En su fallo, el juez determinó que Red Chamber Argentina S.A. debe asumir las responsabilidades patrimoniales derivadas de las posibles condenas a favor de los empleados de la desaparecida empresa pesquera, sin involucrar a la Provincia de Chubut.
Este fallo se basa en un dictamen del Ministerio Público Fiscal que establece que Red Chamber Argentina no puede citar a la provincia como responsable ni intentar repetir una eventual condena sobre el Comité de Administración de los Bienes de Alpesca, creado por el Decreto 180/14. La decisión judicial aclara que la Provincia de Chubut no tendrá ningún tipo de participación en este conflicto laboral.
El Dr. Nicolás Schick, abogado de los ex trabajadores de Alpesca, calificó esta resolución como «un paso positivo muy importante» en la búsqueda de justicia para los empleados que, tras el cierre de la empresa, quedaron sin recibir sus indemnizaciones.
Schick afirmó que el objetivo de la acción judicial es que Red Chamber asuma el pasivo de la antigua empresa y pague a todos los trabajadores que aún esperan su compensación. Además, destacó que algunos empleados fueron contratados en condiciones fraudulentas, sin que se les reconociera su antigüedad real.
El letrado subrayó que la resolución da por hecho que la expropiación de Alpesca fue una maniobra de simulación para beneficiar a Red Chamber, permitiéndole continuar con la explotación de los activos sin hacerse cargo del pasivo laboral. «La intención primaria de la empresa norteamericana fue que la Provincia de Chubut asumiera sus deudas laborales, pero la Justicia dejó en claro que, frente a una eventual condena, Red Chambers será la única obligada a pagar«, explicó Schick.
Cuando Alpesca cerró sus puertas, aproximadamente 1.800 trabajadores quedaron en una situación vulnerable, sin recibir asesoramiento ni notificaciones sobre sus derechos. En este contexto, Schick enfatizó que Red Chamber, una empresa dedicada a la pesca, estaba plenamente consciente de las actividades de Alpesca y no puede eludir las obligaciones laborales que implicaba la adquisición de sus activos.
«Red Chamber utilizó las mismas plantas, permisos de pesca y buques de Alpesca, contratando selectivamente y de manera discriminatoria a ciertos empleados«, denunció Schick, subrayando que la empresa solo explotó los activos para su beneficio, evadiendo el pago de los pasivos laborales.
También cuestionó el rol del Sindicato de la Industria de la Alimentación, que participó en un convenio firmado el 27 de diciembre de 2023. Según el abogado, este acuerdo consintió actos discriminatorios que afectaron los derechos de los afiliados y demandantes ante la justicia. El sindicato no respetó los derechos individuales de los trabajadores, quienes fueron segregados, exacerbando aún más la situación de vulnerabilidad en la que ya se encontraban.
El abogado concluyó que la supuesta expropiación de Alpesca, que fue aprobada por una ley provincial y no por un decreto, nunca se concretó. Por lo tanto, no corresponde que el Estado provincial asuma las cargas o deudas de Red Chamber, una empresa que, según Schick, tiene la capacidad financiera para responder por los trabajadores.
La justicia del trabajo ha comenzado a poner límites claros, señalando que los derechos de los empleados son irrenunciables y deben ser respetados, independientemente de los intereses empresariales o políticos que puedan estar en juego.
Ahora, el proceso continuará con nuevas acciones que buscarán asegurar que la empresa responda por las deudas acumuladas, mientras los ex trabajadores de Alpesca siguen luchando por el reconocimiento de sus derechos y las indemnizaciones que les corresponden por ley.
