El IV Taller Científico Internacional sobre Illex argentinus, celebrado del 30 de septiembre al 2 de octubre en Vigo, España, acordó avanzar en una base regional de información pesquera y biológica del Atlántico Sudoccidental. La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos de Uruguay (DINARA) aceptó alojar el registro, cuya implementación permanece sujeta a aprobación gubernamental. El objetivo es reunir datos de las distintas flotas y utilizarlos para evaluar la abundancia, productividad y estado de explotación del calamar.
Argentina y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) quedaron fuera de la instancia. La ausencia alcanza al Estado ribereño donde se desarrolla una de las principales pesquerías dirigidas al recurso y al organismo de la investigación y ciencia en el mar que sostiene extensas series de investigación, seguimiento de capturas y muestreo biológico. El reclamo por su incorporación llegó a la Cámara de Diputados mediante un proyecto presentado el mismo día en que comenzó el encuentro.
Qué acordaron los participantes
La organización y el financiamiento estuvieron a cargo de la Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPPC3), con apoyo de Sustainable Fisheries Partnership (SFP). La presidencia científica correspondió a Rubén Roa-Ureta.
La convocatoria reunió a especialistas vinculados con Brasil, Uruguay, España, China y Corea del Sur, además de participantes de Malvinas. El trabajo estuvo orientado a establecer una base técnica compartida para estudiar una especie capturada tanto dentro de jurisdicciones nacionales como en aguas internacionales.
El esquema anunciado contempla un formato común de intercambio, un plazo previsto de cinco meses para completar la base y la comparación de distintos modelos de evaluación durante 2027. Las autoridades uruguayas comunicarían el acuerdo a las demás partes de la pesquería y solicitarían formalmente sus aportes.
Las instituciones que contribuyan podrán acceder a la información compartida bajo condiciones de uso acordadas. El compromiso alcanzado en Vigo requiere todavía las autorizaciones gubernamentales para su implementación.
Pedro Ferreiro, director de Gobernanza Pesquera y Medios de Vida de SFP, sostuvo que la cooperación científica podría contribuir, llegado el momento, a una gestión regional. Estableció una condición expresa: “Cualquier avance en esta dirección deberá contar con la participación y el respaldo de los Estados”. También aclaró que la iniciativa busca respetar sus competencias, responsabilidades y derechos conforme al marco jurídico internacional.
Por su parte, Edelmiro Ulloa, director gerente de OPPC3, vinculó la colaboración entre flotas con la mejora de la información disponible para la pesquería, sostuvo: “La sostenibilidad de una pesquería compartida exige que las flotas que operan sobre el recurso colaboren para mejorar la información disponible. En el caso de Illex argentinus, reducir la incertidumbre beneficia a todos: a las empresas, a los trabajadores, a las administraciones y a los científicos. En ausencia de un marco regional de administración plenamente operativo, la cooperación entre las propias flotas puede contribuir a construir una base común de conocimiento y a avanzar hacia una gestión más responsable, previsible y sostenible del recurso. Desde OPPC-3 consideramos que esta colaboración científica no debe entenderse como una amenaza para ninguna flota, sino como una oportunidad para proteger la salud de la pesquería y garantizar el futuro de la actividad económica y del empleo que dependen de ella.”
Los informes anteriores ya incluían datos argentinos
El proceso comenzó antes de Vigo. Sus antecedentes comprenden talleres en Chile, Panamá y Tailandia. El informe de la reunión celebrada en Bangkok del 19 al 21 de noviembre de 2024 consignó que el grupo de trabajo ya disponía de información de composición biológica y de la pesquería potera argentina.
Ese documento, publicado por el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CAPES-UC), también describió las campañas argentinas de investigación y los registros comerciales de la flota. Entre los datos pendientes de obtener incluyó las capturas incidentales de calamar de los arrastreros.
La referencia acredita disponibilidad de información argentina, aunque deja sin identificar quién la suministró y bajo qué condiciones. El uso de esos registros y la representación oficial del país son cuestiones diferentes.
El primer taller, realizado en Las Cruces, Chile, entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2022, incorporó documentos de Augusto Crespi-Abril, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. La nómina aclaró expresamente que esas contribuciones científicas carecían de representación jurisdiccional.
La conexión entre aguas argentinas y el área adyacente
La relación biológica y pesquera entre la plataforma argentina y el área adyacente explica el interés nacional en las evaluaciones regionales. La Resolución CFP Nro. 6/2026 del Consejo Federal Pesquero recoge información del INIDEP sobre los stocks Sudpatagónico y Bonaerense-Norpatagónico: su explotación comienza dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina y continúa, tras su migración, en el área adyacente a la milla 200, y sobre una extensa plataforma de 200 metros de profundidad que desborda la ZEEA, donde rebalsa el calamar illex argentinus y otras especies de alto valor comercial.
El seguimiento científico permite dimensionar la actividad extranjera sobre el recurso. En su informe de situación al 18 de marzo de 2026, el INIDEP estimó que desde enero habían operado hasta 239 poteros extranjeros al sur de los 44° de latitud Sur, fuera de la ZEE. Para el área marítima disputada con el Reino Unido, calculó 110 poteros hasta la semana diez.
Las cifras corresponden al período y a las zonas examinadas en ese informe. El documento también analiza capturas, esfuerzo pesquero, distribución de la flota nacional y muestras biológicas utilizadas para identificar los grupos poblacionales explotados.
El reclamo gremial ante la ITF
El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) presentaron una protesta ante la Conferencia de Pesca de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), en Panamá.
Las organizaciones cuestionaron la exclusión argentina y la participación de representantes de Malvinas. Solicitaron que la ITF promoviera la incorporación del país y de los trabajadores del mar, comunicara el reclamo a sus afiliadas y exhortara a los organizadores a evitar que las conclusiones fueran presentadas como un consenso científico regional.
El proyecto parlamentario y la reserva sobre Malvinas
El diputado fueguino Jorge Neri Araujo Hernández, presentó el proyecto de resolución 5167-D-2026 el 30 de septiembre. La iniciativa fue girada a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y permanece identificada como proyecto en el registro parlamentario.
El texto solicita que Cancillería reclame formalmente la incorporación de Argentina y del INIDEP a las instancias internacionales destinadas a reunir información, evaluar el recurso o avanzar hacia mecanismos de coordinación pesquera.
También propone dejar una reserva expresa frente al eventual uso de documentos, bases de datos o recomendaciones elaborados sin participación nacional para atribuir derechos sobre espacios marítimos donde Argentina ejerce o reivindica soberanía y jurisdicción.
La presentación pide preservar la posición argentina respecto de Malvinas y requiere al Poder Ejecutivo informar las gestiones diplomáticas realizadas y las respuestas recibidas. Sus fundamentos distinguen el alcance de una reunión científica del de un organismo internacional de administración, y advierten sobre la posible utilización posterior de sus resultados como antecedentes técnicos.
De la información científica a las futuras decisiones
La eventual relación entre evaluación y gestión figura en los propios documentos del proceso. El informe de Las Cruces de 2022 contempló que el asesoramiento científico regional pudiera facilitar conversaciones entre gobiernos sobre la administración del recurso. Esa posibilidad fue presentada como un objetivo futuro.
La base proyectada en Uruguay tiene por delante la aprobación gubernamental, la incorporación de datos y la definición de sus condiciones de acceso. En Argentina, el reclamo apunta a intervenir en esas etapas: participar en la evaluación del calamar y preservar la posición nacional sobre los espacios marítimos involucrados.
