Las cámaras representativas de buques tangoneros congeladores, junto al gremio representante de la marinería, mantuvieron una nueva reunión virtual para continuar el análisis de los valores de producción del langostino y explorar consensos que permitan encarar la temporada con previsibilidad, sin traslados abruptos de riesgo entre las partes, evitando los sucesos acaecidos durante la temporada de pesca precedente (2025), donde desde principios de noviembre se trató el tema interinamente a nivel empresarial con la idea de exteriorizar a fines de febrero, con el impacto que todos conocen y que tuvo un único damnificado, el personal embarcado y trabajadores anexos en muelle y plantas de procesamiento en tierra.
El encuentro se realizó el pasado miércoles por vía virtual con participación de representantes de las cámaras pesqueras de buques congeladores CAPeCA, CEPA y CAPIP, directivos nacionales del sindicato y delegados de algunas empresas del sector. Intervinieron el secretario general del SOMU, Raúl Omar Durdos, y el secretario de Pesca del gremio, Ángel Juan Navarro, en el marco de una agenda convocada por la organización sindical.
En la exposición empresaria, las cámaras reiteraron la necesidad de revisar los valores previstos en los Convenios Colectivos de Trabajo que se utilizan para liquidar la producción por tonelada de langostino. El planteo, según argumentan, se vincula con el esquema actual de costos y con la dinámica de una pesquería orientada mayoritariamente a la exportación, donde la competitividad del langostino congelado a bordo depende de parámetros comerciales que, afirman, requieren una actualización del sistema de liquidación.
En ese marco, las empresas apuntan a replicar el “modelo 2025”, es decir, una reducción del 22% en los valores de producción para viabilizar la operatoria del congelado a bordo, complementada con un esquema de movilidad atado a precios. El núcleo de la propuesta se estructura como un sistema móvil por bandas, un umbral bajo que activaría una readecuación cuando el precio caiga por debajo de un nivel determinado, y un umbral alto que sostendría la liquidación conforme al convenio cuando los valores de mercado se mantengan en rango.
Consultada ayer una alta fuente gremial, indicó pormenores del encuentro y posterior análisis reflejando que «la finalidad declarada es aportar previsibilidad y evitar un nuevo ciclo de conflicto prolongado como el año pasado, pero hay un tema que no es menor, es un agravante, porque en la mayoría de los casos los precios formalmente reflejados en las exportaciones no son siempre los reales por los que nos liquidan los haberes en el recibo de sueldo. De hecho el año pasado, hubo gran parte de operaciones iniciales por sobre los 8 dólares el kilo y según algunas versiones por encima de 9 dólares el kilo, mientras en la información oficial no se reflejaron. Nuestra exigencia del sector gremial es sincerar y transparentar, al menos los números reales con que se liquida la producción al personal embarcado, después que ellos hagan lo que quieran…nosotros no somos la AFIP«. Por supuesto evitamos aclarar, como seguir indagando, pero claramente, los gremios están un paso adelante en materia de defensa de los CCT.
Desde el SOMU se reafirmó que los valores vigentes guardan relación directa con la naturaleza del trabajo embarcado, una tarea especializada, desarrollada en condiciones de riesgo, con jornadas extensas, lejos del hogar y bajo exposición permanente a condiciones meteorológicas adversas donde además, es normal las 13 horas laborables a bordo. El sindicato aceptó retomar una negociación técnica sobre el dispositivo de liquidación, pero rechazó discutir un ajuste salarial en los términos propuestos por las cámaras y solicitó alternativas a través de instrumentos de política pública —retenciones, impuesto a las Ganancias y una mayor eficiencia en la administración de recursos—, un enfoque que el sector empresario asocia con el patrón de postergación que caracterizó la discusión de 2025, aunque a decir verdad, en la realidad la propuesta al sector obrero recién se dio a conocer a fines de febrero incluso hasta evitando la apertura en aguas afuera de la ZVPJM (al norte como se la denomina), un viejo pretexto de los mismos grupos económicos de empresas con casas centrales en Europa y el Sudeste Asiático, que operan con el langostino onshore de Chubut, en una zafra mayor a 106 mil toneladas con remanentes de difícil absorción en el mercado internacional hasta fines de julio, incluso ahora apoyados por empresas tradicionales de Mar del Plata.
El antecedente del año pasado se mantiene como referencia central en la mesa, el conflicto se extendió hasta agosto y se perdió una porción significativa de meses operativos. En las evaluaciones sectoriales, ese tramo dejó un saldo claro en términos de ingresos, empleo y planificación. En el actual intercambio, esa experiencia funciona como una señal de alerta, una negociación tardía no sólo afecta la salida de los buques, sino también la estabilidad de los trabajadores embarcados y la coherencia general del sistema.
El punto de fricción inmediato es la interpretación de los disparadores. Para el SOMU, con el langostino de Rawson por encima de los US$ 6 no corresponde activar ningún mecanismo de readecuación. Para las cámaras, el acuerdo debe firmarse como resguardo operativo frente a una eventual baja cuando aumente la oferta y el mercado reordene referencias. En paralelo, dirigentes empresarios y representantes de cámaras transmitieron una condición de máxima presión, sin acuerdo firmado con el SOMU —y con el resto de los gremios involucrados— los tangoneros congeladores no saldrán a pescar.
En este punto, el SOMU solicitó para la semana próxima una presentación formal de la propuesta, con el objetivo de iniciar un camino de negociación que, como mínimo, impida que se consolide en los hechos una decisión empresarial de no pescar hasta junio. En el análisis sindical, esa hipótesis —sostenida por algunas empresas— prioriza consideraciones comerciales por encima de variables operativas y biológicas, con un perjuicio directo para el trabajador embarcado en primera instancia. El gremio recordó además que, pese al conflicto del año pasado, hacia el final los buques capturaron en menos tiempo volúmenes cercanos a los de temporadas previas, y que el segmento que sufrió el impacto más severo fueron los trabajadores que operan en aguas nacionales.
La negociación se adelantó con un margen de 15 días, precisamente para no llegar a la apertura sin documentos firmados. Sin embargo, persiste incertidumbre sobre si se alcanzará un acuerdo antes de la disponibilidad biológica informada del langostino por parte del INIDEP. Un elemento adicional complejiza el cuadro, el precio de referencia todavía aparece impreciso porque los congeladores no están pescando y se espera mayor claridad luego de la feria de Barcelona, instancia que suele ordenar expectativas comerciales y referencias de mercado. Una vez mas, privilegiando lo comercial sobre lo biológico productivo.
Otro factor relevante es la presión interna dentro del sindicato. Tripulantes y afiliados transmiten la necesidad de resolver antes de marzo, es decir, antes del inicio efectivo de la temporada, convergiendo con el interés empresario en evitar demoras que se traduzcan en días de amarre al comienzo. El riesgo operativo y económico es directo, si no hay acuerdo temprano, la flota podría quedar sin actividad al inicio de la temporada en aguas nacionales (sector norte), con impacto inmediato sobre empleo e ingresos.
Las partes acordaron continuar las conversaciones en próximas reuniones. El desenlace dependerá de que la propuesta formal —y sus umbrales— quede definida con precisión y sea aceptable para ambas partes, de modo que el inicio de la temporada no quede condicionado por una ausencia de acuerdos escritos ni por decisiones unilaterales que reordenen el calendario operativo a costa del trabajo embarcado.
