La reacción de una parte empresaria ante el paquete de cambios impulsado por el Ejecutivo chubutense dejó al descubierto una línea defensiva previsible en lo formal, pero reveladora en su trasfondo, respaldo discursivo a los objetivos de transparencia, combinado con una exigencia de revisión extensa, consultas técnicas al sector y blindaje jurídico antes de cualquier sanción.
La discusión ya no gira sólo sobre el contenido de la reforma, sino sobre quién administra los tiempos y el alcance real del debate bajo que condiciones de la reforma impulsada por el ejecutivo provincial.
Sin embargo el movimiento se produce después de que ingresara a la Legislatura provincial un proyecto de reforma que propone cambios de fondo en el sistema de permisos de pesca, ampliación de causales de suspensión, caducidad automática en ciertos supuestos —incluida la quiebra— y un régimen de “Ficha Limpia Pesquera” con controles sobre antecedentes fiscales y penales para acceder, renovar o transferir permisos. El texto también refuerza la capacidad de intervención administrativa del Estado sobre la actividad, cuando esta se perciba poco transparente o viciada de nulidad al momento de acceder a permisos de pesca con dudosa trayectoria e historia.
En este sentido, salvo Fernando Álvarez Castellano presidente del Grupo Conarpesa, quien apenas conocido el impulso legislativo por el proyecto presentado por el gobernador de la provincia, de inmediato ante la posibilidad de transparencia y ficha limpia, ofreció su apoyo con beneplácito la medida.
Pero en general, en ese contexto, la respuesta del lobby pesquero provincial y sectorial de Rawson, eligió una fórmula políticamente eficaz, acompañar el principio, condicionar la ejecución y mejorar las condiciones mediante una consulta al sector.
El mensaje central fue claro, nadie discutiría públicamente una depuración institucional del sistema, pero “cualquier redacción apresurada podría afectar derechos adquiridos, alterar reglas recientes e introducir un escenario de litigiosidad ”, anticipó un referente del sector, más preocupado por atenuar el alcance del proyecto que por la búsqueda de consensos y transparencia.
El argumento, presentado en clave de “seguridad jurídica”, busca instalar la idea de que el riesgo principal no está en las prácticas que se intentan corregir, sino en la velocidad con la que se pretende corregirlas y su alcance, cuando no son muchos quienes en toda la operatoria no tienen el placard con historia.
Ese posicionamiento contiene un dato de interés político. Cuando se pide que la Legislatura convoque a cámaras, asesores y abogados antes de avanzar, el reclamo puede leerse como una demanda razonable de técnica legislativa. Pero también habilita otra lectura, menos inocente, la construcción de una zona de amortiguación dentro del propio Parlamento, donde el debate se dilate, se fragmente o se reordene de manera tal que el impulso reformista llegue más débil al recinto. No se trata necesariamente de bloquear la ley; alcanza con modularla, enfriarla o volverla inofensiva en sus puntos más sensibles.
La tensión de fondo es estructural. El proyecto enviado por el Ejecutivo no discute biología pesquera ni cupos de captura, sino algo más delicado para el entramado empresario-político, las condiciones de permanencia en el negocio. Al ampliar supuestos de suspensión y caducidad, y al extender controles a las estructuras societarias vinculadas a los permisos, la reforma desplaza el eje desde la mera habilitación operativa hacia un esquema de cumplimiento integral. Ese corrimiento impacta sobre activos de alto valor económico y sobre relaciones consolidadas en el sistema provincial.
Por eso, el discurso de la prudencia legislativa merece una lectura crítica. En términos públicos, se invoca calidad normativa. En términos prácticos, se disputa el poder de definir qué se considera “urgente” y qué puede esperar porque podría tener mayores involucrados. Y allí aparece la dimensión más sensible: cuando un sector con peso específico pide desacelerar una reforma que toca permisos, sanciones y continuidad operativa, la pregunta inevitable es si se busca mejorar la ley o administrar sus efectos antes de que la ley exista con el temor de desempolvar permisos de dudosa procedencia colateral.
La discusión recién empieza, pero el tablero ya mostró sus piezas. El Ejecutivo empuja una reforma con capacidad de reordenamiento institucional. El sector afectado ensaya una defensa técnicamente sobria, políticamente calculada; desea ser consultado antes de cualquier sanción legislativa; es que es preferible estar dentro de la discusión y no soportar las inclemencias del proyecto de origen. Y en el medio, la Legislatura provincial queda frente a una prueba central, actuar como ámbito de deliberación seria o convertirse en la válvula donde se neutralizan los cambios que alteran equilibrios históricos y transparencia.
En una provincia donde la pesca concentra empleo, divisas y poder territorial, esa definición excede una ley puntual. Lo que está en juego es el tipo de autoridad que podrá ejercer el Estado sobre un sistema que, desde hace años, convive con zonas grises, valor económico concentrado y una permanente disputa por quién escribe —y quién corrige— las reglas.
