Las repercusiones continúan en torno a las operaciones de Pesca Ilegal del BP Tai An, quien había sido denunciado de realizar pesca ilegal de 175 toneladas de merluza negra en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). A partir de esto, se le inició una demanda para exigir que exista un resarcimiento por parte de la empresa, por los daños causados al ecosistema vulnerando los principios básicos de la Ley Federal de Pesca 24.922, hacia mediados de marzo del corriente.
Las empresas denunciantes de tamaño acto ilegal de inmediato informaron la situación a la Dirección Nacional de Coordinacion y Fiscalizacion Pesquera como al máximo responsable del área de Pesca Nación, Juan Antonio López Cazorla, quién no dudó en tomar las riendas del affaire en un momento complicado, apenas nombrado Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación.
Con un desenvolvimiento loable y un trabajo in situ en los muelles de la ciudad más austral del mundo, Ushuaia; resolvió y gerenció todas las operaciones de control y fiscalización de la carga; caja por caja, en un severo muestreo de toda la bodega.
En la continuidad de los hechos, por estos días, el Consejo Federal Pesquero (CFP) ha rechazado la solicitud de compensación presentada por las empresas Argenova, Pesantar y Estremar, quienes exigían una adjudicación adicional de reservas en respuesta a la pesca ilegal de 175 toneladas de merluza negra llevada a cabo por el buque Tai An. Estas compañías argumentaron que la captura ilícita tendría un impacto negativo en sus cuotas de pesca para el próximo año, motivo por el cual solicitaban esta compensación.
Liu Zhinjang, propietario del buque infractor Tai An y titular de la empresa Prodesur, solicitó una audiencia para abordar el caso. El CFP accedió y programó el encuentro para el 26 de junio, proporcionando a Zhinjang la oportunidad de presentar su versión de los hechos y defenderse de las acusaciones.
Las empresas perjudicadas sostuvieron que la captura ilegal realizada por el Tai An no fue incidental, sino deliberada. Señalaron que, aunque el Estado podría recibir una compensación a través de multas y el decomiso de la carga, las compañías pesqueras serían injustamente perjudicadas debido a la reducción en la Reserva de Administración de la especie. Esta reserva es esencial para que las empresas puedan continuar sus operaciones de pesca en caso de agotar sus cuotas anuales.
A pesar de los sólidos argumentos presentados por Argenova, Pesantar y Estremar, el CFP decidió rechazar la solicitud de ampliación de cupos.
En otro orden de cosas, y en forma extraoficial, esta redacción fue informada que el mismo propietario del buque en cuestión y debido a que la carga estuvo refrigerada en su bodega, exigiría un alquiler de U$S 70.000 diarios en concepto de servicios al Estado Nacional, (preferimos informar y reservar el derecho de opinión ante tamaño e irrisorio despropósito).
