En un contexto económico signado por la fragilidad de las pequeñas y medianas empresas, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha manifestado una seria y fundada preocupación por el rumbo que ha tomado una porción significativa de la justicia laboral en la provincia de Buenos Aires. Sentencias judiciales de dudoso sustento legal y arbitrariamente infladas, afirman desde la central obrera, no solo atentan contra la previsibilidad jurídica, sino que se han convertido en una amenaza directa a la continuidad de numerosas unidades productivas y, en consecuencia, al sostenimiento del empleo formal.
En contraposición a esta dinámica alarmante, la CGT destaca la eficacia de los mecanismos de conciliación administrativa en sede del Ministerio de Trabajo, que en más del 90% de los casos permiten resolver los conflictos laborales mediante acuerdos razonables y homologados. Estos acuerdos, que suelen reconocer entre el 70% y el 80% de los montos reclamados por los trabajadores, se encuadran rigurosamente en los parámetros de la Ley de Contrato de Trabajo, respetando tanto los derechos del empleado como la viabilidad económica del empleador.
La central sindical valora la institucionalización de este modelo como una herramienta efectiva para resolver litigios sin la intervención de la justicia ordinaria, donde, a su juicio, se ha enquistado una práctica judicial que, lejos de buscar justicia social, parece perseguir fines ajenos al espíritu de la normativa laboral. En efecto, preocupa que muchos tribunales de trabajo impongan actualizaciones indemnizatorias desproporcionadas, utilizando índices sin anclaje legal ni sustento en la evolución salarial real del sector, con el resultado nocivo de sentencias impagables que precipitan la quiebra de pymes.
Un caso reciente expone con crudeza la dimensión de este problema: el Tribunal del Trabajo N°2 de La Plata dictó una sentencia que fijó una indemnización de 350 millones de pesos por una relación laboral de apenas cinco años. La empresa involucrada, una fábrica de baterías, ha comunicado que no podrá afrontar el pago y procederá al cierre. Para la CGT, este tipo de fallos no solo se aparta de toda lógica indemnizatoria, sino que también configura una práctica judicial que favorece la destrucción del tejido productivo y fomenta una peligrosa «industria del juicio«.
En el ámbito pesquero, se conocen casos de indemnizaciones por accidentes de trabajo de más de 1.000 millones de pesos, lo que pone en jaque la sustentabilidad de la empresa por ser solidariamente responsable a la ART.
En ese marco, el respaldo sindical al proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo provincial —que plantea la implementación obligatoria de una instancia de Conciliación Laboral Prejudicial (ICLOP), inspirada en el sistema Seclo que rige con eficacia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— se vuelve estratégico. Este dispositivo, entienden desde Azopardo, permitiría descomprimir los tribunales laborales, contener los abusos procesales, garantizar una reparación justa para los trabajadores y preservar a la vez la sustentabilidad económica de las empresas.
Lejos de constituir un retroceso en los derechos laborales, la propuesta persigue devolver equilibrio a un sistema distorsionado, donde en demasiadas ocasiones el afán recaudatorio —vía honorarios excesivos y fallos desmedidos— ha desplazado al principio de razonabilidad jurídica.
“Los acuerdos administrativos respetan el marco legal vigente y ajustan las cifras a la evolución salarial, sin incurrir en fórmulas matemáticas extravagantes o ajenas a la realidad económica”, sostienen voceros de la CGT que conocen de cerca el funcionamiento del mecanismo. Y advierten: “Seguir alimentando un sistema judicial impredecible y punitivo solo acelerará la destrucción del empleo formal y la desaparición de empresas”.
En tiempos donde la estabilidad laboral y el equilibrio económico son bienes escasos y vulnerables, resulta imperioso repensar el sistema de resolución de conflictos laborales bajo una lógica que combine justicia, razonabilidad y sustentabilidad. La CGT, en un gesto poco frecuente, levanta la voz no sólo para defender los derechos de los trabajadores, sino también para preservar las condiciones mínimas que garanticen su empleo. La advertencia no es menor: el colapso judicial laboral puede ser, si no se corrige a tiempo, el prólogo de una crisis aún más profunda.
