La provincia de Santa Cruz llevó al Consejo Federal Pesquero (CFP) su preocupación por la caída en la actividad langostinera en Puerto Deseado y solicitó la implementación de prospecciones excepcionales previas al inicio de la temporada, en busca de sostener el empleo y reactivar el circuito productivo local.
Durante el tratamiento del Acta CFP Nro. 7/2026, el organismo recibió las notas de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura santacruceña, en las que se advierte sobre el deterioro en los niveles de actividad y su impacto directo sobre la economía regional.
En el marco de un taller convocado a pedido de la representación provincial, el CFP se reunió con autoridades de Santa Cruz, quienes expusieron la situación actual del sector, particularmente en Puerto Deseado.
Según se detalló, la menor dinámica de la pesquería de langostino se traduce en una caída de las descargas, lo que afecta el funcionamiento de las plantas de procesamiento, reduce el flujo de materia prima y repercute en el nivel de empleo y en la utilización de la capacidad instalada.
El planteo provincial apuntó a encontrar alternativas que permitan revertir este escenario y sostener la actividad, en un contexto donde la generación de trabajo es el eje central.
Puntualmente, el intendente Juan Raúl Martínez impulsó un planteo -de larga data-, para que los buques tangoneros que desarrollen su actividad en aguas nacionales descarguen sus capturas en la terminal de Santa Cruz. La iniciativa apunta a amortiguar el impacto económico derivado de la veda en el Golfo San Jorge, aunque enfrenta un límite central; carece de base jurídica suficiente para imponer esa obligación a la flota nacional.
Como parte de las propuestas, Santa Cruz solicitó al CFP la autorización de prospecciones de langostino de carácter excepcional, previas al inicio de la temporada, destinadas a los buques tangoneros congeladores con asiento operativo en Puerto Deseado.
La iniciativa prevé la realización de estas tareas bajo seguimiento técnico y conforme a los lineamientos científicos del INIDEP, con el objetivo de compatibilizar la sostenibilidad del recurso con la necesidad de reactivar la actividad económica regional.
Además, desde la provincia plantearon que esta herramienta podría funcionar como una compensación frente a las restricciones vigentes en el Golfo San Jorge.
A raíz del reclamo, quedó expuesta una tensión que atraviesa al esquema actual de administración del langostino. Si bien la provincia cuenta con cupos asignados, una parte de ese volumen no siempre se traduce en mayor actividad en sus puertos.
La operatoria vigente permite que las descargas se realicen fuera de Santa Cruz, lo que en la práctica diluye el impacto del recurso en el entramado productivo local. De este modo, el eje del debate no solo se centró en la disponibilidad de langostino, sino también en cómo se utiliza y dónde finalmente se materializa.
Este punto dejó planteado un interrogante más profundo: hasta qué punto el sistema vigente logra garantizar que el recurso asignado genere empleo y valor agregado en las localidades que buscan sostener su actividad.
Uno de los representantes que participó del encuentro señaló que “el planteo ya fue realizado. Ahora es momento de que el Consejo defina, ya sea avanzando sobre las propuestas que presentamos o evaluando otras alternativas que permitan dar respuestas a esta problemática”.
Además, advirtió que “no podemos comenzar una nueva temporada con la incertidumbre de siempre” y remarcó la necesidad de contar con “reglas claras, previsibilidad y decisiones que permitan ordenar el recurso y garantizar mayores descargas en nuestros puertos”.
La presentación de Santa Cruz fue formalmente recibida por el Consejo Federal Pesquero, que resolvió incorporar el pedido para su análisis, sin adoptar por el momento una definición sobre la realización de las prospecciones solicitadas.
De cara al inicio de la zafra, las próximas decisiones del organismo serán determinantes para el nivel de actividad en Puerto Deseado. En ese escenario, el debate no solo gira en torno a la disponibilidad del recurso, sino también a cómo se canaliza dentro del esquema vigente y cuál es su impacto real en los puertos donde se busca sostener la actividad.
Con ese trasfondo, quedó planteada una señal implícita, más allá de la posibilidad de nuevas medidas, parte de las respuestas podría estar vinculada a la forma en que se utilizan y se traducen en actividad los volúmenes ya asignados.
