La reciente aprobación de la cuotificación de la merluza hubbsi hasta el año 2039 ha sido celebrada como un logro trascendental por las cámaras empresariales que integran el sector pesquero. Sin embargo, no todo es armonía en el horizonte de la industria: el incremento del Derecho Único de Extracción (DUE), sancionado por el Consejo Federal Pesquero, ha desatado un aluvión de críticas que amenaza con empañar los avances alcanzados. El sector pesquero entre elogios y críticas analiza el impacto tributario en la redistribución de la merluza hubbsi.
Desde Intercámaras, el núcleo que reúne a las principales entidades empresariales del sector, el mensaje ha sido claro: “Es un incremento de impuestos que el sector pesquero no está en condiciones de soportar ”, señalaron con firmeza. La agrupación, que incluye organizaciones de renombre como CAPECA, CAIPA, CAPIP, CEPA y AEPCyF, entre otras, emitió un comunicado que celebra la distribución de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) pero advierte sobre los efectos adversos del nuevo esquema tributario del Derecho Único de Extracción.
El anuncio sobre la renovación de las CITC fue recibido con optimismo y alivio por el sector. En palabras de Intercámaras: “Celebramos y agradecemos la renovación de las CITC para la especie merluza común por parte del Consejo Federal Pesquero. Con esa decisión, se da fin a la incertidumbre que se había creado por el vencimiento de las cuotas de captura el 31 de diciembre de 2024 ”.
La importancia de este avance radica en que otorga previsibilidad y estabilidad jurídica a una industria crucial para la economía nacional. “La finalización del proceso de redistribución de Cuotas Individuales Transferibles de Captura otorga previsibilidad y seguridad jurídica y nos da las bases para seguir trabajando en el crecimiento y desarrollo del sector pesquero argentino ”, destacaron.
No obstante, la alegría no fue completa. El ajuste en los valores del DUE, aprobado recientemente, generó una fuerte oposición. Desde el punto de vista empresarial, este incremento compromete gravemente la competitividad y la viabilidad de las operaciones pesqueras.
“El incremento de los DUE, sin una revisión integral de la estructura impositiva del sector, genera una distorsión en la competencia y desalienta la inversión”, alertaron desde Intercámaras. Para las entidades, esta medida no puede analizarse de manera aislada, sino en el contexto de una estructura impositiva que consideran excesiva y perjudicial para la industria exportadora.
Además, insistieron en que resulta imperativo implementar políticas fiscales más equilibradas que promuevan un desarrollo sostenible. “Es necesario implementar políticas fiscales que promuevan el desarrollo sostenible de la industria pesquera”, remarcaron, dejando claro que cualquier medida impositiva debe ir acompañada de una reducción en los costos y gravámenes distorsivos que afectan al sector.
La aprobación de la cuotificación hasta 2039 marca un evento sustancialmente positivo en la trayectoria de la industria pesquera, otorgándole previsibilidad y fortaleciendo sus bases. Sin embargo, las tensiones provocadas por el aumento del DUE evidencian que aún quedan desafíos importantes por resolver para garantizar un crecimiento sostenible y equilibrado.
El sector pesquero parece estar navegando entre aguas tranquilas y turbulentas, en un delicado equilibrio donde los logros y las críticas conviven. La pregunta que queda flotando es: ¿podrán los actores encontrar un puerto común que asegure tanto la competitividad como el desarrollo a largo plazo?.
Sin caer en un entelequia matemática, el sector pesquero argentino ha sido sometido a un régimen tributario desmesuradamente gravoso, en el que derechos de asignación, onerosos derechos de extracción y elevados tributos a la exportación convergen para configurar una carga fiscal insostenible. En este esquema, en los primeros tres años, el 9,1% de lo exportado se desvía directamente a las arcas nacionales, erosionando significativamente la capacidad del sector privado para acometer nuevas inversiones, renovar flotas y sostener la tradicional reinversión que durante un siglo ha caracterizado a esta actividad estratégica. Se trata, en esencia, de una transferencia de recursos del ámbito privado al público, sin que el Estado ofrezca una contraprestación tangible o proporcional que justifique el sacrificio impuesto.
