En un acontecimiento que ha sacudido al sector pesquero en Puerto Rawson, más de 45 empresas y personas vinculadas a la industria fueron obligadas a regularizar sus deudas fiscales ante la AFIP, acumuladas entre los años 2016 y 2020. El monto adeudado, exclusivamente en capital, asciende a 1.500 millones de pesos, sin incluir intereses, siendo sin dudas solo una parte muy menor de la actividad ilícita impulsada en esos años. Este proceso de regularización se desencadenó tras una investigación iniciada por la justicia federal, motivada por una denuncia anónima presentada en 2020 por el exministro Federico Massoni.
La investigación, encabezada por el fiscal federal Fernando Gélvez, según lo dado a conocer por el medio ADN Sur, reveló un sofisticado esquema de evasión tributaria que incluía la creación de empresas ficticias —conocidas como «usinas» en la jerga del sector—, utilizadas para emitir facturas apócrifas. Este mecanismo permitió a un grupo de empresarios de la Flota Amarilla y de la estiba de Puerto Rawson evadir impuestos como el IVA y el impuesto a las ganancias, al simular contrataciones y gastos inflados entre compañías que en realidad les pertenecían.
En mayo de 2022, la justicia federal y la AFIP realizaron allanamientos clave en Trelew, con el apoyo de la Policía Federal y un equipo de 15 funcionarios de la AFIP especializados en diversas áreas. Se inspeccionaron oficinas de empresas pesqueras, estudios contables y otros establecimientos comerciales, lo que permitió avanzar en la investigación de delitos como la evasión tributaria agravada, apropiación indebida de tributos y la posible constitución de una asociación ilícita además de vinculaciones con cuentas en el exterior, donde los montos podrían multiplicarse en varias decenas.
El proceso de regularización de las deudas se produjo en un contexto propicio, gracias a la sanción de la Ley Bases, que incluye un capítulo dedicado a la regularización de activos. Esta normativa permitió que las empresas y personas físicas implicadas cancelaran sus deudas sin enfrentar acciones penales, ya que la Ley Penal Tributaria establece que el pago de las obligaciones extingue el delito si no se ha iniciado el proceso de declaración indagatoria.
En los últimos meses, 37 empresas y personas físicas regularizaron sus obligaciones fiscales. Entre ellas, 14 cancelaron deudas por un total de 64 millones de pesos, mientras que otras 23 se adhirieron a diferentes regímenes de pago, acumulando una suma de 1.316 millones. Sin embargo, aún quedan pendientes 155 millones de pesos correspondientes a 8 empresas que no han saldado sus deudas, lo que podría derivar en futuras acciones judiciales.
La magnitud de este caso destaca la importancia de la fiscalización en sectores clave de la economía, como la industria pesquera. Si bien el pago de la deuda extingue las responsabilidades penales, resta por ver si la AFIP o las autoridades provinciales tomarán medidas adicionales para recuperar los montos adeudados en concepto de intereses y otros tributos locales.
Este episodio marca un precedente en la lucha contra la evasión fiscal en la región, que solo es una ínfima parte de los hechos que se conocen, donde la implementación de normativas de regularización ha permitido una recaudación significativa, aunque queda por esclarecer si la totalidad de las prácticas irregulares han sido desmanteladas o si, como se presume, nuevos mecanismos fraudulentos siguen operando en la sombra.
