Las multas que aplica la Argentina a la pesca ilegal no se actualizan desde 1998. En estos últimos veintidós años la banda monetaria para castigar la infracción quedó estancada entre los 5 y 10 millones de pesos, dos cifras irrisorias.
Para ajustar esos valores a los tiempos que corren es necesario pasar por el Congreso, ya que están estipulados en el artículo 51 de la Ley Federal de Pesca. El Gobierno parece decidido hacerlo. Al menos así lo volvió a anunciar el miércoles.
La presentación fue realizada por el canciller, Felipe Solá; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus; y el subsecretario de Pesca de la Nación, Carlos Liberman, tras un encuentro con el presidente, Alberto Fernández, en Olivos.
La iniciativa se enmarca en un paquete de leyes vinculados a reafirmar los derechos argentinos sobre Malvinas. En diálogo con Pescare.com.ar, Liberman detalló algunas de las características que tiene el proyecto específico dedicado a las sanciones por pesca ilegal.
Gasoil, la referencia
“Estamos incorporando conceptos nuevos para sancionar la pesca ilegal, la multa es sólo uno de ellos (…) La nueva ley prevé montos equivalentes que van de los 500 mil litros de gasoil a los 3 millones de litros”, dijo.
Esto equivale a un piso de 1,1 millones de dólares y un techo de 6,5 millones de dólares, considerando los valores de mercado.
“Elegimos al gasoil como referencia porque suele tener una dinámica que acompasa con el ritmo de la inflación. De esa manera, vamos a tener montos actualizados sin la necesidad de modificar la ley”, evaluó el subsecretario.
Gastos y bodega
Además, está previsto que el infractor asuma todos los gastos que pudiera insumir su captura: desde el combustible para movilizar a los buques de la Armada o Prefectura, pasando por los ingresos del personal, hasta su traslado a puerto.
“Es una cuestión que no estaba en la normativa vigente, un concepto nuevo: que paguen todo lo que el Estado gastó. La idea es que los argentinos no pierdan un solo peso por los operativos. No es barato desplegar barcos y aviones en nuestro extenso litoral marítimo”, subrayó Liberman.
Por otro lado, el Ejecutivo proyecta mantener la alternativa de decomisar la materia prima de a bordo o bien acceder su valor de venta, dependiendo de la elección que haga el responsable de la embarcación castigada.
Política integral
El proyecto tuvo una buena recepción en el sector; sin embargo, algunos actores consideran que también es necesario avanzar hacia una política integral que defienda los recursos frente a la creciente presión pesquera de la milla 201.
Son claves las acciones diplomáticas tendientes a desalentar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada que ejercen, por caso, las flotas chinas, taiwanesas o coreanas en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina.
Los países de la región, como Uruguay, cuyo puerto de Montevideo es plataforma de servicios para esos barcos extranjeros, deberían ser parte de una misma visión estratégica para ordenar y poner en un marco sustentable a la actividad. Las sanciones son sólo un capítulo de la problemática.
Por otro lado, desde hace tiempo la industria pesquera local viene reclamando algún tipo de incentivo, no necesariamente económico, para incrementar la presencia de barcos argentinos en el límite de las 200 millas, donde merluza y abadejo, entre otras especies, muestran buenos niveles de abundancia.
