El Puerto de Concepción del Uruguay se encuentra completamente paralizado desde el domingo, en el marco de un conflicto que se profundiza día a día y que ya genera impacto a nivel nacional. La situación se originó por el accionar de la empresa uruguaya Urcel SA, que —según denuncian los trabajadores— desconoce al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) local como entidad gremial legítima.
De acuerdo con los estibadores entrerrianos, la firma habría desplazado a la mano de obra local, incorporando personal de otras localidades sin experiencia portuaria, lo que no solo afecta la seguridad y la calidad operativa, sino que también vacía de trabajo al puerto y profundiza la precarización laboral en una de las zonas peor remuneradas del país dentro del sector.
Las medidas de fuerza incluyen bloqueos de accesos, manifestaciones en los ingresos al puerto y una paralización completa de las actividades.
Los trabajadores denuncian prácticas antisindicales, exclusión del sistema de rotación, pagos por debajo de los valores establecidos en convenio y un intento sistemático de desarticular la organización gremial. Advierten que estas maniobras afectan directamente el derecho al trabajo y la estabilidad económica de cientos de familias que dependen de la actividad portuaria.
El SUPA de Concepción del Uruguay cuenta con representación gremial formal y autoridades electas democráticamente, lo que vuelve especialmente conflictiva la negativa empresarial a reconocerlo como interlocutor válido.
La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), con la presencia de su secretario general, Marcelo Osores, en el lugar del conflicto, expresó su respaldo a los trabajadores entrerrianos y declaró el estado de alerta, con la posibilidad de avanzar hacia un paro total nacional en todos los puertos argentinos si no hay respuestas concretas.
Desde la federación sostienen que la empresa no solo desconoce al sindicato legalmente constituido, sino que promueve un esquema de contratación que favorece la explotación laboral y la fragmentación de la organización gremial, con el riesgo de que este modelo se extienda a otros puertos si no se frena a tiempo.
La advertencia de una paralización nacional genera preocupación en la cadena logística y productiva, ya que una medida de estas características afectaría exportaciones, abastecimiento interno y operaciones industriales vinculadas al comercio exterior.
Para FEPA, el conflicto excede el plano local y se convierte en un caso testigo sobre el respeto de los derechos laborales y sindicales en los puertos argentinos. La organización gremial reclama la intervención de las autoridades provinciales y nacionales para garantizar el reconocimiento sindical y el cese inmediato de las prácticas denunciadas.
En el ámbito gremial, el caso también abre un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo portuario y laboral que se impulsa en la región. La pregunta que circula entre los trabajadores es si se pretende consolidar un esquema de competitividad basado en salarios bajos, pérdida de derechos y debilitamiento de la representación sindical.
Asimismo, consultada una alta fuente del sector sindical del SUPA, harían lo posible para evitar que el conflicto se propague a la atención de los servicios prestados a la flota pesquera, -ya en plena actividad-, pero al momento, no hay un comunicado oficial que avale esta consideración.
Mientras tanto, las medidas de fuerza continúan y el escenario permanece abierto, con un impacto que podría escalar rápidamente al conjunto del sistema portuario argentino.
