La Cámara de Diputados de la Nación ha presentado un Proyecto de Resolución en el que expresa su profunda preocupación por las declaraciones de miembros del Gobierno Nacional sobre una eventual desregulación de la Marina Mercante. El documento, firmado por varios legisladores, advierte sobre los riesgos de repetir políticas que en el pasado provocaron el debilitamiento de la industria naval argentina y la pérdida de empleos.
Según el texto, las políticas de desregulación aplicadas en la década de 1990, especialmente el Decreto 1772/91, resultaron contraproducentes. Dicho decreto favoreció la desaparición de buques de ultramar argentinos y redujo la cantidad de embarcaciones dedicadas al transporte fluvial y marítimo bajo bandera nacional. Los diputados señalan que, de una flota que supo contar con más de 60 buques en la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (E.L.M.A.), el país pasó a no tener ninguna embarcación propia en el tráfico internacional.
En 2004, el Decreto 1010/04 derogó el decreto de los años 90 y reafirmó la importancia de la protección de la industria nacional con la Ley 27.419 de Desarrollo de la Marina Mercante. Sin embargo, según trascendidos, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado estaría impulsando un nuevo decreto con medidas similares a las del pasado, lo que ha generado alerta en el sector.
Entre las preocupaciones mencionadas en el proyecto, se destacan la posible equiparación de las condiciones laborales de los marinos argentinos con las de tripulaciones extranjeras, la flexibilización de contratos de embarque y la exclusión de la normativa laboral nacional. Asimismo, se menciona la intención de declarar al transporte marítimo y fluvial como servicio esencial, lo que restringiría el derecho a huelga y obligaría a mantener un 75% del servicio operativo en caso de conflicto.
El documento también alerta sobre la posibilidad de que los buques argentinos operen bajo matrícula extranjera sin perder beneficios ni acceso al mercado interno. Además, se permitiría la contratación libre de tripulaciones, desvinculando a las bolsas de trabajo sindicales, la eliminación del requisito de contratar tripulaciones argentinas, habilitando la incorporación de personal extranjero si se argumenta la falta de trabajadores nacionales calificados.
En este contexto, han surgido nuevas versiones sobre el contenido del decreto en preparación. Entre los cambios más significativos, se prevé que embarcaciones extranjeras puedan operar en aguas argentinas hasta 180 días, con la opción de renovar este período. La iniciativa busca eliminar restricciones en el cabotaje y permitir que empresas internacionales ingresen al mercado local en igualdad de condiciones con los armadores nacionales.
Además, los propietarios de buques podrían optar por inscribir sus embarcaciones en registros extranjeros sin que esto implique una exportación, salvo en el caso de los barcos pesqueros.
Los firmantes del proyecto consideran que estas medidas representan una amenaza para la soberanía marítima del país y para el empleo en el sector. Según argumentan, el 95% del comercio argentino se realiza por vía acuática, por lo que resulta esencial mantener una flota nacional operativa con tripulaciones argentinas.
Desde el ámbito sindical se advierte que esta iniciativa podría derivar en la pérdida de miles de empleos, ya que los armadores nacionales se verían en desventaja frente a compañías extranjeras con menores costos operativos. La incertidumbre crece, además, por la falta de un debate público transparente, ya que las medidas estarían siendo discutidas de manera reservada con ciertos sectores empresariales y administradores portuarios.
Sectores críticos de esta posible reforma afirman que la historia reciente demuestra los efectos negativos de políticas similares implementadas en los años 90. En aquel entonces, la desregulación prometía atraer inversiones y fortalecer la industria, pero en la práctica debilitó la Marina Mercante Nacional y redujo drásticamente la cantidad de buques bajo bandera argentina.
Mientras el oficialismo sostiene que estos cambios buscan modernizar el sector y mejorar la competitividad, referentes de la industria y organismos internacionales alertan sobre los riesgos de permitir una migración masiva de embarcaciones a registros off-shore. Incluso, países como Estados Unidos avanzan en la dirección opuesta, impulsando legislaciones para fortalecer sus flotas nacionales y fomentar la construcción naval local.
El debate sobre el futuro de la Marina Mercante Nacional está abierto, y la preocupación expresada por los diputados refleja la incertidumbre que genera la posibilidad de nuevas reformas en el sector. La industria naval y los trabajadores aguardan definiciones mientras se intensifican las discusiones sobre el impacto que podrían tener estas medidas en la economía y el empleo.
