Recientemente, la situación laboral en la industria pesquera de Santa Cruz ha sido objeto de preocupación tras el cierre de la planta ex Barillari. Según los gremios del sector, esta decisión dejó a alrededor de 400 trabajadores sin empleo ni indemnización, quienes prestaban servicios a la empresa Vepez a través de dos cooperativas. Funcionarios del gobierno han defendido la situación argumentando que se trata de cooperativas, ignorando las limitaciones legales que impiden a estas organizaciones asumir roles de contratación directa.
En un desarrollo paralelo, plantas recientemente inauguradas como Inclumar, también ha enfrentado problemas laborales. Los trabajadores realizaron un paro exigiendo el pago de quincenas adeudadas, evidenciando así la falta de cumplimiento de las normativas establecidas en el Decreto 2015/94. Este decreto prohíbe a las cooperativas ofrecer servicios a empresas, con el fin de proteger los derechos laborales.
El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Santa Cruz ha elevado denuncias a los organismos laborales tanto nacionales como provinciales, buscando medidas concretas contra esta modalidad de precarización laboral. A pesar de contar con las herramientas legales para combatir estas irregularidades, las autoridades parecen desatender la situación que afecta a muchos trabajadores en la región.
Los recientes casos han puesto de manifiesto un patrón de abuso y fraude en la contratación dentro del sector pesquero, donde los beneficios parecen concentrarse en manos de unos pocos. Los trabajadores, que desde hace tiempo exigen condiciones laborales dignas, se ven atrapados en un sistema que favorece a las empresas a expensas de su bienestar.
Además, el gobernador Claudio Vidal ha sido criticado por su falta de acción frente a esta problemática, a pesar de ser consciente que las promesas de generación de empleo no pueden basarse en la explotación de los trabajadores. La situación genera inquietud, ya que el gobierno nacional ha mostrado interés en el sector pesquero, y justifica sus vergonzosas demoras en la redistribución de cuotas de merluza hubbsi, debido a la pretensión de la provincia de Santa Cruz al acceso a mayor participación de CITC de merluza hubbsi, algo que por estas horas todo el sector pesquero argentino sabe reconocer que es una buena excusa que esconde otros intereses encubiertos.
Mientras tanto, la industria pesquera en Caleta Olivia continúa siendo un ejemplo de cómo la precarización laboral y el incumplimiento de la normativa pueden tener graves consecuencias para quienes dependen de este sector, en contraposición al acceso a mayores porcentuales de merluza hubbsi. Las denuncias y movilizaciones se mantienen, con la esperanza que se logren cambios significativos en la protección de los derechos laborales.
