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    Conflicto

    Ex Alpesca: mientras escala el conflicto laboral, el STIA volvió a exigir que Chubut haga público el acuerdo con Red Chamber

    Oscar Martin LeguizamónPor Oscar Martin Leguizamón26 de enero de 20264 Minutos
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    El sindicato presentó una nueva nota ante la Legislatura reclamando acceso completo a los últimos convenios firmados entre la Provincia y la empresa.
    Imagen de portada gentileza La Opinión de Santa Cruz
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    El conflicto en torno a la ex Alpesca sumó un nuevo capítulo institucional que forma parte de un telenovela mediática más que la realidad de los sucesos reales. El Sindicato Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) formalizó ante la Honorable Legislatura del Chubut un nuevo pedido para acceder a la documentación completa de los acuerdos celebrados entre la Provincia y Red Chamber Argentina S.A., amparándose en la Ley I-156 de acceso a la información pública.

    La presentación, fechada el 22 de enero, presentada al día siguiente y firmada por el secretario general del gremio, Luis Núñez, advierte que la documentación entregada hasta el momento se limita a acuerdos anteriores y no incluye los últimos convenios celebrados durante 2025, especialmente los tramitados ante el Superior Tribunal de Justicia. Por ese motivo, el sindicato solicitó que en el plazo legal de diez días se faciliten copias íntegras de todos los registros, constancias y acuerdos firmados desde agosto de 2025 en adelante.

    ¿Un contrato que nadie puede ver?

    El reclamo vuelve a poner en foco un punto sensible del conflicto, » la falta de transparencia sobre el contenido real del último acuerdo entre el Estado provincial y la empresa «, según informaron desde el STIA. » Mientras funcionarios provinciales sostienen que se trata de un contrato de carácter público, en los hechos el documento continúa sin estar disponible para su análisis, ni por parte del sindicato ni de los propios trabajadores «, aclararon.

    Para el STIA, conocer los términos de ese acuerdo resulta clave para determinar responsabilidades, evaluar el cumplimiento de las obligaciones asumidas y despejar las dudas que rodean las decisiones adoptadas por el Gobierno respecto de la administración de los bienes productivos y la continuidad laboral.

    Las tensiones se profundizaron a partir de una reunión realizada hace días, en la que el secretario de Trabajo provincial, Nicolás Zárate, sostuvo que el Gobierno estaría dispuesto a asumir el pago de indemnizaciones correspondientes a 45 de los 78 trabajadores afectados. La afirmación generó un fuerte impacto entre los presentes, no solo por su alcance económico, sino también porque no existe ningún documento, acta ni resolución que respalde formalmente esa propuesta.

    Según trascendió, la iniciativa fue recibida de manera dispar, mientras un sector de los trabajadores la rechazó, otros habrían manifestado una aceptación tácita, condicionados por el desgaste que arrastra el conflicto y la falta de alternativas visibles.

    El funcionario también se habría comprometido a presentar una propuesta concreta y cuantificable, que contemple antigüedad y otros conceptos indemnizatorios. Sin embargo, segun el propio sindicato « transcurridas dos semanas, no se registraron avances, ni comunicaciones oficiales, ni documentación que respalde ese compromiso «.

    Este escenario alimenta el malestar y profundiza la desconfianza entre los trabajadores. La eventual decisión del Ejecutivo provincial de asumir con fondos públicos obligaciones que corresponden a una empresa privada abre interrogantes sobre el rol del Estado en el conflicto.

    Red Chamber, en su condición de arrendataria de bienes productivos que integran el patrimonio provincial, debería responder plenamente por sus responsabilidades laborales. Sin embargo, la postura que comenzó a delinearse desde el Gobierno parece orientada a trasladar el costo del conflicto al conjunto de la sociedad, mientras el acuerdo que explicaría este esquema continúa sin ser difundido.

    Para el STIA, esta dinámica resulta injustificable. El sindicato sostiene que el Estado cuenta con herramientas legales y administrativas para intimar, sancionar y exigir el cumplimiento de las obligaciones empresariales, pero que, lejos de utilizarlas, aparece adoptando una posición subordinada frente a las decisiones de la empresa.

    Mientras tanto, el documento que permitiría esclarecer el alcance real de los compromisos asumidos entre la Provincia y Red Chamber sigue sin visibilizarse, consolidando un escenario de incertidumbre que mantiene abierto un conflicto que se dilata creando un entorno no del todo claro.

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