La Organización Mundial del Comercio autorizó una primera serie de aportes destinados a países en desarrollo y menos adelantados, consolidando la puesta en marcha del acuerdo global que busca limitar subsidios dañinos y fortalecer la pesca sostenible.
Argentina ratificó el 22 de julio de 2025 el Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca. Se trata de un compromiso clave para frenar los subsidios que permiten o incentivan prácticas como la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), así como la sobreexplotación de recursos marinos.
Ese proceso culminó el 16 de septiembre de 2025, cuando el acuerdo finalmente entró en vigor a nivel global. Desde entonces comenzó la etapa operativa: la aplicación efectiva por parte de cada país y la puesta en marcha del mecanismo de financiamiento que acompañaría la transición.
En su reunión del 18 y 19 de noviembre, el Comité Directivo del Fondo para la Pesca de la OMC aprobó 26 proyectos por un total de USD 2,9 millones, destinados a asistir a países en desarrollo y países menos adelantados en la implementación de las nuevas obligaciones del acuerdo.
El Fondo —conocido como Fish Fund— cumple así su mandato pleno tras la entrada en vigor del tratado, permitiendo financiar medidas técnicas, administrativas, de monitoreo, e iniciativas nacionales para reconvertir políticas de subsidios consideradas perjudiciales.
Además, el Comité Directivo confirmó que a comienzos de 2026 se abrirá una segunda convocatoria para la presentación de nuevas solicitudes de financiamiento.
“Una herramienta esencial para proteger los recursos marinos”
Durante la apertura de la sesión, la Subdirectora General de la OMC, Jennifer DJ Nordquist, remarcó que el Fondo es el instrumento concreto que la comunidad internacional prometió para acompañar a los países miembros.
Según destacó: “La fragilidad de los recursos marinos hace que las decisiones del Comité sean más importantes que nunca. Los proyectos aprobados tendrán un impacto directo y positivo en la gestión sostenible de las poblaciones de peces”.
Nordquist también agradeció los aportes voluntarios de los países donantes y celebró la activa participación de los miembros en desarrollo al presentar propuestas para fortalecer la implementación del acuerdo.
Cómo funciona el Fondo para la Pesca
Creado bajo el Artículo 7 del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, el Fish Fund está dirigido exclusivamente a los países en desarrollo y a los países menos adelantados que hayan ratificado el tratado. Su objetivo es brindar asistencia financiera y técnica para adecuar legislaciones, sistemas de monitoreo, estructuras administrativas y marcos de control a las nuevas obligaciones internacionales.
El mecanismo opera en estrecha articulación con organismos especializados, entre ellos la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Mundial, lo que permite una asistencia integral que combina experiencia técnica, apoyo institucional y financiamiento para fortalecer la sostenibilidad de las políticas pesqueras.
Esa cooperación internacional es clave para garantizar que los países cuenten con las capacidades necesarias para consolidar la implementación del acuerdo sin afectar el desarrollo de sus sectores productivos.
Desde su creación, el Fish Fund ha recibido contribuciones voluntarias de un grupo amplio de países: Australia, Canadá, Unión Europea, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Japón, República de Corea, Liechtenstein, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.
En total, el Fondo cuenta con más de USD 18 millones entre depósitos, compromisos y promesas de aportes.
El Comité Directivo está integrado por 16 miembros, representando a donantes y beneficiarios: Australia, Barbados, Canadá, Francia, Gambia, Alemania, Haití, Islandia, Japón, Mauricio, Países Bajos, Perú, Filipinas, Seychelles, Sierra Leona y España.
Para Argentina, que avanzó temprano en la ratificación en julio de 2025, el acuerdo supone un estándar internacional que coincide con sus propios esfuerzos de control, vigilancia y uso responsable de los recursos del Atlántico Sudoccidental.
