En un contexto de tensiones crecientes, el conflicto en el ámbito aduanero y portuario amenaza con detener las operaciones de comercio exterior en los principales puertos de la nación, augurando significativas pérdidas económicas. La raíz de este enfrentamiento radica en la reciente decisión del Gobierno de disolver la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para constituir la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), una reforma percibida por los gremios como un preludio a la desregulación y precarización del empleo argentino en sectores estratégicos.
Intensificación de las protestas: un paro nacional en puerta
Las acciones de protesta comenzaron este lunes con un “apagón informático” que afecta las operaciones aduaneras de 10 a 14 horas durante dos jornadas consecutivas (ayer y hoy). Para mañana miércoles 30 de octubre, se ha convocado a un paro total en las aduanas del país, lo que representa un cese de actividades que podría paralizar el comercio internacional en esta área. Diversos sindicatos han confirmado su respaldo a esta medida como respuesta a las políticas impulsadas desde el Ministerio de Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, cuyo plan de liberalización en la industria marítima ha generado hondas preocupaciones en el sector acostumbrado al statu quo de años de ineficiencia y costos altísimos con servicios inadecuados que traban y complejizan la actividad del comercio exterior.
El capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones, ha manifestado su firme rechazo a las políticas de flexibilización, aludiendo a los riesgos que la desregulación implica para el empleo nacional. “Esta apertura desmedida en el ámbito marítimo tendrá un alto costo para el trabajador argentino”, sentenció Moreno en un comunicado reciente. El Centro de Patrones ha anunciado, además, su adhesión a la movilización nacional convocada por la Mesa Nacional del Transporte en contra de las políticas de ajuste impulsadas por el actual gobierno, en la que también impulsa Raúl Durdos desde el SOMU.
El impacto económico: millones de dólares en juego
Hasta ahora, las medidas sindicales no han generado una interrupción severa en la actividad de los puertos cerealeros, punto neurálgico para la exportación de commodities del país. Sin embargo, las autoridades portuarias privadas ya se encuentran en negociaciones para evitar mayores disrupciones, conscientes de las pérdidas potenciales que esta paralización acarrearía.
Según la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), cada barco retenido podría representar un costo de hasta 100.000 dólares diarios en concepto de sanciones. Con una estimación de 70 embarcaciones afectadas, las pérdidas diarias podrían superar los 7 millones de dólares si el paro persiste. Asimismo, este medio supo que desde el sector pesquero, para esta semana está prevista la carga de 67 contenedores con destino exportación, que se verán demorados por la crítica situación del sector, a pesar del esfuerzo y dedicación de los referentes locales de la institución.
Reclamos históricos y una industria en riesgo
La oposición del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo también se extiende a otras políticas del Gobierno, tales como la propuesta de privatización de la Escuela Nacional de Pesca y la posible derogación de la Ley de Cabotaje Nacional, normativa que protege las actividades marítimas nacionales. “Desde hace tiempo advertimos sobre los intentos de sustituir la mano de obra argentina por empleo extranjero en condiciones de precariedad,” subrayó Moreno, en directa crítica a las declaraciones del ministro Sturzenegger, quien ha reafirmado su intención de simplificar regulaciones en el sector y hacer mas eficiente el comercio desde y hacia el exterior del país.
Un patrimonio estratégico en peligro
En su comunicado, Moreno destacó las devastadoras consecuencias de una desregulación indiscriminada en la Marina Mercante y el transporte fluvial, industrias esenciales para la soberanía económica del país. “Las normas no son un simple costo, son la base que preserva el empleo y los recursos locales,” explicó Moreno, aludiendo a las reformas de los años noventa, que casi desmantelan este sector estratégico. Recalcó que un nuevo golpe de similar magnitud eliminaría la capacidad de transporte fluvial nacional, una pérdida que, advirtió, no solo perjudicaría a la industria, sino que comprometería la seguridad económica y operativa del país.
