Dos temas centrales han expuesto las debilidades estructurales y estratégicas de la política pesquera de Mar del Plata y del país en general. La modificación al REGINAVE (Reglamento de la Navegación Marítima) y el debate sobre la ley de Trazabilidad Pesquera en el Senado de la Nación han evidenciado el escaso liderazgo y conducción en la visión de largo plazo en el sector. Sin conducción clara, la pesca marplatense parece moverse más por inercia e impulsos estertores que por estrategias efectivas.
Modificación al REGINAVE: un cambio con poco impacto en lo operativo
La reciente modificación al REGINAVE que hoy a todas pompas se visualizará en el GC-24 Mantilla en Ciudad Autonoma de Buenos Aires será presentada como un avance en la simplificación de normativas marítimas. Sin embargo, al analizar su impacto, queda claro que las transformaciones son más simbólicas que sustanciales y de fondo. Uno de los aspectos más comentados, la decisión de flexibilizar la obligatoriedad de tener un «sereno a bordo» para unidades amarradas, carece de impacto real en la operativa pesquera.
El sereno, más allá de su mandato normativo, cumple un rol preponderante dentro de la rutina de los armadores: monitorear la seguridad de los motores, controlar las temperaturas y presiones de aceite, equilibrio de cargas, fluidos, estar atento a maniobras requeridas de muelle y otras embarcaciones, amarras y proteger las cargas, especialmente en buques con sistemas de refrigeración por congelado. Este compromiso, sostenido durante años por trabajadores dedicados, no desaparecerá por el cambio en una ordenanza. La norma podrá variar, pero la necesidad operativa y el compromiso humano seguirán marcando la pauta.
En este contexto, los cambios normativos no atacan los verdaderos problemas del sector: la maraña burocrática que paraliza procesos esenciales, la falta de eficiencia administrativa y la carencia de políticas que prioricen la rentabilidad empresarial. Cada día que un buque permanece inactivo debido a restricciones normativas innecesarias genera pérdidas económicas directas que en épocas donde la inflación tiende a cero, el impacto es certero debajo de la línea de la flotación económica de la empresa. No es la normativa la que necesita ajustes, sino su implementación práctica, que debe orientarse hacia la competitividad y la agilidad eliminando el libre albedrío de cada librepensador que ajusta a su propia interpretación lo dispuesto, normado y reglamentado.
La PNA no va a cambiar. Encontró a lo largo de su historia un modelo que le permitió deslindar responsabilidades (Sistema de Gestión de Seguridad) y una serie de normas, reglamentaciones, disposiciones locales y ordenanzas marítimas que le permitieron dar curso y autoprotección ante eventos desafortunados que alcanzaron su punto máximo (¿?) con los hundimientos del BP Repunte y Rigel. De ahí en más, solo instrumentar reglamentaciones para evitar el impacto jurídico a la institución y sus cuadros jerárquicos superiores. Estas modificaciones al REGINAVE no surtirán ningún cambio operativo. Como lo dijo el Conde de Lampedusa, que todo cambie para que nada cambie. Hay cuadros dentro de la propia fuerza que necesitan su visibilidad y una forma es esta puesta en escena. ¿Alguien en su sano juicio cree que obligar o no a tener un sereno de puerto a bordo puede ser un cambio sustancial y significativo a la burocracia administrativa de la gestión? ¡vamos hombre…! No perdamos tiempo. Todo pour la gallerie.
Este tipo de modificaciones son meros paliativos. Son respuestas a presiones superficiales, que no abordan la verdadera causa de los problemas del sector pesquero normativo. El sistema administrativo sigue siendo excesivamente burocrático, las normativas se acumulan sin una implementación eficiente, y el enfoque no está puesto en la competitividad, la producción ni en la rentabilidad empresarial.
A nivel local, la Prefectura Naval ha intentado modernizar su gestión con hombre y nombres destacados que han mostrado compromiso, idoneidad y eficiencia para la resolución y aplicación de las diferentes disposiciones y ordenanzas marítimas; siendo una verdadera bisagra la gestión del actual PG Anibal Eduardo Moya en su paso por la ciudad y su continuidad a través del PM Rodolfo José Cattaneo, actual Jefe de la delegación local, como cuadros de los más altos renombres -incluso dentro de la OMI- como el PG (RE) Italo D´Amico, PNN PG Mario Farinon, o el propio PG Carlos Villarreal y muchos otros. Sin embargo, el desafío no está solo en la capacidad individual, sino en la eliminación de trabas estructurales que hacen del sistema una maquinaria pesada y lenta.
Trazabilidad pesquera: entre avances técnicos y conflictos institucionales
Por otro lado, el debate sobre el proyecto de ley de trazabilidad pesquera pone en evidencia una lucha de intereses entre diferentes organismos y sectores, con participación y directrices conducentes a la modificación de políticas pesqueras que pudieren modificar el equilibrio entre flotas en algunos caladeros. A primera vista, la trazabilidad aparece como una herramienta noble para garantizar la sostenibilidad, la legalidad y la calidad de los productos pesqueros argentinos. Sin embargo, detrás del proyecto subyacen tensiones políticas, económicas y de intereses que dificultan su implementación efectiva.
En la actualidad, el sistema de trazabilidad ya está operativo bajo el modelo SiFIPA (Sistema Federal de Información de la Pesca y Acuicultura), que registra cada paso de los productos pesqueros desde su captura siendo un pez hasta su venta siendo un alimento listo para consumir. Este mecanismo, aunque perfectible, cumple con los estándares internacionales exigidos por mercados como la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, ¿por qué se insiste en una nueva ley?
El problema parece ser más político que técnico. La ley propuesta plantea la creación de un nuevo sistema, el SUTraP (Sistema Único de Trazabilidad de los Productos de la Pesca), liderado en parte por el SENASA, organismo tradicionalmente enfocado en la certificación sanitaria, e impulsado por el circulo de políticas ambientales junto a la propuesta del Diputado Nacional y actual vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna. Esto genera dudas sobre la delimitación de competencias entre el SENASA y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), que históricamente ha gestionado la pesca en el país. La superposición de funciones no solo genera burocracia, sino que también amenaza con diluir el rol rector del MAGyP, debilitando su capacidad de liderazgo.
Más preocupante aún es la desconexión entre el diseño del sistema de trazabilidad y las necesidades reales del sector. Mientras se propone un sistema más centralizado y digitalizado, persisten fallas críticas en la supervisión presencial a bordo, tanto en las capturas como en las descargas. Sin controles efectivos en los buques y en las plantas, ningún sistema garantizará por sí solo la legalidad ni evitará prácticas dañinas como la pesca ilegal o el descarte no declarado, algo que el propio recinto del Congreso de la Nacion desconoce.
Una política pesquera sin rumbo claro
En ambos casos, lo que subyace es una falta de visión estratégica para la pesca de Mar del Plata. La industria, especialmente en Mar del Plata, enfrenta desafíos urgentes que requieren liderazgo, coordinación y una comprensión integral de los problemas teniendo en cuenta la avanzada solapada de parte del sector que utiliza las AMP, el medio ambiente, la trazabilidad, el proteccionismo y las certificaciones para avanzar con su único propósito que es adueñarse de una actividad y un recurso que por cercanía parece ser propio. Mar del Plata perdió capacidad de liderazgo y conducción y con ello, la deriva arrastra sin rumbo una actividad que supo ser pilar de una ciudad con puerto. Los actores clave parecen más preocupados por reaccionar a los síntomas que por abordar las causas estructurales y solucionarlas. Una pésima lectura y la protección del patrimonio individual parece ser el común denominador en este sálvese quien pueda de la pesca marplatense, con precios en bajo y sin demanda.
La política pesquera necesita menos fragmentación y más cohesión. Es fundamental que el MAGyP recupere su rol central y que los sistemas existentes, como el SiFIPA, sean fortalecidos en lugar de reinventados, reemplazados o duplicados. Por su parte, la Prefectura Naval debe continuar modernizando sus prácticas, pero con el apoyo de un marco normativo que priorice la eficiencia sobre la burocracia. El trabajo y la producción por sobre la administración de normas que cercan su propia actividad.
Mientras tanto, el sector privado debe asumir un rol más activo, no solo en la crítica, sino también en la proposición de soluciones. La pesca de Mar del Plata, con su rica historia y su potencial estratégico, no puede permitirse seguir a la deriva. Es hora de un cambio profundo que trascienda los debates normativos y se enfoque en construir un futuro competitivo, sostenible y justo para todos los actores involucrados.