En los últimos días, representantes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) mantuvieron reuniones con las principales cámaras empresarias que representan a la flota congeladora tangonera para continuar las conversaciones vinculadas a los valores de producción y a los salarios básicos de navegación de cara a la próxima temporada de langostino. Los encuentros se producen en un momento clave para la actividad, ya que la flota suele iniciar operaciones a partir de abril, salvo el año pasado como consecuencia de negociaciones paritaria irresueltas hasta entrado el mes de agosto, con lo que ello implicó fundamentalmente para la mano de obra del personal embarcado que terminó siendo la variable de ajuste y el eslabon mas fino de la cadena productiva.
Más allá del contenido de las conversaciones, el contexto institucional del sindicato agrega un elemento de incertidumbre. La prórroga judicial de mandatos concedida el 30 de diciembre de 2025 por un plazo de 45 días venció el 11 de febrero y el pedido de una nueva extensión presentado por el gremio aún no fue resuelto.
En ese escenario, los mandatos nacionales del SOMU se encuentran formalmente vencidos. Si bien la conducción continúa actuando en la práctica y mantiene reuniones institucionales y gremiales, la capacidad jurídica del sindicato para asumir compromisos de fondo permanece en discusión hasta que exista una definición judicial.
En términos legales, los acuerdos colectivos o compromisos sindicales deberían ser asumidos por autoridades con mandato vigente. Cuando ese mandato se encuentra vencido, cualquier decisión adoptada podría quedar expuesta a cuestionamientos o impugnaciones posteriores dentro del propio ámbito sindical o judicial.
El contexto también fue mencionado por referentes del sector empresario. El titular del grupo Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, sostuvo que actualmente las cámaras del sector analizan el escenario, aunque consideró que avanzar en negociaciones en estas condiciones carece de sentido.
“Con la actual dirigencia no negocio ni voy a firmar nada, a menos que vayan a elecciones y las ganen”, afirmó. Según explicó, si el gremio realiza elecciones abiertas y sus actuales autoridades resultan electas, no tendría inconvenientes en sentarse a negociar. “Pero hoy no reconozco su legitimidad. El señor Durdos dice que es el secretario general, pero para mí no lo es, ni tampoco para la Justicia”, señaló.
Mientras se acerca el inicio de la temporada de langostino, las conversaciones entre el sindicato y las cámaras empresarias continúan. Sin embargo, el resultado de esas negociaciones dependerá en gran medida de la definición judicial pendiente sobre la conducción del SOMU.
En este punto, la situación deja de ser un problema exclusivamente sindical para transformarse en un caso más de interferencia estatal sobre la economía real. La falta de una resolución por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, frente a un tema que condiciona la representación formal del principal gremio marítimo, prolonga un cuadro de incertidumbre que impacta de manera directa sobre una actividad productiva, privada y exportadora que opera con plazos concretos, costos crecientes y decisiones que no admiten indefiniciones eternas.
La inacción de la Cámara no es neutra. Mientras el expediente permanece sin definición, se paralizan certezas básicas para negociar salarios, organizar tripulaciones, proyectar campañas y cerrar acuerdos en un segmento clave de la pesca argentina. En los hechos, la demora judicial termina funcionando como un obstáculo adicional para el normal desenvolvimiento de la actividad, en un contexto en el que empresas y trabajadores necesitan reglas claras y respuestas oportunas, no silencios administrativos ni tiempos judiciales divorciados de la dinámica productiva.
Lo que vuelve más grave el cuadro es que esta situación reproduce un patrón conocido: un Estado que, por deficiencia, lentitud e inoperancia, vuelve a interponerse en el funcionamiento de una actividad económica genuina. Ya no se trata solamente de regulación, control o arbitraje institucional. Se trata de un aparato estatal que, aun sin decidir, condiciona, demora y altera. Y cuando esa parálisis recae sobre una cadena que genera empleo, divisas y movimiento exportador, el costo deja de ser abstracto: se traslada a la operatoria, a la planificación empresaria, a la estabilidad laboral y al ingreso de dólares para el país.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo no aparece aquí como un actor ajeno al conflicto, sino como parte de un problema mayor, el de un Estado que llega tarde, resuelve mal o directamente no resuelve, pero aun así incide de lleno sobre quienes producen, trabajan y exportan. En un sector atravesado por la urgencia biológica de la temporada y por compromisos económicos concretos, esa combinación de demora judicial e ineficiencia estatal constituye, más que una falla administrativa, un factor activo de perturbación sobre la actividad privada.
