La pesca de langostino en Chubut ingresa en una etapa de definiciones sobre dos cuestiones que determinarán su funcionamiento en el corto y largo plazo. La primera es la apertura de la temporada 2026-2027 en aguas provinciales, supeditada a los resultados de la próxima prospección. La segunda es el avance hacia un régimen nacional de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), cuyo diseño podría modificar la distribución de los derechos de explotación del recurso entre las flotas y los grupos empresarios.
En diálogo con PESCARE, el secretario de Pesca de Chubut, Diego Brandán, explicó los criterios que orientarán la apertura de la temporada provincial, el papel de los controles biológicos y la necesidad de fortalecer el procesamiento en tierra. Estas definiciones adquieren especial relevancia mientras avanza el debate sobre la cuotificación del langostino en el Consejo Federal Pesquero.
La diferencia entre ambos procesos es sustancial y van por caminos separados. La prospección determinará si existen condiciones biológicas para habilitar la pesca comercial en aguas provinciales; la cuotificación va a definir los derechos de captura de cada pesquero, con consecuencias sobre la planificación de las empresas, el acceso al recurso y la actividad de los puertos.
La temporada provincial se acerca con los acuerdos salariales cerrados
Cuando PESCARE consultó a Brandán sobre las negociaciones entre la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACh) y los gremios marítimos, el funcionario explicó que la intervención provincial se había concentrado en facilitar el diálogo antes del comienzo de la temporada.
“Desde la Provincia hicimos lo que nos correspondía, acompañar, hablar con todos y tratar de que las discusiones se dieran con tiempo”, señaló, y destacó el funcionamiento de la mesa de desarrollo pesquero impulsada por el gobernador Ignacio Torres.
El objetivo, explicó, era llegar a octubre con las negociaciones laborales encaminadas para concentrar las decisiones posteriores en la situación del recurso.
Aquella previsión se materializó. La CAFACh alcanzó acuerdos con la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
Los entendimientos establecieron un valor de referencia de $1.638 por kilogramo de langostino al barrer para el cálculo de la producción, frente a los $1.300 anteriores, una actualización del 26%. También se modificaron conceptos salariales fijos y garantizados, con vigencia contractual para la temporada comprendida entre octubre de 2026 y marzo de 2027.
El cierre de esas negociaciones permite que la flota costera llegue a la instancia de evaluación biológica con sus principales condiciones laborales embarcadas acordadas.
Sin embargo, la controversia entre Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) mantiene abierto otro frente. El 19 de octubre, el presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente, solicitó la intervención del Gobierno provincial para evitar que ese conflicto alcance al resto de la actividad. Por lo tanto, los acuerdos marítimos representan un avance concreto, aunque la situación laboral en tierra todavía requiere seguimiento.
Veinte barcos para evaluar el recurso antes de abrir
En su intercambio con PESCARE, Brandán había establecido una condición para el inicio de las operaciones comerciales:
“No vamos a abrir por una fecha del calendario ni porque alguien tenga apuro. Vamos a abrir cuando el recurso nos diga que están dadas las condiciones”.
La prospección prevista para la última semana de octubre contempla, según la información conocida ayer, la participación de 20 embarcaciones: 16 de la flota amarilla y cuatro artesanales. El relevamiento comprenderá sectores al norte y al sur de Rawson, dentro del área provincial de esfuerzo pesquero restringido.
Al momento de esta actualización permanecía pendiente la resolución de la Secretaría de Pesca que debe formalizar su cronograma. La información que buscará reunir el operativo comprende distribución y abundancia del langostino, composición por tallas, rendimientos comerciales y presencia de fauna acompañante. Esos indicadores serán determinantes para establecer las áreas que eventualmente puedan habilitarse y las condiciones bajo las cuales comenzará la actividad.
Brandán sintetizó ese criterio en forma contundente: “Primero va el dato y después va el barco”.
La expectativa sobre el recurso encuentra un antecedente favorable en la temporada nacional 2026, aunque el comportamiento de las concentraciones fuera de las doce millas constituye una referencia que debe contrastarse con las condiciones particulares del litoral provincial.
Chubut respalda las cuotas, pero el reparto todavía está abierto
Mientras se prepara la campaña costera, distintas provincias y cámaras empresarias fijan posiciones sobre una eventual cuotificación del langostino (Pleoticus muelleri). Las últimas actuaciones del Consejo Federal Pesquero todavía no registran el tratamiento formal de un régimen de cuotas para la especie.
Brandán expresó públicamente su posición favorable al sistema durante la feria Conxemar, celebrada en Vigo. En declaraciones con esta redacción antes de su partida a España, sostuvo que “ la cuotificación puede aportar previsibilidad, transparencia y mejores herramientas de control ”, y remarcó la necesidad de examinar los historiales de captura de cada embarcación.
El funcionario mencionó como antecedentes productivos provinciales una campaña 2023-2024 de aproximadamente 106.500 toneladas y una temporada reciente de entre 90.000 y 91.000 toneladas. También situó entre 80.000 y 90.000 toneladas una referencia de promedio que, a su entender, permitiría sostener la operatoria de la flota chubutense.
Esas cifras corresponden a los volúmenes mencionados por el secretario de pesca chubutense como antecedentes de actividad. No representan una cuota asignada a Chubut ni constituyen un compromiso de distribución del futuro régimen federal.
El secretario de Coordinación de Gabinete provincial, Andrés Pedro Arbeletche, también respaldó públicamente la cuotificación y defendió la necesidad de reconocer las capturas históricas vinculadas con Chubut.
La cuestión adquiere especial importancia porque los derechos de captura que eventualmente se establezcan bajo el régimen federal deberán surgir de un procedimiento formal, sustentado en parámetros legales y criterios de distribución aprobados por el CFP.
El artículo 27 de la Ley Federal de Pesca 24.922 contempla, para la asignación de cuotas, la ponderación de antecedentes de captura, empleo, inversiones y producción, además de las sanciones aplicables. También dispone que se establezcan límites máximos de concentración por empresa o grupo empresario.
Por consiguiente, el volumen históricamente capturado constituye uno de los componentes de la discusión, pero el resultado dependerá también de cómo se ponderen los demás factores y de las reglas específicas que se aprueben para el langostino.
El Consejo Federal Pesquero todavía debe definir el procedimiento
La revisión de las últimas actuaciones del CFP permite precisar el estado institucional de la discusión. En el Acta CFP Nro.25/2026 quedó incorporada la solicitud de Santa Cruz para que se considere una reserva social de 50.000 toneladas de langostino, presentada como compensación por las restricciones de pesca en el Golfo San Jorge.
En esa misma reunión, el representante bonaerense, Carlos Liberman, advirtió que, pese a las versiones sobre negociaciones avanzadas, el CFP todavía no había discutido formalmente la cuotificación del langostino, ni siquiera en talleres. El acta también deja constancia que el organismo no había ordenado a la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera recopilar los antecedentes históricos cuya solicitud había motivado consultas de la industria.
Incluso, esa propuesta de Santa Cruz abrió una controversia con la Cámara Pesquera Argentina–Armadores Langostineros Federales Argentinos (CAPEAR-ALFA), que cuestionó sus fundamentos y defendió la continuidad del sistema de manejo basado en prospecciones, monitoreo y aperturas y cierres dinámicos. Las posiciones quedaron documentadas en el Acta CFP Nro.26/2026.
De esta manera, la preparación técnica y el posicionamiento de distintos actores avanzan por delante de una resolución institucional sobre el régimen que se aplicaría, sus criterios de ponderación y las reservas que eventualmente se establezcan.
Para Chubut, el resultado tendrá consecuencias que exceden el porcentaje de captura que pudieran recibir sus operadores. También importará cómo se reconozcan el empleo provincial, la capacidad de procesamiento en tierra y las inversiones vinculadas con la actividad.
El procesamiento y la infraestructura, dentro de la agenda provincial
Brandán también planteó la necesidad de medir el resultado de la actividad mediante indicadores productivos más amplios que los desembarques.
“Tenemos que preguntarnos qué hacemos con cada kilo que entra a Chubut”, expresó al referirse a la posibilidad de ampliar el procesamiento provincial y generar mayor actividad en las plantas.
Esa orientación se relaciona directamente con uno de los criterios contemplados en el régimen federal de cuotas: la ponderación de la mano de obra y de la producción elaborada. Su eventual aplicación al langostino dependerá del esquema específico que adopte el CFP.
La infraestructura portuaria constituye otro componente de esa planificación. Brandán identificó el dragado del acceso a Puerto Rawson y la ampliación del muelle como intervenciones necesarias para acompañar el crecimiento de la actividad.
Sin embargo, a hoy 21 de octubre el dragado todavía no cuenta con llamado a licitación pública, pese a los anuncios provinciales realizados durante el año. La obra había sido presentada con una inversión estimada superior a los $7.000 millones, bajo responsabilidad del Gobierno de Chubut, mientras la ampliación del muelle se vinculó con compromisos de participación privada.
El avance administrativo de estos proyectos será parte de las condiciones que permitan evaluar si la mayor actividad pesquera puede acompañarse con mejoras operativas y capacidad logística.
Dos decisiones que definirán el próximo ciclo pesquero
La flota amarilla llega a la antesala de la zafra con los acuerdos salariales vigentes hasta marzo de 2027, mientras la habilitación comercial continúa supeditada a la prospección y a la resolución provincial correspondiente. En paralelo, Chubut reclama el reconocimiento de sus antecedentes productivos en un debate federal que todavía debe definir si avanzará hacia un régimen de cuotas y bajo qué condiciones.
La primera decisión determinará cuándo y dónde podrán operar los barcos en aguas provinciales. La segunda podría modificar durante varios años las condiciones de acceso al recurso, con consecuencias sobre las inversiones, el procesamiento industrial y la distribución de los derechos de captura.
