Desde hace al menos dos años, la actividad pesquera argentina navega en un estado de defensiva permanente, obligada a destinar energía y recursos no al desarrollo ni a la innovación, sino a su propia supervivencia. En lugar de enfocarse en la competitividad, en la optimización de procesos o en el acceso a nuevos mercados, gran parte del esfuerzo sectorial se diluyó en disputas por la redistribución de cuotas de merluza, en negociaciones estériles y en la defensa de derechos históricamente adquiridos. Mientras tanto, y en silencio, avanzaron reformas impositivas regresivas, aumentaron a la estratósfera los derechos de extracción y se profundizó la indiferencia del Estado frente a una estructura de costos que ya resultaba asfixiante incluso antes de la crisis macroeconómica.
Hoy, el sector comienza a pagar las consecuencias de haber sido empujado a ese estado de reacción continua: balances apretados, márgenes mínimos y una creciente tensión en torno a la sustentabilidad económica de las flotas merluceras y langostineras. Apenas sostenido por un “veranito” de buenos rendimientos en la pesca de calamar, el sistema vuelve a desviarse de discusiones estratégicas, mientras se reinstala en el Congreso un proyecto de Ley de Trazabilidad que, bajo el argumento de la transparencia y la trazabilidad internacional, introduce un modelo burocrático de gestión alejado de las verdaderas necesidades productivas.
Lo más preocupante es que esta nueva avanzada cuenta con impulso político desde la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, presidida por dirigentes cuya experiencia se limita al agro continental, y que desconocen por completo las particularidades de la pesca marítima.
El resultado es previsible: se busca imponer un sistema centralizado, costoso y duplicador de controles, desoyendo la existencia de herramientas ya operativas como el SiFIPA. Este nuevo intento de regimentar la trazabilidad pesquera no solo amenaza con entorpecer la operatoria cotidiana, sino que avanza sobre la esencia misma del modelo productivo, marginando al sector privado en el diseño de las políticas que lo afectan.
En este contexto, resulta paradójico que mientras el gobierno nacional promueve un modelo de desregulación, simplificación y eficiencia administrativa, la pesca deba enfrentarse a una oleada inversa, impulsada desde sectores subnacionales y ONG ambientalistas, que buscan reinstalar viejas lógicas de control estatal rígido y verticalista. Dormirse ante esta coyuntura sería un error costoso: lo que está en juego no es solo un mecanismo de trazabilidad, sino la capacidad misma del sector para definir su futuro sin ser asfixiado por quienes lo miran desde la orilla, sin conocer lo que pasa en el mar.
Con el impulso de ONG ambientalistas, sectores del SENASA y senadores con fuertes vínculos a la actividad pesquera de sus provincias, se busca reinstalar un proyecto de ley de trazabilidad pesquera nacional que, más que ordenar, amenaza con duplicar funciones, burocratizar procesos y entorpecer la operatoria de la flota nacional.
Aunque la reciente caída del proyecto de trazabilidad en el Senado por falta de quórum hacia fines del año pasado cuando pareció marcar una pausa, los sectores impulsores ya se reactivaron. La comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso ha sido el escenario ideal para que legisladores con intereses provinciales, especialmente ligados a Chubut, presionen por una norma que, bajo la excusa de alinearse a exigencias internacionales, apunta a imponer nuevos niveles de control sobre una industria que ya cuenta con herramientas eficaces como el sistema SiFIPA dependiente de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera.
El el video oficial de la renovación de autoridades, se percibió el espíritu de lo que será un nuevo embate hacia el sector pesquero. Duplicar métodos de trazabilidad, control y fiscalización en un certero ataque para deslindar a la DNCyFP la autoridad de aplicación y otros actores, en el marco de una Ley Nacional de Trazabilidad puedan tener mayor participación embebidos con ambientalismo y sus claras intenciones proteccionistas. Así empezó España, y hoy pescar es un acto casi revolucionario contra el poder de Luxemburgo.
SiFIPA: un sistema en funcionamiento, no un vacío normativo
El sistema SiFIPA (Sistema Federal de Información de Pesca y Acuicultura), implementado por la Subsecretaría de Pesca de la Nación, ya garantiza trazabilidad desde el primer eslabón productivo. Es cierto que podrían fortalecerse los controles en muelle, pero ese no es el foco de los nuevos proyectos. Lo que se plantea, en cambio, es una estructura normativa paralela, con superposición de autoridades, duplicación de registros y una burocracia que puede derivar en trabas operativas innecesarias y aun mayores a la que hoy pisa el dinamismo de la actividad pesquera.
La propuesta de imponer una ley nacional única, con un sistema centralizado de trazabilidad, ignora las capacidades ya desplegadas por el SiFIPA y responde más a una estrategia de posicionamiento político y territorial —especialmente desde Chubut— que a una necesidad técnica real. El riesgo es claro: lo que se presenta como un avance hacia la transparencia puede convertirse en un laberinto de actos administrativos, validaciones cruzadas y fiscalizaciones redundantes, que impactarán directamente en la productividad, dinamismo y competitividad del sector.
¿Trazabilidad o herramienta de presión política?
Bajo el pretexto de cumplir recomendaciones multilaterales —como las promovidas por FAO u otras organizaciones no gubernamentales que buscan mayor protagonismo que entidades oficiales de control— se promueve una normativa que busca centralizar decisiones, ampliar el margen de intervención de organismos como SENASA y darle a las provincias un rol extendido en aguas nacionales. Esto rompe con el principio de unidad jurisdiccional en zonas donde ya existen marcos operativos claros, acordados y funcionales.
Además, se enarbola un discurso que confunde trazabilidad con control absoluto. Las recomendaciones internacionales, si bien sugieren sistemas integrados, no exigen marcos únicos, ni mucho menos un modelo de verticalismo regulatorio. Argentina, con el SiFIPA, ha demostrado que puede avanzar hacia la trazabilidad sin sacrificar eficiencia ni autonomía operativa. Argentina goza de un Certificado de Captura Legal reconocido a nivel mundial en forma electronica siendo pionero de este modelo.
Una agenda con rostro ambiental y cuerpo político
El trasfondo de esta avanzada es evidente: no se trata solo de mejorar el rastreo de los productos pesqueros. Se trata de una puja por el control político y regulatorio del sector, donde algunas provincias con activa representación en el Congreso, busca proyectar su poder más allá de su jurisdicción, incidiendo sobre aguas nacionales y condicionando a la flota que opera desde otros puertos.
En lugar de fortalecer lo que funciona, se insiste en crear nuevos organismos, más formularios, más verificaciones, y una estructura que, lejos de beneficiar al consumidor, al ambiente y fundamentalmente a la actividad pesquera toda, ralentiza al productor, encarece la operatoria y duplica actos administrativos.
Conclusión: orden sí, asfixia no
La pesca necesita control, sin dudas, y eso se marca desde la llegada del nuevo Director Nacional de Pesca, Dr. Arturo Idoyaga Molina, pero también previsibilidad, agilidad y competitividad. Una ley nacional que imponga nuevos requisitos sin consensos sectoriales reales ni participación del sector pesquero, ni diagnósticos operativos actualizados solo servirá para obstaculizar. En un contexto global donde la trazabilidad es una demanda creciente, Argentina ya cuenta con una base sólida. Lo que falta no es más papel y mucho menos nuevos participantes: es decisión política para aplicar lo que ya existe con eficacia y eficiencia, y sin ceder el rumbo a agendas disfrazadas de ambientalismo que, en el fondo, responden a intereses territoriales, partidarios y sectoriales.
