En los últimos días, el foco de la conversación en Rawson, Madryn y ciertos ámbitos políticos volvió a gravitar sobre la Resolución 690/2025, un acto administrativo que dejó sin efecto un permiso de pesca artesanal de arrastre asociado a una embarcación hundida meses atrás (BP Carlillo, FEB2025), y a posteriores operaciones con otro buque. La decisión reactivó un clima de análisis que ya se venía escuchando en muelles, oficinas y por lo bajo, hasta pasillos de Paseo Colón, donde el sector acostumbra testear la evolución del tablero político pesquero.
El acto, lejos de quedar encapsulado en un trámite burocrático, abrió interrogantes sobre su eventual vínculo con los acuerdos que la Provincia viene negociando con compañías interesadas en consolidar presencia industrial. Algunas fuentes recordaron que la firma que administró Alpesca por un breve lapso habría retomado conversaciones con el Gobierno, lo que activó la hipótesis de que el permiso revocado podría ser redirigido a una licitación formal. En los sectores técnicos no sólo consideran esa alternativa razonable: la describen como necesaria si se pretende evitar nuevos fracasos jurídico-administrativos en un territorio que ya arrastra suficientes antecedentes.
El Gobierno, por su parte, asegura que el capítulo anterior está cerrado y que existe un entendimiento avanzado con la empresa interesada en operar en la región. Pero otras versiones, nacidas fuera del ecosistema pesquero, advierten que hay puntos pendientes vinculados a permisos, cuotas, regularización fiscal y localización portuaria. El clima es de negociación abierta, y la temporada, ya iniciada, obliga a resolver con mayor celeridad que discreción.
A esto se suma un frente subterráneo que volvió a emerger con fuerza: los permisos VACOPA y su conversión automática en permisos de la Flota Amarilla durante la reforma legislativa de 2022. La incorporación de cinco permisos largamente prorrogados, más un sexto creado sin mayores explicaciones, conforma un paquete que sectores del ámbito pesquero califican desde hace tiempo como el verdadero núcleo del problema. Para quienes siguen el derrotero normativo, ya no se trata de analizar siete permisos recientes, sino los doce que hoy conforman un conjunto difícil de justificar en su evolución histórica. El origen experimental de los VACOPA, su falta de resultados técnicos verificables y su continuidad operativa tras haber sido dados de baja en 2012 son elementos que fortalecen la idea de que la política pesquera provincial cargó sobre sí misma una deuda regulatoria que sigue sin saldarse.
En este escenario, tomó cuerpo una idea que hasta hace poco era apenas un murmullo político, avanzar hacia un sistema de “transparencia” para la pesca, que impediría la tenencia, renovación o transferencia de permisos provinciales a empresas cuyos accionistas registren condenas en primera instancia por delitos tributarios o económicos. La propuesta —hoy en estudio— constituye, según fuentes oficiales, una herramienta para cerrar el paso a estructuras empresariales con conflictos judiciales activos, y forma parte de un replanteo mayor orientado a blindar la integridad institucional del sector. Se trataría de evitar que la conflictividad judicial vuelva a derramarse sobre la política pesquera, como ocurrió repetidamente en los últimos años.
El frente político tampoco se encuentra en calma. Circulan borradores de reforma que incluyen una reconfiguración completa del gabinete con menos ministerios, menos cargos políticos y una estructura más comprimida, donde Pesca pasaría a ser una dependencia dentro de un superministerio de Economía, junto con áreas de alto peso estratégico. La intención, según trascendidos, es superar un funcionamiento fragmentado que durante años generó superposiciones, vacíos y zonas grises. El movimiento ya genera tensiones internas, nombres en danza y un anticipo de disputas que podrían intensificarse en las próximas semanas. Por el momento todo es un gran croquis previo a un posible reperfilamiento administrativo gerencial.
Tampoco la Legislatura está ajena a este clima; la fallida interpelación al titular de Pesca elevó la tensión política y abrió paso a pedidos de información más contundentes sobre los acuerdos firmados en torno a la ex Alpesca, las responsabilidades económicas asumidas y los términos bajo los cuales las empresas involucradas operaron durante los meses de transición. No son pocos los que sostienen que el caso dejó demasiadas capas sin aclarar y que constituye, en efecto, un punto de inflexión para el diseño futuro de la política pesquera provincial.
Mientras tanto, el mercado observa con prudente inquietud. Se estima que este tipo de permisos tienen valores millonarios y circulan en un escenario donde la falta de claridad normativa favorece la especulación más que la inversión estable. El dato inquietante es que, pese a la trascendencia económica y al historial que motivó debates públicos, no existieron aún intervenciones judiciales de oficio orientadas a revisar la evolución completa de estos permisos, lo que para algunos especialistas configura una anomalía difícil de soslayar.
Aun con todo este trasfondo, la actividad no se detiene. Las embarcaciones salen, los muelles se mueven y la temporada sigue su curso. Pero el clima general es otro; una combinación de expectativa, cautela y desconfianza, donde cada paso administrativo se convierte en un mensaje político y cada omisión alimenta interpretaciones. En lo operativo, hay un importante cuello de botella en la industria manufacturera del complejo langostinero chubutense, es que gracias a las nuevas incorporaciones de buques con mayor capacidad de carga, hay 11.000 cajas más por día para la descarga en Rawson. No es poco, y desequilibra la cadena productiva, además de aumentar la oferta con su agravante internacional. La pesca del Chubut vuelve a situarse, una vez más, en un punto crítico, un cruce donde la historia normativa, las tensiones económicas y el reordenamiento institucional determinan el rumbo inmediato de una actividad que no admite improvisaciones como las de los últimos días.
