El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, en su paso por la Cámara de Diputados de la Nación, atribuyó el fracaso de la licitación de la Via Navegable Troncal Paraguay-Paraná a la única empresa participante, la firma belga Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME). Asimismo, vinculó al expresidente Mauricio Macri y a su exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, con un presunto entramado de «sabotaje«, en el que habrían intervenido estudios jurídicos y dirigentes políticos, con el propósito de frustrar el proceso licitatorio.
Durante su intervención en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, presidida por Pamela Verasay, Arreseygor denunció la existencia de una campaña orquestada por medios de comunicación, exfuncionarios y empresarios para obstaculizar la licitación. No obstante, la decisión de anular el proceso fue adoptada por el propio Gobierno, luego de que solo DEME presentara una oferta, mientras que la actual concesionaria, Jan de Nul, se abstuvo de participar.
El funcionario defendió la transparencia del procedimiento y destacó que los pliegos licitatorios, calificados como exigentes, fueron elaborados con la intervención de representantes provinciales y municipales, exportadores y universidades. Asimismo, rechazó las acusaciones de que dichos documentos favorecían a Jan de Nul y subrayó que la Justicia convalidó el proceso en dos instancias.
En su discurso, Arreseygor denunció lo que describió como una «operación mediática sin precedentes«, impulsada por sectores vinculados al gobierno anterior. Señaló como responsables a Dietrich, Macri y al diario La Nación, al que acusó de haber desplegado una estrategia de deslegitimación mediante publicaciones recurrentes. También involucró a estudios jurídicos en la presunta maniobra de boicot.
El director de la Agencia de Puertos y Navegación amplió sus acusaciones al sostener que DEME habría presionado a otras empresas para que no participaran en la licitación. En ese sentido, aseguró que se están llevando a cabo investigaciones y, en caso de confirmarse irregularidades, se aplicarán sanciones legales.
Ante la inminente cancelación de la licitación, Arreseygor anunció que se convocará a un nuevo proceso con carácter urgente, atendiendo a las necesidades del sector productivo. Enfatizó que la demora en la adjudicación incrementa los costos de los productores y afecta la competitividad del país.
Desde la oposición, los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Nicolás Massot (Encuentro Federal) manifestaron sus inquietudes respecto al proceso licitatorio. Ferraro hizo referencia a un dictamen adverso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), emitido poco antes de la apertura de sobres, el cual advertía sobre presuntas irregularidades. Arreseygor desestimó dicho informe, argumentando que solo replicaba las objeciones formuladas por DEME y que la Justicia ya había avalado la licitación en instancias previas.
Por su parte, Massot cuestionó la propuesta gubernamental de concesionar la hidrovía por 30 años, con opción de prórroga por otro período igual, argumentando que el plazo resulta excesivo. Consideró, además, que la licitación debería priorizar la reducción del costo del flete, en lugar de centrarse en los antecedentes técnicos de las empresas postulantes.
La presidenta de la Comisión de Transporte, Pamela Verasay, también expresó dudas sobre ciertos aspectos del proceso, particularmente en lo que respecta a la composición de la tarifa y los criterios para definir el plazo de concesión. Advirtió que la falta de claridad en estos puntos podría comprometer la transparencia y equidad del procedimiento.
Desde el PRO, Guillermo Dietrich refutó las críticas de Arreseygor, alegando que la licitación estuvo mal diseñada desde su inicio. Recordó que, en 2019, la administración de Cambiemos dejó elaborado un pliego que promovía la competencia y establecía plazos más razonables, con adjudicación basada exclusivamente en el menor precio ofrecido.
En el seno de PRO, se cuestiona la versión oficial sobre un supuesto complot contra la licitación y se insta a Arreseygor a asumir la responsabilidad por el fracaso del proceso. En este sentido, Dietrich exhortó al Gobierno a reconsiderar los términos del nuevo llamado, de modo que garantice una mayor concurrencia de oferentes y mejores condiciones para la competitividad del sector productivo.
Resumen de la reunión en la Comisión de Transporte
Durante su exposición, Arreseygor destacó «el procedimiento licitatorio transparente que hicimos en los últimos meses» y subrayó la importancia de estos procesos para «la economía argentina y para el productor argentino«. En un tono enfático, denunció que la anulación de la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná respondió a «una orquesta de medios, de exfuncionarios y de miembros de la política» que, según él, conspiraron para frustrar el procedimiento.
El funcionario alertó que estos actores actuaron con el único propósito de «voltear el procedimiento» y lamentó que en los últimos meses se haya visto «lo peor de la política, lo peor de la casta, lo peor de la rosca en la Argentina«. Pese a los obstáculos, reafirmó su compromiso con los productores y aseguró que se insistirá en un proceso «transparente y justo que les baje los costos«.
Asimismo, explicó que la única oferta recibida provino de una empresa sobre la cual «tenemos la presunción, y estamos llevando adelante las investigaciones, que presionó al resto de las empresas para que no se presenten«. No obstante, defendió el pliego licitatorio, calificándolo como «exigente, a la altura del sistema fluvial que tenemos» y que, a su juicio, no excluía a ningún actor.
En el ámbito legislativo, la Comisión expresó diversas posturas. Maximiliano Ferraro (CC) recordó que desde septiembre de 2024 se solicitó la presencia del funcionario y aclaró que «a mí no me persiguen, ni a la Coalición Cívica, ningún interés particular con empresas, exfuncionarios o lobby«, sino el interés general por la vía navegable como recurso estratégico. En contraste, Nicolás Massot (Encuentro Federal) criticó la falta de autocrítica y observó que «si el proceso hubiese tenido tanto acuerdo y tanta participación, es sugestivo que haya fracasado prácticamente el día que fue publicado en el Boletín Oficial«.
Desde La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni respaldó el proceso, destacando que «el gobierno tiene las intenciones de dar las respuestas» y enfatizando que «el bloque de LLA tiene todo el apoyo para seguir adelante«. En un enfoque diferente, Christian Castillo (FIT) cuestionó que se considere el río sólo como una vía de tránsito comercial, advirtiendo sobre su impacto ambiental. Citando a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, señaló que «el Río Paraná debe ser reconocido como un sistema ecológico complejo«.
Germana Figueroa Casas (PRO) puso en duda la extensión del contrato, preguntando «¿por qué se habla de 30 años de concesión?» y alertó que «en general no hay estas prórrogas de 30 años«. Germán Martínez (Unión por la Patria) instó a discutir «el interés nacional» más allá del impacto en los productores y propuso la creación de una Bicameral de Seguimiento.
En respuesta a las críticas, Arreseygor enfatizó que «esto no fue mi fracaso, acá fracasó la política pública de bajarle los costos a los productores» y defendió la necesidad de «lo mejor de lo mejor» en la vía por donde circula el 80% del comercio exterior. Justificó los plazos extendidos de la licitación con el argumento de que «estamos dando previsibilidad» para que los inversores puedan recuperar la inversión de entre 400 y 600 millones de dólares. Finalmente, reafirmó que «el interés nacional nos guía» y explicó que por ello se restringió «la participación de estados soberanos» y se buscó mantener «el control y el mayor peso en la relación contractual a futuro«.
