Recientemente, la situaci贸n laboral en la industria pesquera de Santa Cruz ha sido objeto de preocupaci贸n tras el cierre de la planta ex Barillari. Seg煤n los gremios del sector, esta decisi贸n dej贸 a alrededor de 400 trabajadores sin empleo ni indemnizaci贸n, quienes prestaban servicios a la empresa Vepez a trav茅s de dos cooperativas. Funcionarios del gobierno han defendido la situaci贸n argumentando que se trata de cooperativas, ignorando las limitaciones legales que impiden a estas organizaciones asumir roles de contrataci贸n directa.
En un desarrollo paralelo, plantas recientemente inauguradas como Inclumar, tambi茅n ha enfrentado problemas laborales. Los trabajadores realizaron un paro exigiendo el pago de quincenas adeudadas, evidenciando as铆 la falta de cumplimiento de las normativas establecidas en el Decreto 2015/94. Este decreto proh铆be a las cooperativas ofrecer servicios a empresas, con el fin de proteger los derechos laborales.
El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentaci贸n de Santa Cruz ha elevado denuncias a los organismos laborales tanto nacionales como provinciales, buscando medidas concretas contra esta modalidad de precarizaci贸n laboral. A pesar de contar con las herramientas legales para combatir estas irregularidades, las autoridades parecen desatender la situaci贸n que afecta a muchos trabajadores en la regi贸n.
Los recientes casos han puesto de manifiesto un patr贸n de abuso y fraude en la contrataci贸n dentro del sector pesquero, donde los beneficios parecen concentrarse en manos de unos pocos. Los trabajadores, que desde hace tiempo exigen condiciones laborales dignas, se ven atrapados en un sistema que favorece a las empresas a expensas de su bienestar.
Adem谩s, el gobernador Claudio Vidal ha sido criticado por su falta de acci贸n frente a esta problem谩tica, a pesar de ser consciente que las promesas de generaci贸n de empleo no pueden basarse en la explotaci贸n de los trabajadores. La situaci贸n genera inquietud, ya que el gobierno nacional ha mostrado inter茅s en el sector pesquero, y justifica sus vergonzosas demoras en la redistribuci贸n de cuotas de merluza hubbsi, debido a la pretensi贸n de la provincia de Santa Cruz al acceso a mayor participaci贸n de CITC de merluza hubbsi, algo que por estas horas todo el sector pesquero argentino sabe reconocer que es una buena excusa que esconde otros intereses encubiertos.
Mientras tanto, la industria pesquera en Caleta Olivia contin煤a siendo un ejemplo de c贸mo la precarizaci贸n laboral y el incumplimiento de la normativa pueden tener graves consecuencias para quienes dependen de este sector, en contraposici贸n al acceso a mayores porcentuales de merluza hubbsi. Las denuncias y movilizaciones se mantienen, con la esperanza que se logren cambios significativos en la protecci贸n de los derechos laborales.
