El gobierno de la provincia de Santa Cruz ha presentado reclamos ante el Consejo Federal Pesquero para obtener una mayor participación en la cuota de captura de la merluza hubbsi, un recurso clave para la economía local según sus considerandos. Actualmente, Santa Cruz solo recibe un 1,7% de la cuota de esta especie, lo que es considerado insuficiente por las autoridades provinciales.
La administración, encabezada por el ministro de la Producción y hoy, actual consejero titular de esa provincia en el CFP, Gustavo Martínez, ha solicitado la asignación de unas 30.000 toneladas adicionales en concepto de «cuota social provincial«. Este pedido tiene como objetivo generar empleo y abastecer las plantas locales, contribuyendo a la estabilidad laboral de unos 2.500 trabajadores de la provincia.
El reclamo incluye la suspensión de la renovación de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) hasta que se revisen los criterios legales y se adapten para beneficiar a Santa Cruz y de ahí se desprende la demora en la redistribución de CITC de esta especie. Martínez también ha cuestionado la concentración de cuota en empresas grandes y el otorgamiento de cuotas a buques congeladores, señalando que estas prácticas no favorecen el interés social establecido por la legislación vigente, (como si Santa Cruz procesaría todo lo descargado en su provincia).
La medida busca no solo equilibrar la distribución de este recurso, sino también corregir las asimetrías en el sector pesquero en comparación con otras provincias, lo que permitiría a Santa Cruz desarrollar su industria pesquera y mejorar las condiciones económicas de sus comunidades portuarias.
Hasta acá, el reclamo parece tener un espíritu de índole social que puede entenderse, pero no justificarse, puesto que necesidades sociales en todo el territorio argentino las hay e incluso cualquier localidad, ciudad o incluso otras provincias podrían contar con los derechos sobre los recursos vivos del mar argentino y, además, exigirlo. Ahora bien, cuando se trata de merluza, las cosas parecen tomar otro derrotero.
El reclamo de la provincia de Santa Cruz por una mayor participación en la cuota de merluza hubbsi, específicamente alrededor del 10% de la Captura Máxima Permisible (CMP), tiene una clara motivación social según los considerandos presentados en el propio CFP. Las autoridades provinciales, al argumentar la necesidad de garantizar empleo y abastecimiento a las plantas locales, buscan asegurar una mayor asignación del recurso pesquero para resolver urgencias económicas locales. Sin embargo, este planteo, aunque legítimo desde una perspectiva local, revela una complejidad mayor en el panorama nacional y en las dinámicas del sector pesquero, que no puede ser ignoradas.
Es sabido que los problemas de índole social no son exclusivos de Santa Cruz, ya que otras localidades, provincias y comunidades costeras enfrentan también profundas necesidades y podrían igualmente reclamar una mayor participación en los recursos marítimos. Esta realidad, por tanto, pone en tela de juicio la justicia y viabilidad de otorgar a una provincia en particular una porción tan significativa de un recurso compartido, más aún cuando hay indicios de ineficiencia en la gestión del mismo y al margen de la Ley.
Uno de los aspectos más críticos y paradójicos de este reclamo es que, al mismo tiempo que Santa Cruz solicita mayores volúmenes de merluza hubbsi, los propios barcos que operan en sus puertos enfrentan dificultades para descargar y comercializar las capturas. Recientes incidentes, como la demora de más de 72 horas de varios buques fresqueros en los puertos de la provincia sin poder descargar porque el fin de semana largo imposibilitaba el tránsito de camiones sobre la cinta asfáltica en las rutas hasta Mar del Plata, evidencian la falta de demanda interna provincial y local para absorber el recurso, lo que, en sí mismo, pone en duda la capacidad local para gestionar mayores cuotas bajo la orbita de sustentabilidad social.
Mientras en los muelles locales, “La pesca está acostumbrada a altibajos como consecuencia de sobre oferta puntual, pero ya esto escapa a lo normal”, nos contaba un armador que lidiaba al teléfono en la madrugada del sábado por colocar 2 camiones finales de merluza (1280 cajones) de buena talla y bien trabajada, pero con dificultad para vender.
Asimismo, se quejaba “esta gente de Santa Cruz me hace reír, piden 30.000 toneladas de merluza y resulta que parte de eso la mandan a Mar del Plata, no saben a quién vendérsela allá y la colocan en el Bronx -haciendo referencia a una serie de plantas clandestinas que se reproducen más rápido que el dengue en plena época de lluvias-; ¿esto es joda.?”, nos ilustraba mientras iba tomando temperatura. “Pero además y lo peor es que uno no nació para robar, acá tenés barcos con 2000 cajones de raya y más allá con 600 cajones de abadejo, para la estadística que a vos te gusta, es todo merluza común…. ¡Dale que va nomas…!”, preferimos retirarnos, pero sabiendo que el hombre tiene razón, en momentos donde la actividad atraviesa una fuerte presión de costos, la falta de controles desde policiales en las rutas hasta administrativos, hacen que la fuga violentando el marco legal sea un acto además de impune hasta obligatorio que bien debiese conocerse en el ámbito del CFP, tan distante como siempre de los verdaderos sucesos en los muelles del país.
Por si fuera poco, gran parte de la merluza capturada en Santa Cruz termina siendo enviada a Mar del Plata, donde el pescado es procesado, muchas veces, fuera del marco legal en instalaciones clandestinas conocidas como «cuevas», ampliamente denunciadas y que pululan y se reproducen mas rapido que el dengue en epocas de lluvia.
Estos establecimientos, que funcionan al margen de las normativas sanitarias, laborales y legales, no solo socavan la formalidad del sector, sino que también alimentan un circuito de evasión que afecta la competitividad y la sostenibilidad de la actividad pesquera.
El tránsito de estos envíos desde Santa Cruz y Chubut a Mar del Plata, con camiones que transportan hasta 6.000 cajones semanales de merluza, muchos, sin los debidos controles, expone además un problema sistemático de falta de regulación y control en las rutas y los propios procesos de comercialización, para no referirnos a la tan violada trazabilidad. Estas anomalías son conocidas por los organismos de control, pero la ausencia de intervenciones efectivas refleja una preocupante permisividad que favorece el mercado negro y deteriora las condiciones del sector formal.
En este contexto, el mercado de la merluza se ha vuelto cada vez más inestable, con precios que fluctúan en torno a $600 el kilo, una cifra que no justifica los costos operativos y que contribuye a la sobreoferta de pescado en un entorno ya saturado (en enero se comercializó a $1000 el kilo). Las dificultades para colocar el producto en el mercado nacional agudizan la crisis, lo que ha llevado a muchos armadores a cuestionar la lógica detrás del reclamo de Santa Cruz. Estos actores se preguntan cómo puede una provincia pedir más cuotas si, al mismo tiempo, parte de esa pesca termina alimentando circuitos irregulares y mercados clandestinos, lejos de los objetivos de desarrollo que argumenta el justificado reclamo social provincial.
Finalmente, el problema va más allá del simple debate sobre la asignación de cuotas: se trata de un entramado que incluye la falta de control, la ausencia de políticas eficientes y la permisividad de prácticas irregulares que distorsionan el mercado y crean desequilibrios que afectan a todo el sector. La situación actual exige una revisión profunda de las políticas pesqueras, en la que se tomen en cuenta tanto las necesidades sociales como los imperativos de legalidad y sostenibilidad a largo plazo.
