CAPEAR ALFA pidió al Consejo Federal Pesquero (CFP) mantener el sistema de administración del langostino y objetó la propuesta de Santa Cruz de recibir 50.000 toneladas como cuota social ante una eventual cuotificación. El intercambio, registrado en el Acta CFP Nro.26/2026 del 30 de septiembre, expone diferencias sobre el modelo de manejo y los criterios de distribución.
La Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca remitió la presentación empresaria el 24 de septiembre. Según el resumen incorporado al acta, ALFA considera que el pedido provincial carece de fundamento técnico, histórico, biológico y operativo. Defiende las prospecciones, el monitoreo y las aperturas y cierres dinámicos como herramientas que han dado resultado.
Santa Cruz ratificó su planteo: pretende que una eventual asignación reconozca el esfuerzo de conservación y contemple empleo, procesamiento, inversiones y arraigo territorial.
El Acta 26 registra ambas posiciones, sin disponer la cuotificación ni adjudicar las 50.000 toneladas.
El reclamo provincial precede al intercambio de septiembre
El pedido ya había sido difundido por el Gobierno santacruceño el 22 de junio de 2026. En esa comunicación, la provincia manifestó que una cuotificación podría aportar previsibilidad, siempre que se construyera mediante un procedimiento participativo y con criterios objetivos.
La propuesta consiste en una asignación administrada por Santa Cruz para favorecer las descargas y el abastecimiento industrial. Su argumento es que la distribución debe considerar, además del historial de capturas, el aporte a la conservación y la actividad económica generada en tierra.
El secretario de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, vinculó entonces la solicitud con el cierre del Golfo San Jorge y el reconocimiento del costo asumido por la provincia.
El Golfo San Jorge y el abastecimiento de las plantas
En la respuesta asentada el 30 de septiembre, Santa Cruz sostuvo que la función del Golfo como área de cría y reclutamiento beneficia al conjunto de la pesquería. Agregó que las restricciones afectaron la operatoria de fresqueros y congeladores, con consecuencias sobre puertos, plantas y empleo provincial.
Esos son los fundamentos expuestos por la representación santacruceña. El apartado del acta dedicado al intercambio no incorpora una evaluación científica independiente que determine qué volumen correspondería asignar por ese aporte.
Buenos Aires pidió conocer las bases de la discusión
El antecedente inmediato dentro del Consejo figura en el Acta CFP Nro.25/2026, del 17 de septiembre, que recoge la nota provincial 66/SCP-SEPyA/2026, presentada el día anterior.
Santa Cruz solicitó que cualquier futuro régimen ponderara empleo, inversión y procesamiento, además de capturas históricas. También reclamó acceso previo a las bases de datos, los períodos considerados, las fórmulas y los criterios de ponderación.
En esa reunión, el representante de Buenos Aires, Carlos Damián Liberman, cuestionó las versiones sobre negociaciones avanzadas. Según dejó asentado, el Consejo todavía no había debatido la conveniencia de cuotificar ni los aspectos necesarios para definir un régimen.
Buenos Aires acompañó el pedido de información y transparencia. Su adhesión quedó referida a ese punto, sin extenderse a la asignación de 50.000 toneladas.
Las actas delimitan así el estado de la discusión: una provincia propone condiciones para una eventual distribución, una cámara reclama conservar el manejo vigente y existe un pedido expreso de conocer la información sobre la que se tomarían decisiones. La asignación solicitada continúa como una pretensión provincial sometida a consideración del CFP.
