Japón anunció un programa de cooperación internacional destinado a fortalecer el control de las aguas marítimas de cuatro países de América Latina ante el avance de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). La iniciativa contempla una inversión cercana a los 300 millones de yenes —equivalentes a unos 1,9 millones de dólares— y está orientada a mejorar las capacidades de monitoreo y fiscalización en zonas marítimas sensibles.
Los países beneficiarios del apoyo japonés son Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador, que recibirán equipamiento tecnológico y herramientas especializadas para reforzar la vigilancia de sus zonas económicas exclusivas y de las áreas adyacentes. El programa se ejecuta en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el marco de los esquemas de cooperación definidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.
Entre los recursos previstos se incluyen drones de vigilancia marítima, embarcaciones patrulleras inflables y sistemas de análisis de imágenes aéreas. Estas tecnologías permitirán identificar embarcaciones, estimar el tamaño de sus tripulaciones y reconstruir rutas de navegación, incluso en casos en los que los buques intenten evadir los controles mediante el apagado de sus transpondedores GPS.
La asistencia japonesa se inscribe en un contexto regional marcado por la creciente preocupación por la actividad de flotas pesqueras extranjeras, especialmente asiáticas, que operan en áreas próximas a las costas sudamericanas. Diversos informes y reportes internacionales señalan que numerosos buques, en particular de origen chino, desarrollan operaciones con escasa o nula transparencia, dificultando su seguimiento y el control efectivo por parte de las autoridades.
En el Atlántico Sur, la atención se concentra en la denominada “milla 201”, una franja ubicada más allá del límite de la Zona Económica Exclusiva argentina, donde no rige un marco regulatorio internacional específico. Allí se ha registrado la presencia de decenas —y en determinadas temporadas, cientos— de buques extranjeros dedicados principalmente a la captura de calamar y otras especies de interés comercial.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la pesca INDNR puede representar hasta el 30% de las capturas globales en algunas regiones, con consecuencias negativas tanto para los ecosistemas marinos como para las economías de los países costeros. La falta de información confiable sobre estas operaciones también despierta inquietudes vinculadas a posibles tareas de exploración o mapeo del lecho marino.
Si el objetivo es frenar la pesca INDNR y mejorar detección temprana en el borde de la ZEE, el receptor natural de estas herramientas debe ser la Prefectura Naval Argentina (PNA): Autoridad Marítima y Policía Auxiliar Pesquera, con atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar y sostener el control operativo de la actividad pesquera. La propia agenda oficial en la “milla 201” ratifica que es la Autoridad Marítima la que queda al frente del monitoreo ante la concentración de flotas extranjeras.
Y acá aparece un punto incómodo de diseño institucional: mientras la Armada incorporó cuatro patrulleros oceánicos (OPV) para patrullado marítimo (Bouchard, Piedrabuena, Storni y Contralmirante Cordero), el Estado corre el riesgo de seguir consolidando un desbalance de medios si la capa tecnológica de control —drones, sensores y analítica— no se concentra donde está la función de policía y fiscalización. En una arquitectura más equilibrada, parte de esa capacidad de patrullaje pudo haberse distribuido de modo más simétrico (por ejemplo, dos unidades por fuerza) para evitar superposiciones y asegurar que quien debe controlar y patrullar la ZEE cuente con herramientas proporcionales.
En términos legales, el fundamento es claro, la Ley 24.922 reconoce el dominio y jurisdicción exclusivos sobre los recursos vivos marinos en la ZEE, y establece sanciones ante infracciones —incluidas las cometidas por buques extranjeros en aguas jurisdiccionales—. Si hay que evitar que una flota intrusa vulnere el régimen pesquero federal, la tecnología debe quedar, ante todo, en manos de quien tiene mandato, práctica y despliegue diario para hacerlo.
En este escenario, el aporte tecnológico de Japón apunta a mejorar la capacidad de detección temprana y respuesta de los Estados sudamericanos frente a prácticas irregulares, fortaleciendo la protección de los recursos pesqueros y la soberanía marítima. En el caso argentino, la iniciativa se complementa con los anuncios recientes de la Prefectura Naval Argentina sobre el refuerzo de los sistemas de monitoreo ante la llegada masiva de flotas extranjeras durante la próxima zafra de calamar 2026.
