El desguace del BP San Juan I, casco ubicado en el astillero TPA SA, acumula más de dos años de retrasos por obstáculos administrativos, judiciales y la situación concursal de una de las empresas involucradas. En las gradas de TPA, permanecen dos cascos inactivos que ocupan áreas vitales del astillero: el San Juan I y el Euro. Ambos están recostados sobre el varadero y, debido a sus precarias condiciones, el único destino es ser desguazados en el lugar donde se encuentran.
El proceso se inició con la orden del Tribunal el 8 de febrero de 2023. En abril de 2025, el Tribunal intimó a Antonio Barillari SA, Mirabella SRL y TPA SA a informar sobre el estado del desguace. Las empresas respondieron que ya habían recibido intimaciones de Prefectura Naval Argentina en marzo de este año, que exigían detallar los elementos contaminantes de los buques varados en el astillero.
El principal obstáculo administrativo fue la exigencia de PNA de un Volante Electrónico de Pago (VEP) que debía imprimirse con la clave fiscal de Antonio Barillari SA, actualmente suspendida, lo que impidió avanzar con el trámite.
Para intentar destrabar la situación, se solicitó que el VEP se confeccionara con la clave fiscal de Mirabella SRL. Sin embargo, la firma entró en concurso preventivo ante el Juzgado de Ejecución Nº 1 de Puerto Madryn, dejando nuevamente inconcluso el desguace del San Juan I.
En mayo de 2025, ante este panorama, las empresas pidieron al Tribunal que oficie a la PNA para autorizar la confección del VEP usando la clave fiscal del propio astillero, con el objetivo de avanzar el desguace y evitar riesgos ambientales, perjuicios económicos y molestias en las instalaciones.
A la fecha, el pago del arancel ya se efectuó: $51.480, abonados el 8 de julio de 2025, y se presentó la constancia de transferencia. Sin embargo, la burocracia aún complica el trámite: acompañaron el comprobante de pago del VEP emitido por la PNA aunque reconocen que no tienen absoluta certeza de que corresponda al arancel específico del desguace, debido a la multiplicidad de operaciones y VEP generados por Mirabella SRL.
Por este motivo, solicitan que se oficie a la PNA y al expediente jurídico, para confirmar y despejar cualquier duda, permitiendo así culminar finalmente el desguace del San Juan I. Tras años de trabas, demoras y obstáculos administrativos, el proceso podría concretarse, poniendo fin a más de dos años de retrasos y riesgos en las gradas del astillero.
Mucho se pregona y aún más se pontifica sobre la tan cacareada “desregulación” de la burocracia administrativa argentina. Sin embargo, como los Derechos de Exportación, la asfixiante presión fiscal y el fervoroso encarecimiento de derechos extractivos, en el ámbito pesquero el panorama permanece tan inmóvil como otros modelos de la desidia retrógrada burocracia administrativa argentina.
Las pruebas son obscenamente visibles: por apenas u$s 40, se exige un vía crucis de papeles inútiles, trámites redundantes, solicitudes estériles, gestiones que naufragan sin destino y un tiempo irrecuperable que se devora el alma productiva del sector. Dos años de trámites burocráticos legales para simplemente cortar un barco inactivo en seco. Un verdadero despropósito.
Cabe igualmente señalar que, en el expediente judicial, se ha incurrido en la reiterada sustitución del término “astillero” por “artillero”, error que, lejos de ser una mera anécdota lingüística, evidencia con crudeza la distancia abismal entre la realidad operativa y la comprensión jurídica de la escritura.
Esta confusión terminológica no solo revela una preocupante falta de conocimiento técnico y de idoneidad profesional, sino que también expone la desconexión estructural entre quienes ejercen la gestión legal y las dinámicas prácticas del sector, debilitando así la solidez y la coherencia del proceso, insistiendo una y otra vez, se actúe bajo la errónea presunción de que no se trata de chapas viejas, oxidadas e improductivas, sino de una supuesta unidad naval con valor comercial y jurídico, ficción que distorsiona la verdad material y prolonga absurdamente un litigio carente de sustento real. (pasa con muchas unidades inactivas e interdictas que ocupan valioso lugar en los muelles marplatenses siendo consideradas para la justicia de valor comercial).
Porque si bien el saber no ocupa lugar, la preocupación sí —y pesa como plomo en quienes se aferran a ser cada dia mas eficientes al comando de sus empresas—, de modo que en lugar de pensar en crecer, optimizar recursos, innovar y consagrarse a la gestión tecnológica de nuevos proyectos, el empresario se ve arrastrado al pantano de la tramitomanía y papelería improductiva.
Todo para justificar, con un descaro que insulta la inteligencia, decenas de puestos de trabajo estatal destinados a entorpecer el trabajo de quienes intentan producir en una sociedad adaptada a lo opuesto, ocupando escritorios y voluntades, mientras el país se hunde en su propia ineficiencia.
Por cierto se cumple un antiguo viejo axioma que dice «nihil novum sub sole» (nada nuevo bajo el sol), en pleno siglo XXI.
