La Organización Internacional del trabajo publicó en su sitio web un trabajo denominado “Trabajo decente en los sectores pesca y acuicultura en América Latina y el Caribe.
El estudio fue realizado por la organización intergubernamental latinoamericana “Infopesca”, la cual está constituida por países miembros, cuya sede se encuentra en la capital uruguaya de Montevideo, contando con un equipo permanente y multidisciplinario.
La organización tiene competencia en los sectores de Estrategias de Desarrollo, de Producción, de Tecnología de Procesamiento, de Inspección y Control de Calidad y de Comercialización de los productos pesqueros y acuícolas.
El estudio posibilitó ver la evolución del trabajo decente en los sectores de la pesca y la acuicultura tanto de nuestro país, como de Colombia, Ecuador, Chile, Perú y Uruguay, en el período que abarca desde el año 2018 hasta el 2022.
Los datos recogidos fueron una exhaustiva búsqueda de fuentes de información oficial, con la finalidad de identificar estadísticas y construir indicadores, donde también se tomaron en consideración otros países tal el caso de Honduras, El Salvador y República Dominicana, donde también se identificó la aplicación de algunas buenas prácticas para el trabajo dentro del marco legal en los sectores que fueron analizados.
Entre los resultados del trabajo en el sector pesquero y acuícola, los investigadores pudieron estimar que el grado de informalidad en los países analizados, va en un rango del 62% al 80%.
“Estos trabajadores no gozan del derecho de contar con un contrato laboral físico y tendrían limitaciones para poder acceder a los mecanismos de protección social como la salud y de seguridad y salud en el trabajo, y en el propio ejercicio de sus derechos laborales”, sostiene Infopesca en el análisis.
En el sector formal de las actividades pesqueras y acuícolas, la contratación laboral tuvo en su conjunto un incremento del 80,8% en el período mencionado (2018-2022), en el que se han destacado Ecuador y Chile con la mayor proporción de contratos totales vigentes de los países analizados.
Asimismo revelaron que las empresas medianas y grandes de los sectores de la pesca pero fundamentalmente la acuicultura, procuran cumplir con las normativas nacionales e internacional vinculadas al trabajo formal, más aún cuando son exigencias de sus propios mercados y certificaciones.
No obstante y a opinión de los trabajadores, debería mejorarse aún el cumplimiento de los derechos laborales, con un especial énfasis en: libertad sindical, negociación colectiva, salud y seguridad en el trabajo, a fin de que puedan ejercer de modo pleno sus derechos laborales.
“Este escenario no se presenta ni en la pesca artesanal ni en la pequeña acuicultura, las cuales, por su capacidad operativa y de gestión, sus condiciones financieras y su alto grado de informalidad, tienen dificultades para cumplir con las exigencias de las normativas laborales y limitaciones para cumplir con todas las normas sectoriales referidas a la obtención de derechos, licencias y certificaciones, así como con las exigencias sanitarias y ambientales de la pesca y la acuicultura”, detalló Efraín Quicaña, especialista en economía rural, desarrollo productivo y formalización de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe y quien coordino el informe al que hacemos referencia.
La propuesta del estudio es impulsar la formulación y puesta en marcha de un marco integrado de políticas con intervenciones innovadoras y efectivas de formalización en el sector pesca y acuicultura con un enfoque de igualdad de género, que promuevan el desarrollo productivo, el empleo y el desarrollo de competencias, la protección social, así como políticas de cumplimiento de derechos laborales e incentivos.
“El marco integrado de políticas deberá considerar las particularidades de la pesca y la acuicultura, y los mecanismos de diálogo social y coordinación interinstitucional, para garantizar un verdadero impacto en la reducción de la informalidad”, es lo que destaca Infopesca.
Una nueva modalidad enfrenta el complejo pesquero y exportador argentino. En reiteradas ocasiones hemos informado sobre el impacto de la pesca extranjera por fuera de la milla 200. Se comparten los mismos mercados internacionales de demanda y consumo, fijan los precios y esas flotas tienen subsidios desde el combustible hasta empresas mixtas de origen estatal, además con un sistema laboral por fuera de convenios internacionales como el OIT C-144.
Ahora en el principal complejo exportador argentino, el langostino está ocurriendo exactamente lo mismo, con el camarón de cultivo de paises como Ecuador, Guatemala, Honduras, México, e incluso fuera de América India, Bangladesh, Vietnam y algunos otros productores menores, La competencia desleal que sufre el sector a la hora de competir hace que la estructura de costos alcance los precios internacionales del producto. Y para el análisis interino, muchos de esos costos se inflan con las variables que más convenga a quienes la aplican, a veces por Tipo de Cambio, otras por IPC y otras por las dudas; haciendo que una actividad termine destruida por completo. (Para muestra, simplemente ver la temporada de langostino en Rawson, insostenible para cualquier emprendimiento, que pone en estado crítico el equilibrio de toda la actividad).
