La Cámara Alta dio este miércoles su aval unánime al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto impulsado por la FAO, una herramienta internacional orientada a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). La iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.
Con 68 votos afirmativos, el Senado aprobó la incorporación de la Argentina a un sistema global de control portuario que busca impedir que buques vinculados a actividades ilegales utilicen puertos para desembarcar capturas o comercializar productos de origen irregular. El instrumento, firmado en Roma en 2009 en el ámbito de la FAO, es considerado uno de los principales mecanismos internacionales para combatir este tipo de prácticas.
Ser Estado Rector del Puerto significa que el país asume, en cada puerto habilitado, una función efectiva de verificación, fiscalización e intervención técnica sobre los buques extranjeros que ingresan a su jurisdicción. Esa potestad alcanza la seguridad de la navegación, la protección marítima, las condiciones laborales de las tripulaciones, la documentación estatutaria, la prevención de la contaminación y el cumplimiento de los convenios internacionales aplicables.
En términos concretos, convierte al puerto en un punto de control soberano, con capacidad para detectar deficiencias, exigir correcciones, inmovilizar buques cuando corresponde y elevar el estándar general de toda la operatoria marítima. Su verdadera dimensión reside allí: en la posibilidad de que el Estado ejerza autoridad material, con base técnica y jurídica, sobre todo buque extranjero que pretenda operar, escalar o permanecer dentro del sistema portuario nacional.
Durante el debate, si bien se distanció de la esencia y espíritu de lo que es el Estado Rector del Puerto, se destacó que la pesca ilegal representa una amenaza directa para la sostenibilidad de los recursos pesqueros y afecta tanto la conservación de las especies como la competitividad de la industria formal. En ese sentido, la adhesión permitirá reforzar los mecanismos de fiscalización, mejorar el intercambio de información entre Estados y ampliar las capacidades de control sobre los buques que operan en aguas nacionales o recalan en puertos argentinos, con cierto desconocimiento de la actividad propia de pesqueros de bandera foránea que no atracan en puertos nacionales.
El acuerdo apunta, entre otros aspectos, a prohibir el ingreso y las operaciones portuarias a embarcaciones involucradas en pesca ilegal, dificultando así la comercialización de esas capturas en los mercados internacionales.
Uno de los discursos más enfáticos en defensa del sector pesquero, fue el del senador Maximiliano Abad, quien respaldó la iniciativa al considerar que la cooperación internacional es clave para el desarrollo sostenible. “Estamos hablando de una alianza de 85 países que tiene como objetivo prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal”, sostuvo.
Sin embargo, el legislador introdujo un planteo más amplio al advertir que el problema del sector no se limita únicamente a la pesca ilegal. “La mayor desventaja que tiene la industria pesquera local no está en nuestros mares, sino en las condiciones internas”, afirmó, en referencia a las condiciones macroeconómicas que atraviesa toda la actividad productiva e industrial.
En ese marco, Abad remarcó que “de poco sirve cerrar las puertas a quienes operan fuera de la ley si quienes cumplen con la ley trabajan a pérdida”, y planteó la necesidad de avanzar en medidas que mejoren la competitividad, como la eventual eliminación de derechos de exportación cuando exista margen fiscal.
También puso el foco en el impacto regional de la actividad, al señalar que provincias con litoral marítimo —y en particular Mar del Plata— dependen fuertemente del desempeño del sector pesquero. “Defender la pesca argentina no es solo vigilar nuestras aguas, sino generar condiciones de competitividad”, enfatizó.
Por su parte, el senador Guillermo Andrada subrayó que se trata de una herramienta estratégica para fortalecer la capacidad del Estado frente a una actividad ilegal que genera importantes perjuicios económicos y ambientales.
El legislador explicó las distintas dimensiones de la pesca INDNR —ilegal, no declarada y no reglamentada— y destacó que este tipo de prácticas representan cerca del 25% de las capturas. “No estamos frente a un expediente menor”, sostuvo, al tiempo que resaltó que el acuerdo permitirá mejorar los controles portuarios y el intercambio de datos entre países.
Andrada también destacó el carácter federal de la iniciativa: “Si la Argentina no desalienta la pesca ilegal y no protege su comercio exterior, no perjudica solo a un sector, perjudica a toda la Nación”.
Con la aprobación en el Senado y su envío a Diputados, la Argentina avanza en su incorporación formal a un esquema internacional que ya integran más de 80 países y que busca limitar el accionar de las flotas vinculadas a la pesca ilegal mediante controles más estrictos en los puertos.
La adhesión aparece, en los hechos, como una señal de convergencia con estándares internacionales de trazabilidad, seguridad, sostenibilidad y control, en un sector que mantiene un valor estratégico para la generación de divisas, empleo y desarrollo regional. Pero el punto de fondo exige una precisión técnica; el Estado Rector del Puerto excede largamente la agenda de la pesca ilegal.
Su alcance comprende la inspección de buques extranjeros en puertos nacionales por parte de la autoridad marítima competente —en la Argentina, la Prefectura Naval— para verificar el cumplimiento de normas internacionales sobre seguridad de la navegación, protección, condiciones laborales y prevención de la contaminación.
Aun así, incluso con discursos todavía distantes del espíritu integral que define al Port State Control, el solo hecho de que estas nociones comiencen a abrirse paso en el principal ámbito legislativo del país ya adquiere un valor institucional propio: empieza a instalar en el Congreso una comprensión más profunda de la actividad pesquera, en su trama real, en su densidad técnica y en su contenido estratégico, algo que durante demasiado tiempo rara vez logró ocupar ese nivel de deliberación pública.
