La escalada bélica en Medio Oriente volvió a exhibir una verdad estructural de la economía pesquera argentina, cada crisis energética golpea primero en el combustible y después en toda la cadena de valor. Lo habíamos anticipado en varias notas apenas a tres días de iniciado el conflicto sobre sus implicancias en el sector; hoy a casi un mes de aquel inicio, el impacto resiente los eslabones mas finos del sector alarmado por costos por encima de la producción.
En una actividad donde la salida al mar depende de costos operativos severamente expuestos al precio internacional del petróleo y sus derivados, la suba del gasoil deja de ser una variable comercial para transformarse en un factor de estabilidad productiva, empleo y abastecimiento. La urgencia, en ese contexto, consiste en mitigar el impacto antes de que la presión sobre los márgenes termine alterando la operatoria de la flota y desordenando el funcionamiento industrial en tierra.
El reclamo se hizo sentir en España de manera inmediata; ese fue el cuadro que asumió el sector pesquero tuvo una rápida y clara repercusión en las autoridades políticas y decisivas del país.
La respuesta española adquirió todavía mayor densidad cuando la cadena mar-industria gallega expuso el alcance del deterioro. ARVI y Anfaco-Cytma reclamaron ayudas excepcionales tras advertir que el gasóleo marino se había disparado más de 70% en una semana, con efectos inmediatos sobre rentabilidad, logística y comercio exterior. El sector pidió reactivar mecanismos del FEMPA previstos para acontecimientos extraordinarios, alivio fiscal, revisión de exigencias regulatorias e incentivos al consumo. Allí quedó planteado un principio central, la pesca requiere instrumentos específicos cuando un conflicto internacional altera, en cuestión de días, la base económica de cada marea.
El gobierno de Pedro Sánchez aprobó un paquete de emergencia de 5.000 millones de euros y 80 medidas para amortiguar el efecto económico del conflicto, con una premisa precisa: reducir la carga del shock externo sobre los sectores más sensibles al precio de la energía. Dentro de ese esquema dispuso la baja del IVA de los carburantes al 10%, reducciones tributarias sobre electricidad y gas, y una ayuda directa de 20 céntimos por litro para transporte, agro y pesca. La decisión tuvo un sentido nítido: preservar actividad en sectores cuya estructura de costos había quedado súbitamente alterada por un escenario geopolítico fuera de control.
Uruguay llegó a una conclusión semejante por otra vía y con otra escala. El ajuste inicial del gasoil marino había llevado el precio a un incremento cercano al 83%, hasta 53.173 pesos uruguayos por metro cúbico, una magnitud incompatible con la ecuación operativa de la actividad. La reacción oficial consistió en corregir ese traslado y establecer para abril un precio excepcional de 30.000 pesos por metro cúbico para el gasoil marino destinado a la pesca y a la navegación de bandera nacional, con un volumen máximo de 2.000 metros cúbicos. La medida operó como un dique de contención frente a una suba que amenazaba con inmovilizar parte de la flota y con profundizar un cuadro ya castigado por limitaciones estructurales de competitividad.
Tanto en España como en Uruguay el criterio fue convergente. El Estado absorbió una porción del impacto externo para evitar que la volatilidad energética se trasladara íntegramente a la pesca. En un caso, mediante rebajas fiscales, subsidios y compensaciones directas; en el otro, a través de una corrección puntual sobre el precio del gasoil marino. La diferencia de diseño no alteró lo esencial: ambos gobiernos leyeron que el combustible había dejado de ser un costo más y se había convertido en una amenaza para la continuidad de la actividad.
La Argentina, en cambio, ofrece por ahora otra secuencia. Las cámaras pesqueras reunidas en Intercámaras ya pusieron sobre la mesa la gravedad del cuadro y la necesidad de una respuesta. En especial para el segmento menor de la flota fresquera, la corrida del combustible erosiona con particular dureza una estructura empresaria de menor escala, alcance operativo acotado y limitada capacidad de absorción financiera. Allí el problema adquiere una dimensión más delicada, porque el alza del gasoil impacta sobre unidades cuya viabilidad depende de márgenes mucho más estrechos y de una operatoria cotidiana menos elástica frente a shocks externos.
En ese marco, la señal conocida ayer llegó desde YPF. Su presidente, Horacio Marín, en su cuenta de la red social X, formalizó un “buffer” de precios por hasta 45 días para mantener aproximadamente estables los valores en surtidor y evitar, durante ese lapso, el traslado pleno de las nuevas variaciones del Brent. La definición aporta un paliativo de coyuntura y ordena transitoriamente la expectativa sobre los combustibles; pero no soluciona de fondo el rumbo que tiene cada unidad pesquera de la flota argentina.
Por otro lado, aclaremos, el astuto presidente de YPF intenta con esta decisión mantener los precios ya inflados del combustible por otros 45 días, con lo cual en caso de una baja a precios anteriores al conflicto como se espera para la finalización del conflicto en el estrecho de Ormuz, deja a la petrolera nacional con otra ventaja más comparativamente hablando y en detrimento del capital productivo del sector pesquero.
Por lo que esto no constituye, sin embargo, una solución sectorial para la pesca ni modifica la fragilidad específica de la flota con mayor necesidad de alivio, como la fresquera costera, que continúa expuesta a una estructura de costos sometida a quebranto operativo y a un contexto internacional cuyo desenlace sigue abierto.
Allí se concentra hoy el núcleo del problema argentino. España y Uruguay avanzaron hacia modelos de ayuda explícita para amortiguar el impacto del conflicto sobre la pesca típico de gobiernos de esencia progresista, contrastando con el libertario argentino.
Sobre ese telón de fondo, en la Argentina empieza a abrirse una incógnita de otra naturaleza. Las cámaras nucleadas en Intercámaras ya llevaron al Gobierno un pedido de intervención urgente frente a una crisis de costos que, según el sector, compromete rentabilidad, operatoria y empleo, con el gasoil acumulando subas superiores al 40% en lo que va de 2026.
La expectativa empresaria choca con un dato político central, la administración de Javier Milei viene sosteniendo, como línea doctrinaria y de gestión, una defensa cerrada del equilibrio fiscal, la reducción del gasto público y un rechazo explícito a los esquemas de tutela estatal sobre la actividad privada. En ese cruce se juega ahora una definición sensible para un sector de la pesca, si la Casa Rosada leerá el reclamo como una emergencia productiva que justifica una respuesta excepcional, o si lo encuadrará dentro de una lógica de mercado en la que cada sector debe absorber por sí mismo el costo del desorden internacional.
La duda, por eso, ya no pasa sólo por la magnitud del problema, sino por la distancia entre la urgencia que describen las cámaras y el tipo de Estado que el oficialismo está dispuesto a ejercer.
