Con la firma de los gobernadores de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, de Santa Cruz Claudio Vidal, de Chubut Ignacio Torres, Sergio Ziliotto de La Pampa, Rolando Figueroa gobernador del Neuquén y Alberto Weretilneck de Río Negro, se emitió un documento que los pone de algún modo de la vereda de enfrente del gobierno nacional.
Bajo el título “Las Provincias Unidas del Sur”, luego de diversas reuniones, desde el comunicado critican al gobierno de Javier Milei, abriendo un potencial enfrentamiento que podría afectar al sector pesquero y petrolero.
“Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio”, enunciaron.
“Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses.”
“Hoy la provincia del Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Ómnibus.”
“En febrero el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones; más de un tercio de su coparticipación mensual.”
“No es una revancha contra el gobernador del Chubut. Es una afectación a más de 600 mil chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo.”
El duro comunicado, que seguramente traerá consecuencias en el corto y mediano plazo, expresa también a través de lo que firmaron los seis gobernadores:
“También de forma ilegal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica. Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron.”
“Por esa razón la justicia federal, a instancias de una acción promovida por el gobierno del Chubut decretó la ilegalidad de la quita. No se trata de una guerra sino de proteger a los usuarios del transporte que tienen los mismos derechos que los habitantes del AMBA.”
Poniendo foco en la situación chubutense, donde lo único que no escasea son los problemas en distintos focos laborales, el documento añade:
“Ese fallo judicial también explica la represalia de privar a Chubut de sus derechos. Repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador Ignacio Torres y el pueblo del Chubut.”
“No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias.”
“Por esa razón avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen”, indican en lo que es una clara defensa de la provincia chubutense (¿nace un candidato presidencial?).
“Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas.”
“Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas.”
El comunicado concluye con una acusación al gobierno argentino, “acusando” que “es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina.”
Sin dudas es para agudizar la vista sobre el hecho –no sólo en lo puntual del documento- sino porque parece empezar a tejerse una telaraña política que puede ir más allá de un tema puntual que arranca con el petróleo, pero bien podría atribuirse a otros participantes de mayor peso con la mirada en 2025 y 2027.
Quien se hizo escuchar sobre el tema fue la Ministra de Seguridad –y presidenta del mismo espacio político que Torres- Patricia Bullrich, criticó duramente los dichos del gobernador, quien expresó públicamente que “si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina y ahí te quiero ver”.
“Ningún miembro del PRO puede estar de acuerdo ni validar la amenaza de confiscar propiedad privada. No solo es obsceno hacer esa amenaza, sino que son afirmaciones que ahuyentan inversiones, la creación de empleo y el progreso de nuestro país. El dilema es simple: o todo sigue igual o abrazamos la libertad y cambiamos”, dijo Bullrich.
Mientras el Ministro del Interior, Guillermo Francos señaló que Torres será responsable de sus acciones y afirmó que «no tiene derecho a cortar el suministro de petróleo, ya que esto es responsabilidad de empresas privadas«. También defendió la reacción de Milei, afirmando que el presidente se siente respaldado por el apoyo electoral y su discurso.
El kirchnerismo salió en defensa de Torres, asegurando que no será encarcelado y respaldando su derecho a luchar por los intereses de su provincia. Oscar Parrilli, el gobernador Axel Kicillof y Leandro Santoro criticaron la postura del Presidente Milei y llamaron a actuar con racionalidad.
Esta fractura política, no sería de relevancia si se tratara de cualquier otra provincia sin competencia pesquera, pero es Chubut y por carácter transitivo toda la Patagonia argentina. Cinco provincias tiene nuestro país con litoral marítimo, cuatro de ellas se plantaron al gobierno nacional. Ahora queda la preocupación latente sobre las posibles consecuencias.
«Si hay un precio que pagar, que cada provincia se haga cargo de su parte; ya de herencias por ineptitudes de funcionarios, como de negocios turbios es demasiado lo que hereda Mar del Plata desde el 2018«, nos adelantó un legendario hombre de la pesca, cuyos inicios en la actividad fueron en la lancha de su padre, en los ’60.
El trasfondo del problema surge en noviembre del año pasado y dos semanas antes del balotaje que consagró presidente a Milei, con Ignacio Torres electo gobernador desde hacía cuatro meses, el Ministro de Economía, Sergio Tomás Massa refinanció al por entonces gobernador Mariano Arcioni, una deuda de Chubut con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional de 120.000 millones de pesos ajustable por CER y pagadero en 12 cuotas, con garantía en la coparticipación y descuentos automáticos.
No bien el actual Presidente de la Nación asume al cargo, Torres intentó, sin éxito, refinanciar esa deuda para evitar un colapso financiero en el segundo trimestre de este año. Las notas emitidas por el gobernador a presidencia datan del 15 de noviembre, el 16 de febrero y una reciente de la semana pasada. Ademas desde la provincia se presentaron esquemas de refinanciacion con el BCRA a 3-5 y 8 años, junto a la posibilidad de ser parte de un nuevo bono de emisión reciente. Según la provincia no hubo respuestas, mientras que desde Nación, informaron que sí. A Chubut se le descontaron $9.000M de la coparticipación, y por eso se desató el escándalo.
Mientras tanto, el BCRA no ha permitido a Chubut reestructurar su deuda. La entidad monetaria argentina tiene reunión de directorio recién este próximo jueves, por lo que la situación es compleja.
Desde el gobierno, el propio Ministro del Interior Guillermo Francos a través de su cuenta X, visualizó públicamente la respuesta oficial, con lo cual se espera una bajada importante de línea para llegar a un punto de equilibrio, quedando de relieve nuevamente la ineficiencia del Estado, aún por una simple comunicación.
