen conocimiento técnico intervienen en la toma de decisiones, no vamos a tener más excusas. Las políticas van a ser más claras y responsables”, afirmó.
El proyecto que será presentado nuevamente en el Congreso propone modificar el artículo 8 para incorporar al CFP una representación de capitanes de pesca y otra de la industria naval. Frías argumentó que la construcción, adecuación y renovación de los buques están directamente vinculadas con las decisiones que toma el CFP, desde la sostenibilidad del recurso hasta las condiciones de seguridad y habitabilidad a bordo.
“Si quienes saben de verdad no están sentados en la mesa, tarde o temprano volvemos a cometer los mismos errores”, advirtió. Y cerró con un llamado a los funcionarios: “Si van a seguir definiendo sin saber, por lo menos empiecen a navegar. Vean lo que pasa en el mar”.
El senador Carlos Linares, impulsor del seminario, recibió la carpeta con la iniciativa que los capitanes ya habían intentado presentar años atrás.
Varios especialistas recuerdan que el Consejo fue concebido para evitar presiones sectoriales directas —tanto empresarias como sindicales— y preservar una mirada estratégica que trascienda los intereses particulares. En ese sentido, modificar su composición podría derivar en nuevas tensiones internas, influir en la distribución del esfuerzo pesquero y hasta generar conflictos de representatividad entre actores con responsabilidades muy distintas.
La discusión, que ahora vuelve al Congreso, promete un debate intenso: ¿ampliar la participación mejoraría la calidad de las decisiones, o diluiría el carácter técnico-político que históricamente sostuvo la administración pesquera argentina? La respuesta, todavía abierta, anticipa una pulseada que no será sencilla.
