El puerto duerme. Los cascos de los barcos, varados por más de setenta días, parecen vigías oxidados de una flota que alguna vez zarpó con promesas de abundancia. Sobre las cubiertas, cuerdas endurecidas por la sal y el tiempo se enredan como testigos mudos de una parálisis que ya se mide en millones de dólares y en cientos de mesas familiares vacías.
En medio de ese silencio forzado, las cámaras empresariales decidieron mover ficha. La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) lanzaron un llamado urgente a hombres y mujeres dispuestos a embarcarse, sin preguntar por su afiliación sindical ni por sus años de mar. En menos de dos días, 4.763 almas respondieron, algunas con la libreta de embarque en regla, otras con el simple deseo de ganarse el sustento en aguas abiertas.
“Esto no es contra el sindicato”, asegura Juan Riva-Zucchelli, presidente de la CIPU, mientras repite que la medida busca liberar a quienes —según él— no pueden trabajar por presión y extorsión gremial. Pero en el PIT-CNT la interpretación es distinta. Para Nathalie Barbé, secretaria de Conflictos, se trata de una maniobra calculada para quebrar la negociación y allanar el camino a nuevos subsidios, como los que ya recibieron las empresas cuando la flota estuvo inactiva durante casi ocho meses el año pasado.
El precio del tiempo perdido
Las cifras golpean como una ola inesperada: pérdidas estimadas en 42 millones de dólares y la amenaza latente sobre más de 3.000 puestos de trabajo. El calendario se convierte en enemigo: las zafras no esperan y el pescado que no se captura hoy no volverá mañana. Corvina, merluza, calamar… especies que marcan el pulso de la temporada ya se han escapado hacia otras aguas, llevándose consigo oportunidades de exportación que representaban el 95% de la producción nacional.
Riva-Zucchelli lo resume con crudeza: “El daño es irreparable. Son dos zafras seguidas perdidas. Nos damos el lujo de dejar pasar ingresos que sostienen a marineros, obreros de plantas y proveedores. No se recupera lo que el mar deja ir”.
Una historia que se repite
Quien haya seguido la trayectoria de la pesca uruguaya sabe que este conflicto no es nuevo. En 2015, la caída en las capturas de merluza y la pérdida de mercados internacionales dejaron lecciones que parecieron claras pero no se aplicaron. La dependencia de subsidios, la rigidez de los Convenios Colectivos de Trabajo y la falta de un plan estratégico a largo plazo continúan siendo las mismas grietas por donde el agua entra, lenta pero constante, en el casco del sector.
Hoy, la discusión gira en torno a un punto que parece menor pero que ha resultado infranqueable: la exigencia sindical de sumar un nuevo marinero por embarcación. Las cámaras lo consideran innecesario; el gremio, irrenunciable. Entre ambas posturas, el mar sigue en calma forzada.
El Estado, entre la mediación y la impotencia
El gobierno de Yamandú Orsi observa el conflicto con preocupación, consciente de que el tiempo es un recurso tan valioso como el pescado. Ha convocado a mesas tripartitas, pero las conversaciones se diluyen. “No hay nada que negociar cuando existe un convenio vigente”, repite la voz empresarial. Y así, las horas se suceden en un puerto donde lo único que se mueve es el viento.
En la pesca, cada día de inactividad es un día perdido para siempre. Si la solución no llega pronto, no será solo una industria la que se hunda: con ella irán las esperanzas de cientos de familias y la reputación de un país que, en otros tiempos, supo hacerse un nombre en el mapa de la pesca mundial. Toda similitud con otras cercanas latitudes es pura coincidencia y queda a criterio del lector.