La reciente modificación al Código Alimentario Argentino (CAA), impulsada por el Gobierno a través del Decreto 35/2025, marca un cambio significativo en el comercio exterior de alimentos, con implicaciones directas en la industria conservera marplatense. Esta reforma promete optimizar los procesos regulatorios y, al mismo tiempo, reducir los costos asociados a la importación de productos alimenticios, en un esfuerzo por hacer más accesibles los alimentos para los argentinos y fortalecer las importaciones y exportaciones del país.
El eje central de esta medida es la desregulación de las importaciones, específicamente en lo que respecta a los alimentos provenientes de países con sistemas de control sanitario reconocidos y similares o superiores a los nacionales. Entre los países que se benefician de esta flexibilización se encuentran Australia, Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Israel, Japón, Tailandia, Indonesia y el Reino Unido, todos ellos con rigurosos estándares de seguridad alimentaria. Esta disposición permitirá que los alimentos certificados en estos países ingresen a la Argentina sin restricciones, eliminando la necesidad de realizar trámites burocráticos complejos como registros, autorizaciones y la presentación de muestras y productos para su inspección.
Para la industria conservera marplatense, este cambio ofrece un doble desafío y oportunidad. Por un lado, la mayor accesibilidad a alimentos importados, provenientes de mercados internacionales con altos estándares sanitarios, podría mejorar la competitividad de las empresas locales al diversificar las materias primas disponibles para la producción. Por otro lado, este marco normativo podría plantear un riesgo para los productos nacionales si no se acompañan de una política que refuerce la calidad y la competitividad de las conservas argentinas frente a los productos extranjeros.
Asimismo, la desregulación también introduce una nueva dinámica en las exportaciones de alimentos. El Gobierno ha dejado claro que su objetivo es eliminar las «mochilas » regulatorias que imponían restricciones a los productores argentinos, en un esfuerzo por facilitar las transacciones comerciales internacionales. Bajo este nuevo régimen, los productores nacionales podrán exportar con mayor libertad, ajustándose únicamente a los requisitos del país receptor. De esta forma, las empresas conserveras de Mar del Plata, que históricamente han tenido que lidiar con trámites y requisitos innecesarios para exportar sus productos, podrán acceder a nuevos mercados sin las barreras que antes limitaban su crecimiento.
Si bien la medida tiene como objetivo la agilización y fluidez de los procedimientos y la reducción de costos, su impacto en la industria conservera dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad de las empresas locales para adaptarse a este nuevo panorama de mayor competencia por el ingreso de productos ya elaborados con origen en paises que han demostrado una gran tecnificación y sobre todo un menor valor de costos siendo productos mucho más competitivos sin la pesada carga impositiva de sus estados de origen. La posibilidad de importar materias primas más accesibles puede generar beneficios inmediatos, pero también plantea la necesidad de asegurar que la industria marplatense continúe destacándose por la calidad y la innovación de sus productos, factores que han sido su sello distintivo en mercados internacionales.
Finalmente, este paso hacia la desregulación del comercio exterior alimentario pone de relieve, con crudeza, la profunda desconexión entre las políticas fiscales del Estado y la competitividad de las industrias locales en el segmento internacional. Aunque la reforma promete abaratar productos y fomentar exportaciones, omite abordar la raíz del problema: una cadena productiva industrial asfixiada por una carga impositiva desmesurada y desproporcionada, por políticas en el Tipo de Cambio poco competitiva en función de costos laborales y márgenes actuales, y por la falta de crédito del sector financiero a tasas razonables que permitan la incorporación de bienes de uso que alienten la mayor productividad y calidad a menor precio.
Consultada una fuente que prefirió permanecer en el anonimato, simplemente declaró » como están dadas las circunstancias y la coyuntura económica, no solo a nosotros los conserveros, sino todo el sector pesquero, desde la banquina hasta el gran exportador: nos van a terminar fundiendo; creo que con eso te resumo el pensamiento de todo el sector. Acá cuanto más trabajas, más perdés y ojo, nosotros venimos de una familia de trabajo desde mis abuelos, pero esto no da para más...»
El caso de la industria de la conserva marplatense, con su reconocida trayectoria y calidad, ilustra esta contradicción estructural. No se trata solo de demostrar excelencia en un mercado global cada vez más exigente, sino de sobrevivir a un entramado tributario que penaliza sistemáticamente al productor nacional. Cada lata de conserva que sale al mercado lleva consigo un peso fiscal que supera con creces el valor real de la materia prima procesada, convirtiendo al producto argentino en un bien costoso e incapaz de competir, tanto en el mercado interno como en la arena exportadora.
Es inadmisible que desde el ámbito gubernamental se critique el precio final de los productos destinados al consumidor, mientras se ignora deliberadamente el impacto devastador de una política impositiva voraz y desarticulada. Este desequilibrio fiscal, lejos de impulsar el desarrollo industrial, condena a toda la industria procesadora a una posición de desventaja frente a competidores internacionales que operan en condiciones más razonables y menos onerosas. Así, la tan proclamada intención de «fomentar exportaciones abriendo la economía «, queda reducida a un espejismo, mientras la industria nacional lucha por sobrevivir en un entorno económico diseñado, paradójicamente, para limitar su potencial. No llovió, y hay barro en todos lados…
