En la reciente sesión del Consejo Federal Pesquero (CFP), llevada a cabo este jueves pasado, se aprobó una controvertida medida con una votación que evidenció claras divisiones internas.
La propuesta recibió el respaldo del presidente del organismo, de los representantes del Poder Ejecutivo Nacional y de las provincias de Santa Cruz y Río Negro. No obstante, esta no fue una decisión unánime: los representantes de Buenos Aires y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresaron su disconformidad votando por la negativa, mientras que el delegado de Chubut optó por la abstención.
La medida en cuestión fue objeto de una fuerte crítica por parte de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAPIP), seguidamente, subrayó que la decisión se adoptó sin la intervención y el debate previos en el seno de la Comisión de Seguimiento de la Pesquería de Langostino, un órgano fundamental para la evaluación y deliberación de tales decisiones, donde se unifican criterios entre consejeros representantes de todo el sector nacional y provincial, junto a los representantes de las Cámaras empresarias y bajo el manto del programa de langostino (crustáceos) del INIDEP.
La Cámara argumenta que esta omisión constituye una falta de procedimiento adecuado y transparencia en la toma de decisiones que impactan significativamente en la industria pesquera.
La Cámara que preside Agustín de la Fuente mantiene la misma postura crítica, como oportunamente lo señaló respecto al polémico Fondo de Asignación para el Fomento Productivo (FAFP), creado en diciembre de 2022.
CAPIP advierte que esta concesión extraordinaria de 3.500 toneladas a Río Negro permitirá el ingreso de buques al caladero nacional sin historia de langostino en perjuicio y detrimento de la pesquería.
Además, ha señalado que la medida del CFP de asignar extraordinariamente cuotas de langostino a la provincia de Río Negro, sin haber sido debidamente discutida en la comisión específica, plantea serios interrogantes sobre la equidad y la sustentabilidad de las decisiones adoptadas por el Consejo.
Con este proceder, se pone en tela de juicio la integridad del proceso de gestión de los recursos pesqueros y subraya la necesidad de adoptar un enfoque más riguroso y participativo; pero pone de relieve una forma de operatoria que podría dejar un precedente para otras provincias, e incluso otras especies, habida cuenta que son varias las provincias del litoral Atlántico con problemas de índole social.
La asignación de recursos pesqueros, especialmente de especies tan relevantes como el langostino, debe ser resultado de un proceso transparente y colaborativo que incluya a todas las partes interesadas. La falta de debate previo en la Comisión de Seguimiento no solo mina la confianza en las decisiones del CFP, sino que también podría tener implicaciones negativas para la sostenibilidad de las pesquerías.
Es menester destacar, que es esencial un proceso que garantice que todas las decisiones sean tomadas con base en evaluaciones científicas robustas y en un marco de transparencia y equidad, asegurando así la conservación de los recursos pesqueros y la prosperidad a largo plazo de la industria.
Sin ir más lejos, en la propia Comisión de Seguimiento de langostino, reunida el día 17 de mayo próspero pasado, el titular de Santa Cruz, el experimentado Ricardo Patterson ya aclaró que si bien no van a solicitar la apertura del Golfo San Jorge, la decisión de la petrolera YPF de abandonar pozos maduros en la parte norte de su provincia, dejó un escenario social preocupante, lo que deja de antesala abierta la posibilidad de solicitar en el propio seno del CFP, -ya que es el segundo año consecutivo que desde el INIDEP, se argumenta en base a estudios de seguimiento y campañas de la especie langostino, la equilibrada y creciente biomasa en todas las cohortes con proyección de madurez para el año 2024 y el próximo entrante-; como así también, de la especie merluza, justamente en instancias previas a su futura cuotificación donde las provincias, tendrán un rol participativo fundamental de no poner límites dentro de la administración nacional.
Esta medida pone de relieve la importancia de fortalecer los mecanismos de gobernanza en la gestión de los recursos pesqueros del mar argentino. La capacidad de estos mecanismos para integrar adecuadamente la ciencia, las políticas y la participación de la industria es vital para el futuro del sector pesquero. En momentos en que la sostenibilidad de los recursos naturales se vuelve cada vez más crítica, y ante un inminente escenario social recesivo y conflictivo donde las provincias jugaran un rol importante en el marco de la cuotificación de la merluza, es imperativo que las decisiones sean tomadas con el mayor rigor y responsabilidad, salvaguardando tanto el medio ambiente como los intereses de todas las partes involucradas.
