El subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla, expuso en el Foro PescAR sobre el rol del Estado en la lucha contra la pesca ilegal, destacando el sistema de control que Argentina despliega dentro y fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).
Durante su presentación titulada “Fortaleciendo la gobernanza pesquera: el rol del Estado en la lucha contra la pesca ilegal”, el funcionario remarcó que el país mantiene una vigilancia activa sobre sus recursos marítimos mediante un sistema integrado que involucra a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Prefectura Naval Argentina, la Armada Argentina y la Cancillería.
“Quiero decir con claridad que cuidamos atentamente los ingresos de barcos que puedan entrar en la milla 200. No nos roban nuestros recursos; los cuidamos con mucha dedicación”, afirmó.
López Cazorla explicó que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada representa uno de los principales desafíos para la gobernanza pesquera global.
Según señaló, este tipo de actividad genera competencia desleal para la producción nacional, ya que los productos capturados fuera de las regulaciones ingresan a los mercados internacionales sin cumplir estándares sanitarios, ambientales ni laborales.
“Combatimos la pesca ilegal porque compite con nuestros productos en los mercados a los que llegamos. Además, muchas veces desconocemos la calidad alimenticia de esos productos”, sostuvo.
Durante su exposición, el subsecretario repasó los principales instrumentos jurídicos internacionales que respaldan la acción de los Estados frente a la pesca ilegal.
Entre ellos mencionó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que establece los derechos soberanos de los Estados ribereños para explorar, conservar y administrar los recursos naturales dentro de sus zonas marítimas.
López Cazorla detalló que Argentina cuenta con un Plan de Acción Nacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, basado en la cooperación entre organismos del Estado.
El sistema incluye controles satelitales, patrullajes marítimos, inspecciones a bordo y certificados de captura legal para garantizar la trazabilidad de los productos pesqueros.
Asimismo, recordó que cuando un buque extranjero es detectado ingresando ilegalmente en la milla 200 se inicia un proceso administrativo y judicial que puede derivar en sanciones económicas. “En este momento estamos próximos a cobrar la segunda multa aplicada en este tipo de casos”, indicó.
El funcionario también se refirió a la Resolución 20/2026, recientemente firmada por la autoridad pesquera nacional, que establece nuevos criterios de control para buques extranjeros que operan en la zona adyacente a la ZEEA.
La norma fija parámetros de navegación que permiten detectar comportamientos de pesca encubierta. Por ejemplo, si un buque arrastrero navega a menos de seis nudos en esa área o si un buque potero permanece más de treinta minutos a velocidades inferiores a dos nudos, deberá informar su actividad y podrá ser objeto de un proceso sancionatorio.
“Esta resolución nos permite afirmar que hoy no hay zonas grises. Las reglas son claras”, señaló.
López Cazorla destacó que el control de la pesca ilegal requiere una gobernanza multidimensional, en la que intervienen distintos organismos del Estado.
En ese sentido mencionó el trabajo coordinado entre la Prefectura Naval Argentina, la Armada Argentina, la Cancillería y la autoridad pesquera para reforzar la vigilancia marítima y el control portuario.
“La gobernanza pesquera no es solo un ejercicio de autoridad. Es un compromiso con la soberanía y con la eficiencia en el aprovechamiento de nuestros recursos”, expresó.
Y concluyó: “La Argentina ha demostrado que la soberanía se defiende con patrullaje físico, rigor técnico y normas claras, consolidando un sistema de vigilancia que hoy es referencia en la región”.
