En el marco del complejo proceso que atraviesa la ex Alpesca, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, resolvió modificar el esquema de administración de los bienes expropiados y dejar sin efecto la designación de la Secretaría de Pesca como autoridad de aplicación. La decisión, formalizada mediante el Decreto N.º 1390, devuelve esa función a la Fiscalía de Estado y busca reencauzar la gestión en un escenario atravesado por conflictos jurídicos y administrativos.
La medida se da en un contexto de alta complejidad institucional, marcado por superposiciones contractuales, objeciones de organismos nacionales y una extensa secuencia de decisiones que condicionaron la gestión de los activos expropiados.
El decreto deja sin efecto la designación establecida en 2016, cuando la Secretaría de Pesca había asumido ese rol, y redefine el esquema de responsabilidades dentro del Ejecutivo provincial.
La decisión incluye cambios en la integración del Comité de Administración de la ex Alpesca. El decreto deja sin efecto la designación de Matías Miranda como miembro del organismo y designa en su lugar a Ana Laura Ramírez, Santiago Martín Aguilera y Magalí Yangüela Cuniolo, fortaleciendo el perfil jurídico del comité encargado de administrar los bienes.
Con esta modificación, el Ejecutivo apunta a centralizar la toma de decisiones en áreas con competencia legal directa, en una etapa en la que el proceso se encuentra condicionado por actuaciones judiciales y administrativas en distintas jurisdicciones.
La participación de la Secretaría de Pesca como autoridad de aplicación había sido objeto de debate desde su implementación. Algunos sectores plantearon la conveniencia de separar la gestión jurídica de los bienes expropiados de los organismos vinculados a la regulación de la actividad pesquera, para evitar superposición de funciones.
Al mismo tiempo, durante el período en que ejerció ese rol, la Secretaría de Pesca aportó conocimiento técnico y operativo sobre el funcionamiento de la unidad productiva, en un escenario atravesado por decisiones que excedieron el ámbito provincial. Ese aporte resultó relevante para sostener la actividad y atender los aspectos productivos y laborales asociados a la empresa.
A partir del Decreto N.º 1390, la Fiscalía de Estado —conducida por Andrés Meiszner— asume formalmente la función de autoridad de aplicación, en línea con el esquema previsto originalmente tras la expropiación de Alpesca. El Ejecutivo provincial busca así dotar al proceso de mayor previsibilidad jurídica y reducir los márgenes de conflicto en la administración de los activos.
El cambio consolida la conducción del Poder Ejecutivo sobre los bienes expropiados y redefine la distribución interna de responsabilidades en una etapa aún abierta.
La Secretaria de Pesca actuó en un contexto particularmente complejo, condicionado por fallos, objeciones de organismos nacionales y limitaciones administrativas que escaparon a su competencia directa.
La reconfiguración dispuesta por el gobernador abre una nueva etapa institucional, mientras la Secretaría de Pesca continuará cumpliendo su función central en la definición y ejecución de la política pesquera provincial, un aspecto clave en la resolución de los desafíos que aún persisten en torno a la ex Alpesca.
