Los fiscales Lucas Colla y María Alejandra Mángano, del Ministerio Público Fiscal (MPF), solicitaron que la justicia española lleve adelante el juicio contra el capitán del BP Loitador de bandera Española con puerto base en Vigo, acusado de explotación laboral. El hombre, de 57 años, había sido detenido en España tras una investigación iniciada en Argentina en 2017.
La causa comenzó cuando la Prefectura Naval Argentina (PNA) evacuó a un marinero senegalés en estado crítico desde un buque que navegaba a 135 millas de Puerto Deseado, Santa Cruz. El tripulante, rescatado en coma, declaró luego ante la justicia que trabajaba hasta 22 horas por día, los siete días de la semana, en condiciones insalubres, con alimentación insuficiente, sin vestimenta adecuada y percibiendo un salario muy por debajo de los estándares internacionales.
Estas declaraciones permitieron avanzar sobre la hipótesis de trata de personas con fines de explotación laboral.
En febrero de 2024, el Juzgado Federal de Caleta Olivia citó a indagatoria al capitán, y en junio INTERPOL emitió una notificación azul para reunir información. Gracias a los aportes de las oficinas de Madrid y Montevideo, se confirmó la identidad del acusado y se avanzó hacia una notificación roja.
El 13 de noviembre, se ordenó formalmente su detención e impulsó, a pedido del MPF, la emisión de la alerta roja de INTERPOL. El 18 de diciembre, las autoridades españolas concretaron el arresto y, dos días más tarde, la justicia argentina requirió a la Cancillería gestionar la extradición ante España.
Sin embargo, en junio de 2025, la Audiencia Nacional española rechazó la extradición, amparándose en el artículo 7 inciso 2 del Tratado de Extradición bilateral, que impide entregar a nacionales. Aun así, la propia resolución dejó abierta la posibilidad de que el juicio se lleve a cabo en territorio español.
Los fiscales Colla y Mángano, con la colaboración de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI), destacaron que la obligación internacional de combatir la trata de personas justifica la cesión de jurisdicción a España. Subrayaron que, si bien en Argentina las pruebas estarían mejor resguardadas, el delito fue cometido en un buque español por un ciudadano sin vínculos con el país.
En su dictamen citaron el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal, que establece que, si un Estado no concede la extradición por nacionalidad, debe someter el caso a sus propios tribunales. Por ello, recomendaron al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino que invite formalmente a España a proseguir con la investigación.
El MPF insistió en mantener la notificación roja de INTERPOL para asegurar la posibilidad de que el acusado pueda ser detenido en un tercer país con convenio de extradición.
Los fiscales remarcaron que la trata de personas constituye una violación grave a los derechos humanos y genera enormes ganancias ilícitas a nivel global. En ese sentido, vincularon la investigación con compromisos asumidos en el Protocolo de Palermo y otros tratados internacionales de derechos humanos y de la OIT.
“El compromiso de los Estados frente a la trata no sólo implica desmantelar redes criminales, sino garantizar la dignidad, la libertad y la integridad de las víctimas”, señalaron en el escrito.
Con esta presentación, la justicia argentina busca que España continúe el proceso judicial contra el capitán, al tiempo que se mantienen activas las medidas de cooperación internacional. Para el MPF, este caso representa un ejemplo de coordinación transnacional en la lucha contra la explotación laboral en alta mar.