Jap贸n anunci贸 un programa de cooperaci贸n internacional destinado a fortalecer el control de las aguas mar铆timas de cuatro pa铆ses de Am茅rica Latina ante el avance de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). La iniciativa contempla una inversi贸n cercana a los 300 millones de yenes 鈥攅quivalentes a unos 1,9 millones de d贸lares鈥 y est谩 orientada a mejorar las capacidades de monitoreo y fiscalizaci贸n en zonas mar铆timas sensibles.
Los pa铆ses beneficiarios del apoyo japon茅s son Argentina, Uruguay, Per煤 y Ecuador, que recibir谩n equipamiento tecnol贸gico y herramientas especializadas para reforzar la vigilancia de sus zonas econ贸micas exclusivas y de las 谩reas adyacentes. El programa se ejecuta en coordinaci贸n con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el marco de los esquemas de cooperaci贸n definidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Jap贸n.
Entre los recursos previstos se incluyen drones de vigilancia mar铆tima, embarcaciones patrulleras inflables y sistemas de an谩lisis de im谩genes a茅reas. Estas tecnolog铆as permitir谩n identificar embarcaciones, estimar el tama帽o de sus tripulaciones y reconstruir rutas de navegaci贸n, incluso en casos en los que los buques intenten evadir los controles mediante el apagado de sus transpondedores GPS.
La asistencia japonesa se inscribe en un contexto regional marcado por la creciente preocupaci贸n por la actividad de flotas pesqueras extranjeras, especialmente asi谩ticas, que operan en 谩reas pr贸ximas a las costas sudamericanas. Diversos informes y reportes internacionales se帽alan que numerosos buques, en particular de origen chino, desarrollan operaciones con escasa o nula transparencia, dificultando su seguimiento y el control efectivo por parte de las autoridades.
En el Atl谩ntico Sur, la atenci贸n se concentra en la denominada 鈥milla 201鈥, una franja ubicada m谩s all谩 del l铆mite de la Zona Econ贸mica Exclusiva argentina, donde no rige un marco regulatorio internacional espec铆fico. All铆 se ha registrado la presencia de decenas 鈥攜 en determinadas temporadas, cientos鈥 de buques extranjeros dedicados principalmente a la captura de calamar y otras especies de inter茅s comercial.
Seg煤n la Organizaci贸n de las Naciones Unidas para la Alimentaci贸n y la Agricultura (FAO), la pesca INDNR puede representar hasta el 30% de las capturas globales en algunas regiones, con consecuencias negativas tanto para los ecosistemas marinos como para las econom铆as de los pa铆ses costeros. La falta de informaci贸n confiable sobre estas operaciones tambi茅n despierta inquietudes vinculadas a posibles tareas de exploraci贸n o mapeo del lecho marino.
Si el objetivo es frenar la pesca INDNR y mejorar detecci贸n temprana en el borde de la ZEE, el receptor natural de estas herramientas debe ser la Prefectura Naval Argentina (PNA): Autoridad Mar铆tima y Polic铆a Auxiliar Pesquera, con atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar y sostener el control operativo de la actividad pesquera. La propia agenda oficial en la 鈥渕illa 201鈥 ratifica que es la Autoridad Mar铆tima la que queda al frente del monitoreo ante la concentraci贸n de flotas extranjeras.
Y ac谩 aparece un punto inc贸modo de dise帽o institucional: mientras la Armada incorpor贸 cuatro patrulleros oce谩nicos (OPV) para patrullado mar铆timo (Bouchard, Piedrabuena, Storni y Contralmirante Cordero), el Estado corre el riesgo de seguir consolidando un desbalance de medios si la capa tecnol贸gica de control 鈥攄rones, sensores y anal铆tica鈥 no se concentra donde est谩 la funci贸n de polic铆a y fiscalizaci贸n. En una arquitectura m谩s equilibrada, parte de esa capacidad de patrullaje pudo haberse distribuido de modo m谩s sim茅trico (por ejemplo, dos unidades por fuerza) para evitar superposiciones y asegurar que quien debe controlar y patrullar la ZEE cuente con herramientas proporcionales.
En t茅rminos legales, el fundamento es claro, la Ley 24.922 reconoce el dominio y jurisdicci贸n exclusivos sobre los recursos vivos marinos en la ZEE, y establece sanciones ante infracciones 鈥攊ncluidas las cometidas por buques extranjeros en aguas jurisdiccionales鈥. Si hay que evitar que una flota intrusa vulnere el r茅gimen pesquero federal, la tecnolog铆a debe quedar, ante todo, en manos de quien tiene mandato, pr谩ctica y despliegue diario para hacerlo.
En este escenario, el aporte tecnol贸gico de Jap贸n apunta a mejorar la capacidad de detecci贸n temprana y respuesta de los Estados sudamericanos frente a pr谩cticas irregulares, fortaleciendo la protecci贸n de los recursos pesqueros y la soberan铆a mar铆tima. En el caso argentino, la iniciativa se complementa con los anuncios recientes de la Prefectura Naval Argentina sobre el refuerzo de los sistemas de monitoreo ante la llegada masiva de flotas extranjeras durante la pr贸xima zafra de calamar 2026.
